El presidente Gustavo Petro criticó a los gremios empresariales por recurrir a la Corte Constitucional, liderada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, para pedir que supervise el decreto de emergencia económica que pretende expedir el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
De acuerdo con la administración, la declaratoria de emergencia es necesaria debido a la crisis económica y fiscal en la que se encuentra en país, la cual se empeoraría, según el Gobierno, por el archivo de la ley de financiamiento (reforma tributaria) que presentó ante el Congreso de la República. El proyecto de reforma tenía como objetivo alcanzar un recaudo de $16,3 billones, con los que se esperaba completar un faltante en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, que quedó establecido en $546,9 billones.
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Los gremios aseguran que no hay razones suficientes para expedir el decreto y, por eso, pidieron ayuda a la Corte. Una de las personas que así lo hizo es María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham).

“Por la relevancia institucional del tema, respetuosamente queremos solicitar a la Corte Constitucional en su discreción y conforme a su reglamento, que permita sesionar excepcionalmente en días no laborales cuando circunstancias especiales lo exigen, consideren convocar una sesión especial extraordinaria para abordar con prioridad este debate constitucional”, indicó la líder gremial en un video publicado en sus redes sociales.
La respuesta del presidente Petro: “Es un pacto de seguridad”
El primer mandatario contestó a Lacouture y a otros gremios que se unieron a su petición. En su cuenta de X, expuso varias preguntas dirigidas a los líderes gremiales, criticando su rechazo a la declaratoria de emergencia y dando a conocer las posibles consecuencias de que el decreto no que sea expedido.
“¿Por qué quieren que se reúna ya la Corte Constitucional para salvarlos de pagar impuestos de megarricos y no pidieron lo mismo para que se aprobara la reforma pensional?”, cuestionó el jefe de Estado, insinuando que los gremios estarían catalogando al alto tribunal como una corte de “su bolsillo” y no de la población colombiana.
También señaló la necesidad de adquirir $1,6 billones en antidrones, interpelando a los gremios sobre su disposición a contribuir en la financiación de la seguridad nacional. “Quieren que los soldados de los pobres mueran por ustedes, ¿pero no pueden comprar sus armas?”, expresó Petro, quien además puso en duda que la responsabilidad de otorgar seguridad deba recaer únicamente en los sectores más vulnerables.
“¿La seguridad es que los pobres pongan sus hijos y los pobres pongan el dinero para comprar las armas que se necesitan? El Pacto social es un pacto de seguridad”, indicó.

El aspirante a la Cámara de Representantes por Antioquia Andrés Gaviria, del Centro Democrático, rechazó las declaraciones del jefe de Estado, responsabilizando directamente a su Gobierno por la situación económica actual del país. Señaló a su administración de gastar de más y de ir en contra de las decisiones que ha tomado el Congreso de la República, refiriéndose al archivo de la ley de financiamiento.
“Presidente, el problema no son los “megarricos”, es un gobierno que gasta sin control, se endeuda carísimo y ahora quiere convertir a la Corte Constitucional en salvavidas fiscal cuando el Congreso le dijo NO a su reforma. Las reglas existen también para usted”, advirtió.

Al igual que María Claudia Lacouture, otros gremios solicitaron la ayuda de la Corte Constitucional, como por ejemplo la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), liderada por Bruce Mac Master, y la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), liderada por Jaime Alberto Cabal.
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