El reciente desacuerdo entre el Instituto Cervantes y la Real Academia Española (RAE) ha puesto de manifiesto las tensiones latentes en torno a la gestión y promoción internacional del español. La controversia, que se ha intensificado en los últimos días, gira en torno a la representación y el liderazgo en la política lingüística exterior, un ámbito en el que ambas instituciones reclaman un papel central.

El detonante de este enfrentamiento fue la decisión del Instituto Cervantes de asumir la coordinación de la política lingüística internacional, una función que históricamente ha compartido con la RAE. La dirección del Cervantes considera que la proyección global del español requiere una estrategia unificada bajo su liderazgo, lo que ha generado malestar en la RAE, que percibe esta medida como una amenaza a su autoridad normativa y a su influencia en el ámbito hispanohablante.

La RAE, por su parte, ha defendido su papel como garante de la unidad y la normativa del español, argumentando que su labor trasciende las fronteras de España y se extiende a toda la comunidad hispanohablante. En declaraciones recogidas por El País, representantes de la RAE han subrayado que “la Academia no puede ser relegada a un papel secundario en la política lingüística exterior”, insistiendo en que su función es “esencial para preservar la cohesión del idioma”.

El Instituto Cervantes sostiene que la promoción internacional del español exige una gestión moderna y flexible, adaptada a los desafíos actuales de la globalización y la competencia con otras lenguas. Según fuentes citadas por El País, la dirección del Cervantes considera que “la política lingüística exterior debe responder a criterios de eficacia y visibilidad internacional”, lo que justificaría su pretensión de liderar este ámbito.

El conflicto ha trascendido el plano institucional y ha generado inquietud en el sector cultural y educativo. Diversos expertos advierten que una falta de coordinación entre ambas entidades podría debilitar la posición del español en el mundo. “La fragmentación de esfuerzos puede restar fuerza a la proyección internacional del idioma”, advirtió uno de los especialistas.

En el trasfondo de esta disputa subyacen diferencias históricas sobre la definición de competencias y la distribución de recursos. La RAE ha recordado que su labor normativa cuenta con el respaldo de las academias de la lengua de América Latina, lo que le otorga una legitimidad panhispánica. El Instituto Cervantes, en cambio, enfatiza su red global de centros y su experiencia en la difusión cultural como argumentos para encabezar la política exterior del español.

El Gobierno español, según El País, se ha visto obligado a mediar para evitar que el conflicto derive en una ruptura institucional. Fuentes gubernamentales citadas por el medio han señalado que “es imprescindible encontrar un equilibrio que permita a ambas instituciones colaborar sin solapamientos ni rivalidades”.