El conocido contratista Emilio Tapia, uno de los principales implicados en el escándalo de corrupción de los Centros Poblados, volvió a estar en el centro de la polémica tras ser visto en Barranquilla, días después de haber recuperado su libertad condicional.
Acompañado de su esposa, Saray Robayo, representante a la Cámara por el Partido de la U, y bajo un fuerte esquema de seguridad, Emilio Tapia fue captado en un centro comercial de la ciudad, lo que provocó un sinfín de reacciones.
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Según lo registrado y divulgado por Caracol Radio, Tapia se desplazaba por la ciudad escoltado por al menos dos miembros de la Policía, y acompañado de tres camionetas blindadas, lo que no pasó desapercibido para los transeúntes.
Una de las primeras personas en pronunciarse fue la exfiscal Angélica Monsalve, que actualmente es candidata al Senado por el Frente Amplio. A través de su cuenta en X, expresó su rechazo a la justicia colombiana y a la actitud de Emilio Tapia, que parecía salir a la calle como si nada hubiera pasado.
“El hampón pesos pesados, libre, con escoltas y de compras, acompañado de la representante @sarayrbechara con los 70 mil millones de pesos que se nos robó, y que el débil y genuflexo Estado colombiano, no hizo nada para quitárselos, por el contrario, la justicia colombiana ayudando al delincuente de cuello blanco a que se saliera con las suyas”, escribió la abogada.
Además, la exfiscal criticó duramente las decisiones tomadas, al señalar que con estas decisiones quedaba en evidencia un mecanismo fallido que no ofrecía las garantías necesarias: “¡Reforma estructural al mamotreto de justicia ya! Tenemos un sistema judicial fallido y desvergonzado”.
Emilio Tapia saltó del ‘carrusel de la contratación’ a Centros Poblados
La polémica de su imagen en las calles de Barranquilla cobra mayor dimensión si se tiene en cuenta que Tapia ya había sido protagonista de uno de los escándalos de corrupción más graves de la historia del país: el llamado “carrusel de la contratación”.
Durante la administración del exalcalde Samuel Moreno en Bogotá, Tapia sirvió de enlace entre los contratistas y los funcionarios que participaron en la adjudicación irregular de contratos de infraestructura, como los de TransMilenio fase III y el mantenimiento de la malla vial.
Por su participación en ese esquema fue condenado por delitos como cohecho, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento privado. Gracias a su colaboración con la justicia, accedió a penas reducidas, mientras la Fiscalía le hallaba bienes ocultos por más de $41.000 millones.
No obstante, años después volvió a figurar como protagonista en el caso Centros Poblados. Esta vez, su participación estuvo relacionada con un contrato adjudicado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en su momento encabezado por Karen Abudinen, cuyo objetivo era llevar internet a zonas rurales del país.
El valor del contrato superaba los $70.000 millones y fue entregado a la unión temporal Centros Poblados, en cuya conformación tuvo un papel fundamental.
El modus operandi de Tapia en este caso fue objeto de investigaciones por parte de las autoridades judiciales, que recopilaron evidencia sobre su participación en la manipulación de documentos y la falsificación de información para obtener ilegalmente beneficios económicos derivados del millonario contrato de internet para escuelas rurales.
Según las indagaciones, Tapia creó una unión temporal ficticia, la cual fue utilizada como fachada para desviar fondos públicos y enriquecerse ilícitamente.
Y como en su proceso anterior, el famoso contratista accedió a beneficios judiciales luego de aceptar su responsabilidad y colaborar con las autoridades; fue condenado por peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado.
A pesar de la gravedad de su condena, Tapia recuperó la libertad condicional tras cumplir 90 meses de prisión, lo que reavivó la controversia sobre su caso, ya que un tribunal decidió otorgarle este beneficio bajo un periodo de prueba de 27 meses.
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