El Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) implementará un cambio inmediato en la entrega de medicamentos a los docentes de Bogotá, tras detectar fallas graves y reiteradas en el suministro por parte del operador anterior.
Esta decisión, confirmada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, responde a la necesidad de proteger la continuidad de los tratamientos médicos y evitar que las deficiencias en la atención farmacéutica comprometan la salud de los maestros, especialmente aquellos con enfermedades crónicas o que requieren medicación permanente.
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En el balance más reciente, el Fomag identificó que las irregularidades no se limitaron a la capital.
Según la entidad, departamentos como Cundinamarca y Antioquia también registraron quejas por demoras, entregas incompletas y falta de disponibilidad de medicamentos, lo que obligó a los usuarios a reprogramar consultas o modificar las indicaciones médicas.
El Fondo advirtió que este patrón de incumplimiento podía afectar la adherencia a los tratamientos y, en consecuencia, la recuperación o estabilidad clínica de los afiliados.
El vicepresidente del Fomag, Herman Bayona Abello, explicó que la decisión de suspender la contratación con la firma Ramédicas se tomó tras una revisión técnica detallada, en la que se documentaron entregas parciales, retrasos que superaban los plazos máximos establecidos y episodios de fragmentación en los tratamientos.
Bayona Abello afirmó: “Esta decisión busca proteger el derecho a la salud del magisterio y garantizar un servicio eficiente, oportuno y completo en la entrega de medicamentos”.
El proceso de transición hacia los dos nuevos gestores farmacéuticos se ejecutará en un plazo estimado de entre ocho y diez días en Bogotá, periodo durante el cual se realizarán los ajustes logísticos, administrativos y tecnológicos necesarios para asegurar la disponibilidad del inventario y evitar interrupciones en el acceso a los tratamientos. El Fomag acompañará el proceso para minimizar el riesgo de nuevos retrasos o limitaciones en el suministro.
La intervención forma parte de una estrategia más amplia de control, seguimiento y evaluación contractual, con el objetivo de reforzar las garantías para los docentes afiliados al sistema de salud.
El Fondo prevé que los nuevos operadores adopten mecanismos de información más claros, amplíen los canales de atención y fortalezcan la trazabilidad de los pedidos, en respuesta a la alta demanda de servicios médicos y farmacéuticos del magisterio.
El Gobierno nacional reiteró su compromiso con la defensa de los recursos públicos asignados al sistema de salud docente y con la mejora de la calidad en la atención. El Fomag subrayó que la medida busca evitar que las deficiencias detectadas se extiendan a otras regiones y deriven en un deterioro de los indicadores de atención farmacéutica.
El Ministerio de Salud rechaza responsabilidad en decisiones del Fomag
El Ministerio de Salud de Colombia recalcó su desvinculación de las decisiones del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), en respuesta al reciente llamado a juicio disciplinario realizado por la Procuraduría General de la Nación contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y varios exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro.
La cartera de Salud subrayó que su papel respecto al Fomag se limita a la asistencia técnica, sin injerencia en la toma de decisiones, en un contexto donde la implementación del nuevo modelo de salud para los docentes, iniciada el 1 de mayo de 2024, es objeto de investigación disciplinaria.
En el comunicado oficial, el Ministerio de Salud y Protección Social enfatizó que no integra el Consejo Directivo del Fomag ni posee facultades para decidir sobre los modelos de contratación, coberturas o condiciones de prestación de servicios de salud para los docentes.
La entidad precisó: “El Ministerio de Salud no toma decisiones sobre el Fomag”, y aclaró que cualquier vínculo con el fondo se restringe a la prestación de asistencia técnica, conforme al principio de colaboración armónica entre entidades estatales, sin que ello implique participación en las decisiones que corresponden exclusivamente al Consejo Directivo del Fomag.
La Procuraduría, según su pliego de cargos, incluyó en el proceso disciplinario no solo al ministro Jaramillo, sino a los exministros Aurora Vergara, Ricardo Bonilla y Gloria Inés Ramírez, a quienes atribuye responsabilidad en la estructuración del nuevo modelo de salud del Magisterio.
El organismo de control investiga presuntas falencias en la puesta en marcha de dicho modelo, entre ellas demoras en la aprobación del manual de contratación del Fomag, así como la prestación de servicios de salud y la entrega de medicamentos sin la debida autorización. De confirmarse las irregularidades, los funcionarios enfrentan posibles sanciones, incluida la inhabilidad para ejercer cargos públicos.
El Consejo Directivo del Fomag, según reiteró el Ministerio, está conformado por los ministerios de Educación, Hacienda y Trabajo, junto con representantes del Magisterio, y son estas instancias las responsables de definir y aprobar las políticas y decisiones que rigen el sistema de salud de los docentes.
La Procuraduría también llamó a responder disciplinariamente a otros actores vinculados al Fomag y su operación, entre ellos Georgina del Carmen y Christian Rey, representantes de Fecode; Magda Lorena Giraldo, vicepresidenta encargada de la Fiduprevisora; Jhon Mauricio Marín, presidente de la Fiduprevisora; y Luis Carlos Leal, que era superintendente nacional de Salud en la época de los hechos.
En el caso de Leal, el organismo de control archivó el proceso, al considerar que “no se encuentra mérito para considerar que el superintendente nacional de Salud hubiera incurrido en incumplimiento de sus deberes funcionales”, destacando las labores de vigilancia y control desplegadas antes y durante la operación del nuevo modelo de salud para el Magisterio.
El Ministerio de Salud reiteró su compromiso con la transparencia institucional y el respeto estricto de las competencias legales asignadas a cada entidad, señalando que este respeto resulta fundamental para la claridad pública y el funcionamiento adecuado de los regímenes especiales, como el del Magisterio, en un momento en que el debate sobre responsabilidades y fallas en el Fomag permanece bajo el escrutinio disciplinario de la Procuraduría General de la Nación.
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