El presidente Gustavo Petro presentó, el viernes 9 de enero de 2026, una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra Iván Mordisco, líder de las disidencias de las Farc, tras la convocatoria de este último a una cumbre con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados ilegales para lograr una alianza criminal.
La decisión se produce en un contexto de creciente preocupación por la articulación de redes criminales en Colombia y la región, y por la continuidad de crímenes de lesa humanidad que afectan a sectores vulnerables de la población.
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De acuerdo con declaraciones del abogado Alejandro Carranza, representante del primer mandatario, a Semana, la denuncia presentada por el Gobierno colombiano ante la CPI no se limita a “una serie de hechos aislados de violencia, sino que refleja un patrón prolongado de crímenes de lesa humanidad y de guerra, dirigido desde la cúspide de una organización armada”.
La acción judicial internacional se da horas después de la difusión de un video en el que Mordisco convoca a una alianza con el ELN, la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Popular (EPL) para enfrentar la operación militar de Estados Unidos en Venezuela.
En respuesta a esa propuesta, Petro dijo de forma tajante que "son la excusa de la invasión y hasta de dineros oscuros que corren para sabotear las elecciones e impedir la libertad electoral”, y no una intención real de defender a Venezuela, Colombia, y mucho menos a América Latina.
Carranza argumentó al medio citado que los resultados parciales de la justicia colombiana y la sistematicidad criminal de las disidencias bajo el mando de Mordisco hicieron necesaria la intervención de la CPI.
“Frente a la persistencia de los crímenes, la imposibilidad material de capturar al máximo responsable y la creciente dimensión transnacional del fenómeno, la intervención de la Corte Penal Internacional se presenta como un complemento necesario para asegurar que la responsabilidad penal alcance a quienes, desde posiciones de mando, concibieron, ordenaron y sostienen la maquinaria de violencia”, afirmó el jurista.
En el documento entregado ante la CPI, el Gobierno colombiano identificó como principales víctimas a menores reclutados, comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos, así como a líderes sociales, excombatientes y defensores de la paz, que han sido afectados por la violencia ejercida por las disidencias bajo el mando del líder criminal.
Carranza destacó que en Colombia ya se agotaron todas las vías legales disponibles y que, ante la negativa de Mordisco a acogerse a los mecanismos de paz, el caso debe escalar a la justicia internacional.
“Cuando se agota todo el derecho doméstico usted puede acudir a la Corte Penal Internacional y en este caso el señor ‘Iván Mordisco’ sigue desplazando, sigue secuestrando, sigue afectado estructuras protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, sigue atacando a poblaciones completas para una sola cosa y es lucrarse con el narcotráfico y esto tiene que ser conocido desde otros espectros”, dijo el abogado a Caracol Radio.
Además, informó que próximamente el Gobierno radicaría una denuncia contra Mordisco ante la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, y el Departamento de Justicia de ese país.
Según la información recogida por la emisora, el objetivo es que el Gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump, apoye la persecución de quienes “generan trampas de pobreza, miedo y terror en las zonas del Estado donde no se logra llegar y donde se fabrica la droga que llega a Estados Unidos”.
La denuncia al organismo internacional tendría un efecto más mediático que real
A pesar de la acción del Gobierno ante la CPI, existen voces expertas que ponen en duda la relevancia jurídica de la denuncia.
El abogado penalista Johany Gaviria, consultado por Infobae Colombia, recordó que Colombia aceptó la competencia de la CPI al suscribir el Estatuto de Roma, ratificado mediante la Ley 742 de 2002.
Gaviria explicó que este tratado define cuatro crímenes de máxima gravedad para la humanidad: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión, y que la Corte está facultada únicamente para juzgar a los máximos responsables de estos delitos.
El penalista precisó que la competencia de la CPI es de carácter complementario, es decir, solo interviene cuando el Estado es incapaz de juzgar a los responsables o se niega a hacerlo.
En el caso colombiano, según Gaviria, el Estado cuenta con los mecanismos y la capacidad de procesar judicialmente a alias Iván Mordisco, y no ha renunciado a ese deber. Por ello, el jurista consideró que la denuncia presentada por el presidente Petro carece de relevancia ante la CPI.
Gaviria enfatizó que la función de la CPI es apoyar a los Estados cuando estos no pueden procesar a quienes han cometido crímenes graves, no reemplazarlos en su capacidad de acción.
“En este caso, se tendría que demostrar que el señor Iván Mordisco cometió uno o varios de los crímenes contemplados en el Estatuto de Roma y que el Estado colombiano no es capaz de investigarlo y procesarlo, porque no tiene la capacidad de llevarlo a la justicia”, afirmó.
No obstante, sostuvo que actualmente existen acciones militares y judiciales en curso contra Mordisco y, de ser capturado, el Estado estaría en condiciones de juzgarlo.
Para ilustrar la naturaleza complementaria de la CPI, Gaviria señaló que su intervención se justifica en contextos como el de algunas naciones africanas que no pueden juzgar a dictadores militares. “Radicar denuncias ante la CPI es una jugada política para mostrar a los medios, o un acto de desconocimiento de la ley”, concluyó el abogado penalista a este medio.
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