Luis Fernando Velasco, exministro del Interior de Colombia, fue reseñado en Cali por las autoridades luego de entregarse voluntariamente cerca de las 11:00 p. m. para cumplir la orden de captura emitida en su contra.
La diligencia se realizó en el marco de una investigación por presunta corrupción Ungrd, relacionada con el direccionamiento irregular de contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).
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La decisión judicial, adoptada por el Tribunal Superior de Bogotá, incluyó la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario tanto para Velasco como para el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, según informó Blu Radio.
El procedimiento de reseña de Velasco en Cali se llevó a cabo después de que el exministro atendiera la audiencia desde su domicilio. Tras negar los cargos imputados, manifestó su disposición a entregarse en el lugar que las autoridades determinaran.
Esta es la fotografía del exministro Luis Fernando Velasco:
La Policía Nacional procedió con la captura y reseña, cumpliendo así la orden judicial.
En el caso de Bonilla, la detención se efectuó en el propio Tribunal Superior de Bogotá, donde el exministro recibió la instrucción de la Sala Penal y fue retirado del complejo judicial sin incidentes.
La magistrada Alexandra Rosero, encargada de la decisión, consideró que la detención domiciliaria no resultaba suficiente para neutralizar los riesgos advertidos en el proceso.
Entre los argumentos expuestos por el Tribunal Superior de Bogotá se destacó la gravedad de los hechos investigados, la persistencia del riesgo institucional y la posibilidad de articulación indirecta o influencia institucional por parte de los procesados.
El Tribunal concluyó que solo una medida de aseguramiento intramural podía garantizar la protección de la comunidad y la preservación del orden institucional, apartándose así de la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que había pedido prisión domiciliaria para ambos exfuncionarios.
La magistrada ordenó librar las órdenes de captura y dispuso que, una vez materializadas, los imputados fueran puestos a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
La investigación que involucra a Velasco y Bonilla se centra en presuntas irregularidades en la asignación de contratos en la Ungrd y el Invías.
La Fiscalía General de la Nación imputó a ambos los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
El proceso busca esclarecer la posible existencia de una estructura organizada para manipular procesos contractuales, con el objetivo de beneficiar a determinados congresistas a cambio de apoyo a reformas del Gobierno nacional en trámite en el Congreso, como la reforma tributaria y la reforma a la salud.
Según la Fiscalía, las conductas investigadas se habrían presentado en tres periodos. Entre junio y septiembre de 2023, los exministros presuntamente intervinieron en 79 contratos (74 en Invías y cinco en Ungrd) por un valor total de 612.237 millones de pesos, de los cuales siete se concretaron y fueron orientados según intereses específicos.
Posteriormente, entre septiembre y diciembre de 2023, se señala la intervención en tres contratos de la Ungrd destinados a la atención de emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y El Salado, en Carmen de Bolívar (Bolívar), por 86.619 millones de pesos.
Aunque estos contratos no llegaron a ser direccionados, los congresistas presuntamente beneficiados aprobaron 17 notas crédito de endeudamiento a favor del Gobierno. Finalmente, entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, la Fiscalía sostiene que Velasco y Bonilla habrían intervenido para que un contrato de la Ungrd en Sahagún (Córdoba), por 35.000 millones de pesos, fuera adjudicado a personas cercanas a un congresista, hecho que no se concretó.
Durante la audiencia, tanto Velasco como Bonilla rechazaron los cargos imputados.
Velasco, en particular, reiteró su disposición a acatar las decisiones judiciales y a presentarse ante las autoridades en el lugar que estas dispusieran.
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