Cuál debe ser la estrategia de Estados Unidos para detener el avance chino en el canal de Panamá

Durante casi un mes, Panamá ha estado en los titulares de noticias después de las reiteradas afirmaciones de Donald Trump en las que denunció que los chinos operan el canal y que Estados Unidos debe recuperar su control. Desde entonces, los funcionarios de la administración de Trump han discutido en términos vagos sobre cómo una empresa china podría cerrar el canal en hipotéticos escenarios y cómo eso amenaza los intereses nacionales de Estados Unidos; otros han desestimado tales preocupaciones, describiéndolas como exageradas.

Esto llegó a un punto crítico en los últimos días cuando el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, le dio al presidente de Panamá un ultimátum para que hiciera “cambios inmediatos” para garantizar la neutralidad del canal.

A modo de respuesta, el presidente panameño José Raúl Mulino anunció que su país abandonará la “Iniciativa de la Franja y la Ruta” de China (también conocida como “nueva Ruta de la Seda”). Pero, si bien este es un buen primer paso, Panamá aún necesita tomar medidas adicionales para mitigar las amenazas que representan las operaciones chinas dentro y alrededor del canal para la seguridad nacional y la soberanía de Estados Unidos y Panamá.

La denuncia de Trump apunta a Hutchison Holdings, una empresa privada con sede en Hong Kong que opera dos terminales portuarias clave del Canal de Panamá: Balboa, en el lado del Pacífico, y Cristóbal, en el lado del Atlántico.

Hutchison ha tenido contratos de arrendamiento para operar estas terminales desde 1997, poco antes de que el canal fuera devuelto oficialmente a Panamá en 1999. En una audiencia organizada por el Comité de Banca y Servicios Financieros de la Cámara de Representantes ese mismo año, el doctor Tomás Cabal de la Universidad de Panamá advirtió sobre el hecho de que Pekín estaba ganando “el control de los puntos estratégicos clave del mundo”.

La gestión de los puertos por parte de Hutchison, añadió, era parte de un patrón de “llenado del vacío” a medida que Estados Unidos se retiraba de Panamá y otros lugares. Cabal incluso criticó al director ejecutivo de Hutchison, Li Ka-Shing, por “financiar o servir de conducto para la adquisición militar de tecnologías sensibles y equipo militar por parte de la China comunista”.

Las advertencias de Cabal cayeron en saco roto hace 26 años. Hoy, están vivas y coleando. Hutchison es, de hecho, un conglomerado que cotiza en bolsa y opera 53 puertos en todo el mundo. Pero también posee una empresa conjunta de bienes raíces con la Corporación de la Industria de Aviación de China, una de las mayores empresas de Defensa de China.

Además, las leyes de seguridad nacional de China obligan a todas las empresas, estatales o privadas, a ayudar al Partido Comunista Chino por razones de seguridad nacional. La general de cuatro estrellas Laura Richardson, exjefa del Comando Sur de los Estados Unidos, expresó su preocupación por la posibilidad de que estos puertos se utilicen con fines militares y comerciales en el futuro.

Como su asistente especial y redactor de discursos, la ayudé a elaborar el mensaje a Washington y a la región sobre cómo los proyectos portuarios de China en América Latina podrían acabar siendo como los desarrollos similares que se dieron en África, Asia y Oriente Medio.

Si Estados Unidos y China entran en un conflicto por Taiwán o en el mar de China Meridional, y los buques de guerra estadounidenses necesitan desplegarse rápidamente del Atlántico al Pacífico, el Canal de Panamá sería la ruta más rápida para el tránsito; el gobierno chino podría ordenar a Hutchison que retrasara o detuviera esos barcos durante un conflicto.

Sin embargo, Hutchison es solo una de las empresas con un proyecto importante en torno al canal. Las empresas estatales China Construction and Communication Corporation (CCCC) y su filial China Harbor Engineering Company (CHEC) originalmente iban a ampliar el puerto de contenedores Panamá-Colón, pero, desde entonces, han perdido ese contrato debido a los retrasos.

CHEC también construyó la Terminal de Cruceros de Amador cerca del canal y ganó un contrato para construir un cuarto puente sobre el canal, aunque ha experimentado reveses. Estados Unidos ha incluido a CCCC y CHEC en la lista negra por apoyar la construcción de islas artificiales militares chinas en el mar de China Meridional.

Otra empresa privada china, Landbridge, compró el control del puerto de Margarita, el más grande de Panamá. La Armada y los servicios de inteligencia chinos podrían aprovechar los puertos para espiar a los buques navales y comerciales estadounidenses, e incluso potencialmente impedirles el uso de puertos y vías fluviales.

Además, otras empresas chinas como Huawei, Nuctech, ZPMC, Dahua y Hikvision podrían instalar telecomunicaciones, escáneres, grúas y cámaras de vigilancia en estos puertos administrados por China, que podrían recopilar información confidencial de los barcos estadounidenses y de otros países y enviarlos de regreso a Pekín. Huawei ha sido sospechada durante mucho tiempo de espiar en nombre del gobierno chino. En febrero de 2024, el gobierno de los EE. UU. denunció específicamente a Nuctech y ZPMC por espionaje cibernético y exigió que todos los puertos estadounidenses tomaran medidas para garantizar que esas empresas no tuvieran acceso a datos portuarios confidenciales.

