La suspensión de seis meses impuesta a la empresa Precoltur —responsable por el bus accidentado que transportaba al grupo estudiantil del Liceo Antioqueño— ha generado controversia, no solo por la magnitud de la tragedia ocurrida el 14 de diciembre de 2025, que provocó la muerte de 16 estudiantes y el conductor, sino también por la aparición de nuevos elementos que podrían respaldar a la compañía, a pesar de las sanciones administrativas anunciadas por las autoridades.
En medio del proceso de investigación, comenzó a circular en redes sociales un video de casi una hora de duración que muestra —de acuerdo con su contenido— cómo el vehículo fue sometido a las revisiones necesarias el 29 de agosto.
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Este material, según usuarios y observadores, podría constituir una prueba contundente para la defensa de Precoltur, al aportar evidencia de cumplimiento de los requisitos reglamentarios antes del accidente.
El lunes 22 de diciembre, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte confirmaron en rueda de prensa la suspensión temporal de la empresa.
El superintendente Alfredo Enrique Piñeres detalló que la Resolución se adoptó posteriormente a la recolección de pruebas, ya que, según explicó, detectaron irregularidades en el automotor implicado. Junto a él participaron funcionarios, incluyendo a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quienes enfatizaron la gravedad del caso.
Entre las conclusiones más contundentes expuestas en la rueda de prensa conjunta, el superintendente Alfredo Enrique Piñeres detalló que el CDA encargado de la revisión incumplió los protocolos mínimos establecidos.
Según el funcionario, “La inspección que hizo el CDA de ese bus no cumplió ni siquiera con el 20% de las cosas del chequeo, del listado de cosas que hay que hacerle a una revisión (...) hemos podido evidenciar presuntas alteraciones en la información reportada al Runt por parte del Centro de Diagnóstico Automotor, lo que conlleva a poner en riesgo a los usuarios”.
Además, reveló la apertura de una investigación tanto al CDA como a Precoltur ante posibles “falencias en la inspección del automotor que provocó el lamentable hecho”, y enfatizó que la sanción preventiva implica la suspensión de la habilitación de ambas entidades por seis meses.
Piñeres realizó un llamado expreso a las autoridades de tránsito del país para incrementar la rigurosidad de los controles, advirtiendo: “Quiero enviar un mensaje a los organismos de apoyo al tránsito para que cumplan rigurosamente con las normas, de lo contrario, impondremos las sanciones necesarias para salvaguardar la vida de las ciudadanías“.
Por su parte, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, subrayó el compromiso del Gobierno colombiano con la seguridad vial y la necesidad de tomar medidas severas frente a la negligencia.
En sus palabras: “Esta tragedia jamás debió ocurrir. La muerte de dieciséis adolescentes y un conductor enluta al país y nos obliga como Estado a actuar con toda la contundencia. No vamos a permitir que la negligencia, la irresponsabilidad o las irregularidades en la revisión técnico-mecánica sigan cobrando vidas en las carreteras. La seguridad vial es una prioridad del Gobierno del Cambio y la vamos a defender con decisiones firmes, sanciones ejemplares y acciones concretas“.
El historial de irregularidades de Precoltur no se restringe al caso reciente. Cuatro meses antes del accidente, la empresaria y creadora de contenido Sara Alzate formalizó una denuncia contra la compañía, luego de contratar sus servicios para un evento en el Valle de Aburrá.
En su testimonio, Alzate relató que el cinco de julio de 2025 la empresa envió vehículos diferentes a los solicitados y que los conductores asignados desconocían la ruta, provocando retrasos y maniobras peligrosas, como la subida del bus a una acera.
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