Viajó en auto junto a su abogado Diego Storto hasta los Tribunales de Jesús María, dispuesto a cerrar otra de las tantas causas en las que estuvo involucrado por violencia en el fútbol. Y un par de horas después de llegar a la ciudad cordobesa, Rafael Di Zeo salía de la oficina judicial con un papel que le permitirá eludir lo que algunos suponían era un juicio seguro: consiguió una probation en la causa por tenencia compartida de arma de guerra que se le había abierto el año pasado en la previa de la semifinal de la Copa de la Liga entre Boca y Estudiantes, y que fue el motivo por el que regresó a la lista del derecho de admisión.
En la audiencia con el juez y el fiscal, el jefe de La Doce acordó una serie de pautas de conductas por dos años y medio que, si las cumple, dará por finalizado el proceso y no le quedará ningún antecedente judicial.
¿Cuáles son esas condiciones que se rubricaron ayer al mediodía? Un resarcimiento a la provincia de Córdoba por una suma importante, un tratamiento psicológico enfocado a cambiar las conductas perniciosas en el marco de la violencia en el fútbol y trabajos comunitarios. Estos últimos, a realizarse en Buenos Aires, con control judicial. Todo por el lapso de dos años y medio.
¿Esto significa que Di Zeo puede volver a La Bombonera? Es una discusión que en algún momento el jefe de la barra brava de Boca podría dar, aunque por ahora no lo intentará. Porque hay distintas interpretaciones. Por un lado, la Justicia cordobesa no le impuso la restricción de concurrencia, pero ante la consulta de este medio, la respuesta es que esa prohibición ya está vigente por el Ministerio de Seguridad de la Nación, por lo que no era necesario volcarlo expresamente, y que en realidad mientras dure la probation está implícito que continúa la sanción. Otra mitad de la biblioteca exige que sea la Justicia la que aplique la restricción en tinta indeleble y que si la probation no lo aclara, no debería estar en la lista negra.
Pero en el círculo íntimo de Di Zeo entienden que ir ahora por esta vía sería exponerse cuando la actual ministra, Patricia Bullrich, ya dejó en claro que no dará el brazo a torcer y, cuando le aplicó la sanción, dijo que era a perpetuidad. Además, Bullrich también tendría una carta para jugar, que tiene que ver con la causa por la instigación a cometer homicidios por aquel enfrentamiento de la barra de Boca en la previa de un amistoso con San Lorenzo del 21 de julio de 2013, que dejó dos muertos. Si bien Di Zeo fue absuelto en el juicio oral y confirmada esa decisión por la Cámara, el fiscal del caso pidió ir a la Corte por recurso extraordinario y eso aún no se discutió, por lo que la causa no está cerrada por completo. Si bien las chances de que le den la razón son escasísimas, podría el Ministerio utilizar ese recurso para denegarle la chance de regresar a los estadios si esa fuera su intención.
Cabe recordar que todo el proceso comenzó el 30 de abril de 2024, cuando La Doce iba en varios micros hasta Córdoba para ver el partido frente a Estudiantes y, en una requisa en la ruta, en uno de los ómnibus de la caravana se encontraron cuatro armas aptas para el disparo, todas con numeración limada y una con el logo de la Policía Federal Argentina, más 58 municiones. En ese micro viajaba Rafael Di Zeo, según lo declarado por los dos primeros oficiales que hicieron la requisa. Y aún cuando en el momento no logró ser demorado junto al resto de los ocupantes del ómnibus y regresó en una camioneta a Buenos Aires, la fiscal que tomó el caso, Patricia Baulies, lo imputó junto a otros 56 barras por tenencia compartida de arma de guerra, delito que contempla pena de hasta seis años de prisión.
Si bien Di Zeo al momento de su indagatoria negó haber estado en ese micro y ser autor de cualquier ilícito, la Justicia cordobesa siguió adelante con la imputación basándose en la declaración de los miembros de las fuerzas de seguridad y en contradicciones de cuatro barras que viajaban en ese micro. La fiscal parecía que estaba decidida a elevar todo a juicio pero, en una jugada de ajedrez, Di Zeo contrató como abogado en Córdoba al ex fiscal general de la provincia, Darío Vezzaro, quien fuera el jefe de todos los fiscales de la provincia hasta 2012, cuando pasó a la actividad privada. Y como Baulies había trabajado con él, debió apartarse de la causa por amistad manifiesta.
Así, todo pasó de Río Segundo a Jesús María, con el fiscal Guillermo Monti. Y éste ahora también ya estaba entrando en la etapa final del caso y se estimaba que iba a elevar todo a juicio oral, por lo que Di Zeo decidió cortar de cuajo esa posibilidad y acordar la probation que se firmó tras una audiencia de dos horas. El resto de los barras no tomaron esa misma decisión y se verá si en los próximos días optan por una resolución similar o deciden jugarse su suerte en un juicio de imprevisibles consecuencias.
