El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, rechazó de manera categórica el secuestro de 18 militares del Ejército Nacional ocurrido en zona rural del municipio de El Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó, y fue enfático al señalar que “no existe territorio vedado para la Fuerza Pública”, en referencia a la facultad constitucional que tienen las autoridades para actuar en cualquier punto del territorio nacional.
A través de un pronunciamiento publicado en sus redes sociales, el jefe de la cartera de Defensa advirtió que impedir la labor de la Fuerza Pública favorece directamente a las estructuras ilegales y pone en riesgo a las comunidades, especialmente a aquellas que enfrentan amenazas constantes por parte de grupos armados organizados.
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“Rechazamos de manera categórica el secuestro de 18 militares de nuestro Ejército, ocurrido en zona rural del municipio de Carmen de Atrato, Chocó”, afirmó el ministro, al explicar que los uniformados fueron rodeados por cerca de 200 personas y trasladados por la fuerza, en contra de su voluntad, a un resguardo indígena, mientras adelantaban operaciones legítimas contra el cartel del ELN.
Operaciones para proteger a la población civil
El ministro Sánchez explicó que las acciones adelantadas por el Ejército Nacional en esta zona del país tienen como objetivo central proteger a la población civil, en particular a las comunidades indígenas, frente a fenómenos como el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y otras expresiones de violencia asociadas a la presencia de grupos armados ilegales.
Además, precisó que estas operaciones responden a las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, mecanismo que busca prevenir violaciones a los derechos humanos y riesgos para las comunidades más vulnerables.
“La Constitución y la ley son claras: la Fuerza Pública tiene el deber y la facultad de estar donde sea necesario para proteger la vida, la libertad y la seguridad de todos los colombianos”, subrayó el ministro de Defensa.
“Cuando se cierran las puertas a la Fuerza Pública, se abren a la ilegalidad”
En su mensaje, el alto funcionario fue enfático al señalar que la paz no se construye debilitando al Estado ni secuestrando soldados, y alertó que restringir la presencia institucional abre espacios para el fortalecimiento de actores armados ilegales.
“Cuando se cierran las puertas a la Fuerza Pública, se abren a la ilegalidad. La paz no se construye secuestrando soldados ni debilitando al Estado”, manifestó Sánchez, al tiempo que recalcó que este tipo de acciones ponen en grave riesgo precisamente a las comunidades que requieren mayor protección.
El ministro también recordó que la privación de la libertad de los militares constituye otros delitos graves, como la obstrucción a la función pública, agravados por tratarse de servidores públicos que se encontraban en cumplimiento de una misión constitucional.
Activación de canales institucionales y denuncia penal
Pedro Arnulfo Sánchez informó que, de manera paralela a la denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación, el Gobierno activó todos los canales institucionales para atender la situación, con el acompañamiento del Ministerio del Interior, la Gobernación del Chocó y organismos de derechos humanos.
Según indicó, estas acciones buscan priorizar la vida y la integridad de los militares retenidos, así como evitar cualquier riesgo para la comunidad, en medio de un escenario complejo que requiere manejo institucional y respeto por el marco legal.
“Ninguna causa ni mecanismo de presión social justifica la privación de la libertad ni la vulneración de los derechos humanos de nuestros militares”, reiteró el ministro.
Consejo de seguridad extraordinario en Chocó
Por su parte, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, había anunciado horas antes la convocatoria a un consejo de seguridad extraordinario, programado para este lunes 22 de diciembre a primera hora, con el fin de analizar la situación y coordinar acciones que permitan el pronto regreso de los miembros de la Fuerza Pública.
A través de su cuenta en la red social X, la mandataria departamental señaló que la XV Brigada del Ejército Nacional informó sobre la retención de 18 soldados, quienes se encontraban cumpliendo sus deberes legales, y confirmó la solicitud de acompañamiento del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa.
Comunicado del Ejército Nacional
El Comando de la Décima Quinta Brigada, unidad orgánica de la Séptima División del Ejército Nacional, confirmó los hechos mediante el Comunicado de Prensa N.° 004, fechado el 21 de diciembre de 2025, en el que denunció públicamente el secuestro de los militares durante operaciones contra el Grupo Armado Organizado ELN.
En el documento, la institución rechazó cualquier acción que vulnere la libertad, integridad y seguridad de los miembros de la Fuerza Pública, e hizo un llamado urgente y respetuoso a autoridades, organismos de derechos humanos y líderes comunitarios para que se garantice la integridad física de los soldados y se permita su pronta y segura liberación.
El Ejército reiteró que la privación de la libertad o cualquier agresión contra integrantes de la Fuerza Pública puede generar responsabilidades penales, e instó a abstenerse de este tipo de acciones que afectan la institucionalidad y vulneran derechos fundamentales.
Llamado a la confianza y a la legalidad
Finalmente, el ministro de Defensa envió un mensaje directo a las comunidades del país, invitándolas a construir confianza, legalidad y protección conjunta, y a cerrar espacios a los criminales que se aprovechan de la ausencia o restricción del Estado.
“Cerrémosle juntos los espacios a los criminales”, concluyó Sánchez, en un llamado a fortalecer la institucionalidad y garantizar la seguridad en los territorios más afectados por la violencia.
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