Un interno de la estación de Policía de la Candelaria en Medellín (Antioquia) fue víctima de una agresión brutal, cuando en medio de una riña, recibió múltiples heridas de arma blanca y golpes propinados por otros reclusos.
La violencia de este ataque quedó reflejada en el informe médico y forense, que detalla que Sergio Andrés Lopera Cartagena, de 43 años, sufrió un trauma craneoencefálico con sangrado profuso y fractura de varias costillas.
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Las investigaciones determinaron que Lopera Cartagena fue atacado el domingo 7 de diciembre por otros internos, quienes le propinaron puñaladas, golpes de mano y patadas, dentro del centro de detención.
El intento de salvarle la vida llevó a las autoridades a trasladar de urgencia a Lopera Cartagena a un hospital de la ciudad, donde permaneció internado bajo observación médica especializada.
A pesar de los esfuerzos del equipo sanitario, la gravedad de los traumatismos superó cualquier posibilidad de recuperación, derivando en la muerte del recluso una semana después del incidente.
Las pesquisas realizadas en el lugar del ataque permitieron a las autoridades identificar y capturar a tres hombres, de 21, 26 y 42 años, quienes también estaban bajo custodia en esa estación policial.
Los presuntos responsables fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación por su supuesta participación en el homicidio, enfrentando así nuevos cargos judiciales que se suman a los procesos en curso.
Los altos índices de hacinamiento carcelario en Colombia han forzado a autoridades municipales y a organizaciones como Asocapitales a considerar soluciones más allá de la simple ampliación de infraestructura.
En ciudades como Medellín, el desborde de personas privadas de la libertad ha llevado a una presión sin precedentes sobre las estaciones de policía, diseñadas para albergar a 640 internas e internos, pero donde actualmente permanecen cerca de 1.600. Según el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, esta sobrepoblación implica “un hacinamiento de alrededor del 150%”, lo que evidencia la magnitud del déficit de espacio y recursos en estos recintos.
Murió un interno en cárcel de Medellín: Veeduría denunció presunta negligencia médica
El debate sobre la atención médica en cárceles cobró fuerza tras la reciente muerte de Elber Ochoa Gómez en la Cárcel de Máxima y Mediana Seguridad El Pedregal de Medellín.
La Veeduría Penitenciaria Nacional, al conocer los hechos, emitió una denuncia pública y solicitó una investigación exhaustiva, centrando su preocupación en la protección de derechos fundamentales bajo custodia estatal.
Según el defensor de derechos humanos Jorge Carmona, integrantes de la población carcelaria transmitieron que Ochoa Gómez, recluido en el Patio 8, acudió a la zona de sanidad del penal en tres oportunidades debido a un malestar recurrente.
Si embargo, en cada una de esas visitas, el personal médico optó por regresarlo a su celda luego de administrarle una inyección, sin disponer su traslado a un hospital urbano.
Carmona detalló sobre la actuación señalada por los internos: “Los internos aseguran que a Ochoa Gómez le aplicaron una inyección y lo retornaron al patio sin ordenar una remisión a un centro hospitalario de la ciudad”.
El momento final se produjo en el propio Patio 8: testigos sostienen de manera coincidente que el interno no recibió primeros auxilios adecuados ni fue asistido por personal hospitalario durante la emergencia, según relató Carmen a partir de los testimonios recogidos.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) quedó en el centro de la controversia, debido a que los reclusos responsabilizan a la institución del fallecimiento, argumentando que existió un “físico descuido y negligencia institucional por parte del Inpec”.
La intervención de la Veeduría Penitenciaria Nacional incluyó una petición formal para esclarecer los hechos. Además, el organismo destacó la necesidad imperiosa de garantizar la protección del derecho a la salud y la vida de las personas privadas de la libertad en Colombia, insistiendo en que casos como el de Ochoa Gómez evidencian riesgos sistémicos en el sistema penitenciario.
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