Las recientes declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desde el departamento de Nariño, pusieron en duda la credibilidad de los ceses al fuego anunciados por grupos armados organizados, insistiendo en que tales comunicados no se han traducido en una disminución tangible de la violencia y que la seguridad nacional no puede supeditarse a las decisiones unilaterales de estos actores.
Sánchez subrayó que, a pesar de las promesas de detener los ataques durante las festividades de diciembre, las hostilidades y acciones terroristas siguieron en marcha, amenazando tanto a la población civil como a la fuerza pública en diversas regiones del país.
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El ministro enfatizó que, aunque las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) manifestaron su intención de suspender operaciones contra las Fuerzas Militares y la Policía Nacional por un periodo limitado —el ELN durante diez días, las disidencias de alias Calarcá de manera indefinida y las disidencias de alias Iván Mordisco por 15 días —, los grupos dejaron claro que sus combates con otras organizaciones criminales persistirán.
Sánchez recalcó: “La paz, la seguridad, no puede depender de que un criminal diga: ‘Hoy no los mato, hoy no los asesino’. Debe responder es a la decisión absoluta del Estado colombiano para que esta amenaza no exista”.
En paralelo, los hechos en el terreno refuerzan el escepticismo oficial. El 23 de diciembre, las disidencias de las Farc emboscaron a una patrulla del grupo Antiterrorismo de la Dijín de la Policía en las inmediaciones de Quinamayó, zona rural de Santander de Quilichao (Cauca), resultando en la muerte del intendente Guillermo Martínez.
El propio ministro describió cómo, el martes, se logró frustrar una acción terrorista en el Cauca: “Desactivamos dos vehículos armados con explosivos y un depósito con explosivos para asesinar a colombianos sin distinción alguna. El terrorismo va dirigido a quien vaya pasando por ahí. Y lo hicimos en la vereda San Ignacio del municipio de Buenos Aires, Cauca”, precisó Sánchez.
En el contexto de la supuesta tregua, la tensión aumentó con una asonada el 21 de diciembre cuando hicieron el pronunciamiento: 200 civiles secuestraron a 18 militares que efectuaban un procedimiento para capturar a un cabecilla del ELN en Carmen de Atrato (Chocó), los cuales posteriormente recuperaron su libertad.
Además, el ministro visitó Nariño tras la desactivación de una carga explosiva del frente Franco Benavides de las disidencias de las Farc, que pretendía detonarse en el puente Bermúdez —arteria clave que conecta Pasto con el aeropuerto Antonio Nariño—, lo que mantuvo cerrado el corredor vial por más de siete horas.
Sánchez explicó que estos grupos armados “dicen que exigen vías, pero atacan a nuestros ingenieros militares y asesinan civiles cuando estamos construyendo vías; dicen que quieren salud, pero atacan con drones hospitales transitorios; dicen que quieren educación, pero buscan mantener aisladas y esclavas del narcotráfico a las personas”.
Añadió que el cultivo de coca de uso ilícito está directamente ligado a “aproximadamente 9.000 muertes por sicariato en las calles de Colombia” y mantiene un círculo de violencia que trasciende las zonas rurales.
El Gobierno mantiene vigentes recompensas para identificar y capturar a los principales cabecillas de estas organizaciones en Nariño y Cauca.
Entre las cifras más destacadas se encuentran: recompensa de hasta $1.641 millones para alias Mata en Nariño, y hasta $4.500 millones para alias Marlo en Cauca. También se ofrecen hasta $200 millones por información sobre los responsables del asesinato de un policía en Cauca y $20 millones por datos para identificar a los autores del crimen.
La respuesta oficial incluye un despliegue total de las tropas, incluso durante la temporada navideña. Pedro Sánchez afirmó: “Toda la fuerza pública, aunque estamos en Navidad, está totalmente desplegada y debe estar totalmente alerta”, haciendo un llamado a los ciudadanos en las regiones afectadas para que colaboren en la entrega de información que permita desarticular las estructuras ilegales y contribuir a la seguridad del país.
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