El exgobernador de Magdalena y precandidato presidencial Carlos Caicedo criticó abiertamente la gestión de la administración del presidente Gustavo Petro en medio del escándalo relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
A través de su cuenta oficial en la red social X, Caicedo advirtió sobre las implicaciones de los últimos acontecimientos judiciales.
“La medida de aseguramiento contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco es un hecho grave. Golpea la confianza ciudadana, se suma al escándalo de la Ungrd y confirma una crisis que no puede minimizarse”.
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Las declaraciones de Carlos Caicedo surgieron horas después de que se conociera la decisión de la Fiscalía de dictar medida restrictiva sobre Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, quienes encabezaron los ministerios de Hacienda y del Interior, respectivamente.
Este procedimiento judicial, ligado a las investigaciones en torno a irregularidades en la Ungrd, profundizó el debate nacional sobre el manejo de los recursos y el cumplimiento de las promesas de transparencia hechas por el Gobierno desde la llegada de Petro al poder.
El exmandatario local sostuvo que la corrupción trasciende el error administrativo y carece de justificación burocrática.
“La corrupción no es ingenuidad administrativa ni excusa burocrática. Es una traición al mandato popular, más grave aún cuando proviene de un proyecto que prometió cambiar la historia del abuso en el poder”, escribió.
En su criterio, los procesos actuales alcanzan dimensiones críticas al incidir directamente en la confianza en las instituciones y desdibujar la narrativa oficialista de cambio.
Según Caicedo, pactar con fuerzas políticas tradicionales contamina cualquier proyecto, incluso aquellos impulsados desde propuestas alternativas.
El exgobernador hizo referencia a la situación en Santa Marta, donde solicitó al entonces ministro Velasco asumir su deber ante irregularidades electorales durante la dirección de Alexander Vega en la Registraduría Nacional.
“No hubo decisión, no hubo controles, hubo silencio. Las omisiones también generan responsabilidades”, remarcó.
El líder regional defendió su gestión poniendo como ejemplo la administración samaria, donde aseguró haber protegido los fondos públicos y enfrentado intentos políticos que determinaron su salida temporal del cargo gubernamental.
Caicedo manifestó que “no lo decimos desde la comodidad de la crítica, sino desde la experiencia de gobierno: hemos cuidado los recursos públicos y enfrentado montajes políticos que incluso nos privaron injustamente de la libertad”.
Al profundizar sobre la coyuntura actual, Caicedo señaló que sin una restauración moral de la función estatal y sin resultados tangibles al servicio de la ciudadanía será inviable construir una transformación genuina.
Enfatizó la importancia de ejercer el poder con coherencia, alejando cualquier vínculo con prácticas corruptas.
El exmandatario samario destacó que “esa es la única manera de honrar al pueblo y construir una transformación verdadera y duradera”.
El exgobernador concluyó que los acontecimientos recientes responden a decisiones del propio presidente Petro, a quien acusó de haber promovido a una “banda que no tiene nada que ver con el progresismo”.
Finalmente, sostuvo que ese grupo ahora impacta negativamente sobre “la izquierda en Colombia”, marcando una fractura en el interior de los sectores alternativos del país.
Tribunal ordena cárcel para exministros por millonario escándalo en la Ungrd
La magistrada Leonor Oviedo, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, avaló el viernes 19 de diciembre de 2025 la detención de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por su presunta participación en el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Tras oficializar la legalidad de sus capturas, fotografías de ambos en centros penitenciarios circularon ampliamente. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) determinó que Bonilla permanecerá en el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional, en Bogotá, y Velasco en la Escuela de Carabineros de Cali.
La medida de aseguramiento implica detención preventiva y responde, según la fiscal María Cristina Patiño, a supuestos acuerdos para obtener apoyos parlamentarios mediante la asignación de 79 proyectos, con un monto superior a $600.000 millones, de los cuales solo siete se ejecutaron.
La Fiscalía sostiene que, entre mayo de 2023 y febrero de 2024, los procesados habrían conformado una estructura dedicada a manipular la contratación estatal, beneficiando a congresistas y facilitando reformas impulsadas por el gobierno.
Tras la decisión judicial, el presidente Gustavo Petro calificó de arbitraria la privación de libertad y cuestionó públicamente la imparcialidad de la magistratura.
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