La Contraloría General de la República advirtió sobre la urgencia de implementar un recorte presupuestal responsable para 2026 ante un escenario de déficit fiscal elevado en Colombia. El Congreso de la República aprobó para el próximo año un Presupuesto General de la Nación que proyecta ingresos por $530,7 billones y gastos de $546,9 billones, lo que genera un déficit de $16,2 billones sin fuente de financiamiento.
Además, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) estimó que el ajuste fiscal requerido para cumplir los compromisos fiscales de 2026 asciende a $45,4 billones, equivalente al 2,4% del producto interno bruto (PIB).
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La entidad, por medio de un comunicado, enfatizó en que “al Ministerio de Hacienda y Crédito Público solo le resta el camino del recorte del gasto en 2026, pues el Congreso aprobó el presupuesto del próximo año con un claro desequilibrio entre fuentes y usos”. Así las cosas, el ente de control solicitó que los ajustes presupuestales sean guiados por criterios de “responsabilidad, austeridad y equilibrio”, con el objetivo de preservar la estabilidad económica del país.
El organismo que lidera Carlos Hernán Rodríguez reiteró la necesidad de que cualquier reducción busque garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales y evitar aumentos en el déficit que pongan en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El desequilibrio presupuestal y sus dimensiones numéricas
Esta recordó que la diferencia entre los ingresos y los gastos del próximo año debía cubrirse con la aprobación de una ley de financiamiento por $16,29 billones, pero ese proyecto fue definitivamente archivado por el Congreso de la República. De acuerdo con la entidad, la composición del presupuesto de 2026 asigna $358,1 billones (65,5%) al funcionamiento, $100,4 billones (18,4%) al pago de deuda y $88,4 billones (16,1%) a la inversión.
Además, resaltó el compromiso histórico de Colombia con el pago de las obligaciones crediticias, señalando que el servicio de la deuda mantiene prioridad absoluta en el gasto público.
Rigideces e inflexibilidades presupuestales
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público precisó que cerca del 92% del Presupuesto General de la Nación es inmodificable por disposiciones legales y constitucionales, mientras que el Carf estimó esa proporción en 88% para 2026, lo que representa el 22,1% del PIB. Las restricciones recaen sobre transferencias obligatorias al Sistema General de Participaciones, pensiones, intereses de la deuda y salarios del sector público. Según este último, dos tercios de dicho gasto inflexible tienen origen constitucional o legal.
Ambas entidades coincidieron en que hay imposibilidad de modificar rubros prioritarios, como la deuda. Sin embargo, la Contraloría señaló que es factible buscar alivios parciales por medio de operaciones de manejo de deuda. Respecto a gastos de personal, pensiones y transferencias, persiste una marcada rigidez, aunque el Ministerio identificó espacios limitados para ajustes en contratación, viáticos y partidas operativas.
El rubro de inversión, considerado el más flexible, enfrenta restricciones debido a compromisos en proyectos con vigencias futuras. Por ello, la Contraloría recomendó priorizar inversiones con alto impacto macroregional, que impulsen la transformación productiva y aporten a la estabilidad económica.
Acciones y proyecciones del Ministerio de Hacienda
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público anunció un recorte adicional de al menos $2,3 billones al cierre de 2025, que se suma a los $12 billones definidos previamente en el Decreto de Aplazamiento. “Este recorte va más allá de la no aprobación de la ley de financiamiento de 2025 y evidencia un esfuerzo adicional de consolidación fiscal”, afirmó la entidad.
La cartera adelantó acciones interinstitucionales para revisar la eficiencia del gasto público con miras a identificar ajustes permanentes y mejorar la calidad fiscal. Además, se resaltó la importancia de la modernización institucional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y el fortalecimiento de la lucha contra la evasión y la elusión con el fin d elevar el recaudo efectivo.
Diagnóstico y advertencias del Carf
El Carf advirtió que “para cumplir la meta de déficit fiscal del Gobierno en 2026, fijada en 6,2% del PIB por el Confis, se necesita un ajuste fiscal de $45,4 billones, equivalentes al 2,4% del PIB”. Sobre esto, explicó que la cifra aumentó respecto a la estimación previa de $39,4 billones, principalmente por mayores previsiones de gasto en pensiones y servicios personales.
Dicho ajuste necesario, según la entidad, responde a cuatro factores:
- Ausencia de una ley de financiamiento o reforma tributaria por $26,3 billones.
- Reducción de $11,2 billones en la expectativa de ingresos tributarios para 2026.
- Menores rendimientos financieros por $1,9 billones.
- Mayores expectativas de gasto primario por $6,1 billones.
El organismo detalló que, si en 2025 se concreta el recorte de $12 billones requerido, el gasto total de 2026 crecería un 5,7% en términos reales, con el gasto de funcionamiento aumentando 10,3%, la inversión 11,8% y una disminución del servicio de la deuda en 11,8%.
Además, identificó que la reserva presupuestal constituida en 2025, estimada entre $35 y $55 billones, ejercerá una presión fiscal adicional en 2026 y deberá ser considerada en el debate parlamentario sobre el nuevo presupuesto. Cumplir con los objetivos fiscales demandará ajustes promedio anuales de 4,1 puntos del PIB durante la próxima década, o 4,9 puntos si se busca mantener niveles históricos de inversión pública.
Ejecución presupuestal y desafíos operativos recientes
La Contraloría General resaltó su preocupación por la baja ejecución en el gasto de inversión.
- En 2024, solo se obligó el 83,1% del presupuesto total y apenas el 57% de los recursos destinados a inversión.
- Hasta el 15 de diciembre de 2025, la ejecución general ascendía al 79,9%, mientras que la inversión mostraba un nivel de compromiso de solo 52,8%.
Ante esto, el organismo enfatizó la necesidad de mejorar la eficiencia operativa y la capacidad de ejecución para responder a las demandas de desarrollo del país.
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