Las autoridades de Bogotá mantienen la vigilancia sobre más de 30.000 ocupaciones ilegales, localizadas en 281 polígonos de 15 localidades, donde miles de familias han construido viviendas en terrenos que carecen de condiciones legales o se ubican en áreas no aptas para habitar.
El seguimiento cubre zonas de riesgo natural y de protección ambiental, según reportes de las entidades distritales responsables de la Inspección, Vigilancia y Control.
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La Secretaría de Gobierno explicó que estas ocupaciones, identificadas en sectores periféricos y bordes urbanos, suelen cubrir suelos con restricciones por alto riesgo de inundaciones, deslizamientos o con valor ambiental relevante, como humedales, reservas forestales y corredores ecológicos.
Vivir en estos lugares representa una amenaza directa para la seguridad de los habitantes, especialmente en temporada de lluvias y remoción en masa de tierra. Las condiciones de vulnerabilidad se agravan por la falta de servicios básicos, como agua, alcantarillado, salud y educación.
El Distrito informó que estas áreas, monitoreadas de forma permanente, poseen una función ambiental clave para la ciudad.
La ocupación de zonas de protección deteriora ecosistemas estratégicos, afecta la calidad del clima, incrementa la presión sobre las fuentes de agua y eleva los riesgos de desastres. Las autoridades reiteraron que el deterioro ambiental y la exclusión social convergen en estos asentamientos, que no cuentan con respaldo legal.
Uno de los riesgos identificados por las entidades está en la adquisición irregular de lotes.
Comprar predios sin títulos claros o ubicados en zonas prohibidas expone a los compradores a pérdidas económicas y a la imposibilidad de registrar la propiedad, acceder a créditos, subsidios o disponer de servicios públicos.
La legalidad de una vivienda solo se acredita mediante escritura pública, inscrita en el registro de instrumentos públicos. Sin este trámite, la tenencia del predio carece de protección frente a eventuales recuperaciones administrativas o demandas de legítimos propietarios.
Las autoridades locales advirtieron que quienes comercializan lotes de forma irregular pueden incurrir en delitos como estafa, usurpación y urbanización ilegal. La figura de los llamados “tierreros” se relaciona con estas prácticas, que afectan principalmente a familias de escasos recursos.
La administración distrital, a través de la Dirección para la Gestión Policiva de la Secretaría de Gobierno, junto con las alcaldías locales, la Policía Metropolitana y entidades ambientales, coordinó operativos y jornadas preventivas en los polígonos priorizados.
Estas acciones se reforzaron ante alertas climáticas recientes, por el aumento del riesgo en zonas propensas a desastres naturales.
El Distrito solicitó a la ciudadanía adoptar medidas preventivas antes de realizar cualquier compra de terreno. Las recomendaciones oficiales incluyen solicitar el certificado de libertad y tradición actualizado, verificar la viabilidad urbanística del predio con acompañamiento profesional y acudir a notarías o expertos inmobiliarios para formalizar cualquier transacción.
Ante sospechas de fraude o irregularidades, la instrucción principal es reportar el caso a las autoridades para prevenir estafas y nuevos casos de ocupación ilegal.
El monitoreo continuará en todos los territorios identificados como críticos, para evitar nuevas ocupaciones y guiar la recuperación de áreas de importancia ambiental para Bogotá.
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