Finalmente, existen acusaciones que apuntan contra empresas, empresarios y funcionarios de la República Popular China y señalan que pueden estar aprovechando la “corrupción geoestratégica” para promover sus intereses en Panamá y en otras partes de la región. Los periódicos panameños locales informaron que el expresidente panameño Juan Carlos Varela supuestamente recibió 143 millones de dólares a cambio de romper las relaciones diplomáticas con Taiwán en 2017. Al miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, Jorge Luis González, se le pidió dos veces que renunciara a su cargo en 2023 debido a sus presuntos vínculos con China. González sigue en la junta.

Si bien estas amenazas al canal son reales, contrarrestarlas amenazando con recuperar el canal es contraproducente. En la mente de la mayoría de los panameños, estos comentarios evocan los viejos fantasmas del imperialismo estadounidense. Es que Estados Unidos invadió Panamá en 1989 y administró la Zona del Canal como si fuera un pequeño trozo de Estados Unidos en suelo extranjero.

Incluso jóvenes panameños murieron protestando contra la presencia estadounidense en 1964; Panamá todavía celebra anualmente el Día de los Mártires para conmemorar esas vidas perdidas. Las protestas públicas durante la visita del secretario Rubio son una cruda representación de esto.

Una estrategia más sabia es ayudar a Panamá a proteger su soberanía contra China hoy como lo hizo contra Estados Unidos en el siglo pasado. Por ejemplo, Estados Unidos puede ayudar a las autoridades panameñas a reforzar la ciberseguridad portuaria.

En febrero de 2024, el gobierno de Estados Unidos exigió a los operadores portuarios estadounidenses que segmentaran sus grúas y otros sistemas portuarios para reducir el acceso cibernético chino; que aumentaran el seguimiento de los datos de las grúas que se comparten con redes de terceros no confiables; y que se asociaran con la academia y el gobierno en materia de higiene, ejercicios e intercambio de información en materia de ciberseguridad. Para proteger aún más esta vía fluvial vital, la Autoridad del Canal de Panamá debería replicar esta iniciativa.

Además, las agencias de inteligencia estadounidenses deberían ampliar las prácticas de intercambio de información con las autoridades panameñas sobre las empresas estatales chinas que operan en su país, especialmente destacando los vínculos de esas empresas con el Ejército Popular de Liberación, así como cualquier historial de corrupción, daño ambiental y violaciones laborales en otras partes de la región y en todo el mundo.

Esa información suele estar sobreclasificada, lo que obliga a los líderes estadounidenses a andar con rodeos cuando interactúan con sus homólogos panameños. Herramientas como el panel de control de código abierto de la Universidad Internacional de Florida que rastrea los proyectos problemáticos chinos en el hemisferio occidental podrían ayudar a Panamá a determinar qué empresas chinas serían elegibles para trabajar en puertos y otras infraestructuras críticas.

Por otro lado, Estados Unidos debería apoyar la capacitación de periodistas de investigación panameños locales que puedan ayudar a exponer proyectos corruptos y poco transparentes ganados por empresas chinas en torno al canal. Los periodistas también deberían investigar a los miembros de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá que puedan estar recibiendo sobornos de empresas chinas para acelerar proyectos.

Además, en el mediano y largo plazo, Estados Unidos debería aumentar su apoyo a Panamá y otros aliados regionales en la evaluación de inversiones extranjeras que plantean riesgos de seguridad. El reciente anuncio de Panamá de que auditará las operaciones portuarias de Hutchison es un gran primer paso. Ayudar a Panamá a establecer un mecanismo de control de inversiones de todo el gobierno similar al Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos sería un gran punto de partida.

Pero, en última instancia, lo que Panamá necesita son inversiones, alternativas reales y viables. Después de años de descuidar a América Latina, Estados Unidos ha comenzado a desarrollar una respuesta real a la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de China. En mayo de 2023, la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC) de Estados Unidos otorgó un préstamo de 150 millones de dólares a Ecuador para ampliar y modernizar un puerto y, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cofinanciará proyectos de infraestructura crítica de alta calidad por valor de 3000 millones de dólares en toda América Latina y el Caribe.

El BID ha puesto en marcha una nueva iniciativa, “BID para las Américas”, para alentar a más empresas estadounidenses a invertir en el hemisferio occidental y el Congreso está en camino de aprobar la Ley de las Américas, que podría permitir la mayor inversión individual en la región en más de un siglo.

Mientras continúa su visita a América Central, el secretario Rubio tiene la oportunidad de aprovechar estas iniciativas y alentar aún más la inversión del sector privado estadounidense en puertos y otras infraestructuras clave en la región. Esto garantizará que su infraestructura permanezca segura y libre de influencias extranjeras indebidas que perjudiquen nuestra seguridad nacional e infrinjan su soberanía.

(*) El autor, Leland Lazarus, es director asociado de investigación del Instituto de Política Pública Jack D. Gordon de la Universidad Internacional de Florida (FIU).