La declaratoria de emergencia económica y social por 30 días, decretada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, abrió un intenso debate jurídico y político en el país. A las pocas horas de conocerse el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, comenzaron a surgir cuestionamientos sobre su legalidad, especialmente desde sectores de la oposición.
Una de las primeras voces críticas fue la de la senadora Angélica Lozano Correa, quien advirtió que la medida no cumple los requisitos constitucionales y podría ser anulada por la Corte Constitucional en las próximas semanas.
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Según Lozano, la emergencia económica no puede utilizarse como un mecanismo para corregir fallas de gestión fiscal ni suplir la falta de consensos políticos en el Congreso, como, a su juicio, estaría ocurriendo en este caso, tras el hundimiento de la reforma tributaria.
A través de un video difundido en sus redes sociales oficiales, la congresista cuestionó de manera directa la decisión del Ejecutivo y afirmó que no existen hechos nuevos, sobrevinientes o imprevisibles que justifiquen acudir a una figura excepcional como el estado de emergencia.
“La emergencia económica no puede ser un atajo para corregir los errores de la gestión”, señaló Lozano, al tiempo que recordó que la Constitución solo permite esta herramienta en casos de verdadera excepcionalidad, como desastres naturales o hechos abruptos que alteren de manera súbita el orden económico y social.
En ese sentido, fue enfática en afirmar que el hundimiento de una reforma tributaria no constituye, por sí mismo, una causa válida para declarar la emergencia económica.
“Solamente si hay una catástrofe, una avalancha, la erupción de un volcán, un hecho nuevo e imprevisible podría decretarse la emergencia económica. El presidente sabe que es improcedente”, afirmó la senadora.
Críticas al momento de la declaratoria
Uno de los puntos más sensibles del pronunciamiento de Lozano tiene que ver con el momento en el que fue expedido el decreto, justo cuando la Corte Constitucional entró en vacancia judicial, periodo que se extiende desde el viernes pasado y hasta el próximo 10 de enero.
Según la congresista, esta circunstancia no sería casual y respondería a una estrategia para ganar tiempo antes del control constitucional obligatorio.
“Por eso esperó hasta hoy, cuando la Corte Constitucional cierra y sale a la vacancia judicial”, sostuvo Lozano, quien anticipó que, una vez el alto tribunal retome labores, el decreto será revisado con rapidez y podría durar vigente apenas dos o tres meses.
Incluso, la senadora utilizó una comparación política para ilustrar su crítica: “Pasamos en Colombia de un presidente que decía ‘voten mientras están libres’, a uno que casi dice ‘recauden mientras la Corte tumba ese decreto ilegal’”, señaló.
El decreto y sus debilidades jurídicas
El Decreto 1390 justifica la emergencia económica en una “situación grave e inminente” derivada del hundimiento de la reforma tributaria, la presión del gasto público, el pago de la UPC en salud, los subsidios energéticos, las sentencias judiciales pendientes y las restricciones fiscales.
Sin embargo, para Lozano y otros juristas, muchas de estas causas son estructurales y previsibles, lo que podría debilitar la defensa del Gobierno ante la Corte Constitucional.
La jurisprudencia del alto tribunal ha sido reiterativa en exigir que las emergencias económicas estén sustentadas en hechos sobrevinientes, es decir, situaciones nuevas, extraordinarias e imposibles de prever, criterio que podría no cumplirse en este caso.
Los escenarios que enfrenta la Corte Constitucional
Aunque la Corte se encuentra actualmente en vacancia judicial, existen varios caminos posibles para el estudio del decreto:
1. Activar la Corte en vacaciones
Los magistrados podrían solicitar al Consejo Superior de la Judicatura la habilitación de personal mínimo para admitir el decreto, iniciar su estudio y solicitar pruebas al Gobierno sobre las razones de la declaratoria.
2. Esperar hasta enero
Si no se activa el tribunal durante el receso, la Sala Plena podría sesionar en enero y priorizar el caso. En este escenario, el magistrado ponente tendría la facultad de ordenar una medida cautelar, suspendiendo temporalmente los impuestos que se decreten mientras se decide el fondo del asunto.
Riesgos jurídicos y fiscales
La senadora también advirtió sobre los riesgos legales que enfrentaría el Gobierno si la emergencia es declarada inconstitucional. En ese caso, los ministros que firmaron el decreto podrían enfrentar responsabilidades jurídicas, y las medidas tributarias adoptadas perderían validez.
Además, existe un impacto fiscal significativo: si la Corte tumba los impuestos decretados, el Estado podría verse obligado a devolver los recursos recaudados, lo que abriría nuevos boquetes en las finanzas públicas y podría agravar la llamada “bomba fiscal” que heredaría el próximo gobierno.
Un pulso entre el Ejecutivo y la Corte
Mientras el Gobierno sostiene que la emergencia económica es indispensable para evitar un colapso fiscal y garantizar derechos fundamentales, sectores de la oposición, encabezados por Angélica Lozano, consideran que se trata de un uso indebido de una figura excepcional.
La discusión, ahora, se traslada al terreno jurídico. El futuro del decreto y de los impuestos que se expidan dependerá de la solidez de los argumentos del Gobierno ante la Corte Constitucional, en un pulso que podría marcar el rumbo fiscal y político del país en los próximos meses.
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