
El Gobierno nacional anunció una serie de importantes cambios en la financiación del cine nacional con el objetivo de optimizar el uso de los recursos estatales y garantizar que los fondos públicos sean utilizados de manera más eficiente. Según un comunicado del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, “el Gobierno decidió no financiar más películas que prácticamente no lograron captar la atención de los espectadores”. Esta decisión se produjo después de analizar las cifras de espectadores de las producciones subsidiadas por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) durante 2023: más de 100 películas que recibieron fondos tuvieron menos de 1.000 espectadores cada una; y algunas incluso no superaron los 10 espectadores.
El nuevo enfoque de financiación fue anunciado mediante el decreto 662/24, que introduce modificaciones sustanciales en la distribución de subsidios para el cine nacional. Estas medidas fueron acordadas tras un trabajo conjunto entre la Secretaría de Cultura, dirigida por Leandro Cifelli, el INCAA, bajo la dirección de Carlos Pirovano, y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger. La reforma busca maximizar el beneficio tanto para los contribuyentes como para los espectadores.
Uno de los cambios más significativos que establece el decreto es que las producciones que busquen obtener subsidios deberán financiar al menos el 50% de sus proyectos con recursos propios. Además, se introdujo un tope máximo al financiamiento de cada producción para evitar que unos pocos proyectos acaparen los recursos estatales año tras año. Otra de las disposiciones establece que las productoras que hayan recibido subsidios no podrán solicitar más recursos públicos durante el año siguiente a la finalización de su proyecto.

El INCAA también ajustará sus criterios presupuestarios. A partir de ahora, los fondos destinados a gastos corrientes, estructurales y de funcionamiento no podrán superar el 20% de los ingresos del organismo. Estas medidas buscan reordenar los gastos para utilizar los recursos de manera más eficiente y promover la escuela de cine, la búsqueda de nuevos talentos y una producción audiovisual competitiva.
Esta decisión llega en un momento en el que el gobierno de Javier Milei ha avanzado con la reestructuración del INCAA, reduciendo su planta de empleados de manera significativa. Según un informe del Poder Ejecutivo, en el año 2000, el INCAA contaba con aproximadamente 90 empleados, mientras que al asumir la actual administración, la cifra ascendía a más de 900, lo que representaba un 42% del presupuesto destinado a sueldos. Este desproporcionado aumento de personal, sumado a la asignación de tareas ajenas a sus funciones originales, llevó a que en el ejercicio anterior se requirieran aportes extraordinarios del Tesoro Nacional para cubrir gastos operativos.
El decreto también establece que el Fondo de Fomento Cinematográfico se aplicará a los gastos de personal, gastos generales e inversiones que demande el funcionamiento del INCAA, pero sin superar el 20% del total de los recursos anuales percibidos. Esto empezará a regir a partir del 1º de junio de 2025.

En un esfuerzo por garantizar una distribución más equitativa de los fondos y fomentar la calidad de las producciones, el INCAA también evaluará la aptitud de los proyectos a ser subsidiados, tomando en cuenta la presentación de un plan completo de producción y financiamiento acreditado. El monto del subsidio no podrá exceder el 20% del Fondo de Fomento Cinematográfico, ni significar más del 50% del costo total de producción del proyecto.
Con este nuevo marco normativo, el gobierno busca racionalizar recursos y priorizar la exhibición y recuperación de fondos otorgados, dejando de lado preferencias ideológicas en la asignación de subsidios. Se espera que estas modificaciones promuevan una producción audiovisual más competitiva y alineada con los intereses tanto de los contribuyentes como de los espectadores.
La nueva reglamentación también establece que los miembros de la Asamblea Federal y del Consejo Asesor desempeñarán sus cargos “ad honorem”. Además, para incrementar la transparencia y participación, se considerarán representativas las entidades con personería jurídica o gremial que nucleen al menos una quinta parte de los profesionales del sector y que hayan tenido actividad en los dos años anteriores.
[Fotos: Nicolás Stulberg]
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