El salario mínimo en Colombia para 2026 podría experimentar un incremento superior al 12%, una posibilidad que ha generado expectativas y tensiones entre los distintos sectores involucrados.
El miércoles 17 de diciembre, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anticipó que el decreto que oficializará el aumento estaría firmado antes de Navidad, lo que aceleraría el proceso de definición y pondría fin a la incertidumbre sobre el monto definitivo.
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En caso de que el ajuste supere el 12%, el salario mínimo, actualmente fijado en $1′423.500 para 2025 (sin incluir el auxilio de transporte), podría alcanzar cifras significativas.
Un aumento del 12% lo llevaría a $1′593.760, mientras que un alza del 12,5% o 13% representaría incrementos de $177.937,50 o $185.055, respectivamente.
Si se adoptara la propuesta de los trabajadores, que solicitan un 16 %, el mínimo ascendería a $1′651.180. Por el contrario, si se impusiera la postura de los empresarios, que abogan por un 7,21%, el monto sería de $1′526.134,35. Todos estos valores excluyen el auxilio de transporte.
El debate sobre el porcentaje de aumento se intensificó tras el vencimiento, el 15 de diciembre, del primer plazo para alcanzar un acuerdo en la mesa de concertación.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, informó que no fue posible acercar las posiciones de empresarios y trabajadores, lo que deja como alternativa la definición del incremento por decreto presidencial. El plazo para lograr un consenso se extendió hasta el 20 de diciembre; de no alcanzarse, la decisión final deberá tomarse a más tardar el 30 de diciembre.
La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) valoró positivamente el anuncio de Benedetti, aunque insistió en que el aumento debería acercarse al 16%. Fabio Arias, presidente de la CUT, expresó: “El ministro Benedetti hace una declaración sobre el incremento del salario mínimo, diciendo que será superior al 12%. Nos parece un buen anuncio, pero seguimos insistiéndole al presidente Petro que se aproxime, lo más que se pueda, al 16%. Sería una estupenda noticia para los trabajadores de Colombia“, dijo Arias a Blu Radio.
En contraste, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), criticó el enfoque político que, según él, ha tomado la discusión.
Mac Master afirmó a Blu Radio: “La discusión de salario mínimo debe ser la búsqueda de las mejores condiciones para los trabajadores en forma individual y para sus familias, pero también en lo colectivo: la búsqueda de mayor generación de trabajo, menor informalidad, mayor desarrollo, mayor competitividad de los productos y las empresas, menor inflación para los hogares, menor impacto para las finanzas públicas para el Estado, mayor beneficio general”.
Además, calificó como un “gran error” que el debate se haya politizado y consideró “totalmente inmoral que se utilice como campaña electoral”.
El presidente Gustavo Petro también intervino en la controversia, cuestionando la propuesta empresarial de un aumento del 7%. Petro declaró: “Mi propósito es subir el salario mínimo en Colombia. No me pueden explicar con sinceridad por qué se propone subirlo solo un 7%”.
En meses anteriores, desde el Gobierno se había mencionado la posibilidad de un incremento en torno al 11%, e incluso Benedetti sugirió que el salario mínimo podría llegar a $1′800.000, aunque no precisó si esa cifra incluía el auxilio de transporte.
Con las posiciones de empresarios y trabajadores distantes y el tiempo apremiando, todo indica que la decisión final recaerá en el Ejecutivo, con un aumento de dos dígitos que se inclinaría hacia la propuesta de los trabajadores.
El ajuste del salario mínimo en Colombia beneficiará a un grupo específico de jubilados en 2026
A medida que se aproxima el cierre de 2025, el debate sobre el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 adquiere una relevancia especial, ya que no solo afecta a los trabajadores activos, sino que determina el monto de las mesadas que recibirán millones de jubilados a partir de enero.
El ajuste anual del salario mínimo tiene un impacto directo en el poder adquisitivo de los pensionados, especialmente en un contexto donde el costo de la canasta básica y la inflación anual son factores determinantes para el bienestar de los adultos mayores.
Existe una confusión recurrente entre los pensionados colombianos: muchos creen que todas las pensiones aumentan en la misma proporción que el salario mínimo, pero la legislación nacional establece una distinción fundamental.
Solo un grupo específico de jubilados se beneficia del incremento total que se acuerda para el salario mínimo cada año. En palabras de la Corte Constitucional, “ninguna pensión en el país puede estar por debajo del salario mínimo legal”, lo que garantiza una protección especial para quienes devengan la pensión mínima.
Los únicos beneficiarios del aumento pleno del salario mínimo son aquellos pensionados, tanto de Colpensiones como de fondos privados, cuya mesada equivale exactamente a un salario mínimo legal vigente.
Si el Gobierno y los empresarios acuerdan, por ejemplo, un incremento del 8% o 10% para el salario mínimo en 2026, estos jubilados recibirán ese mismo porcentaje de aumento de manera automática en sus pagos mensuales. Esta medida responde a un mandato constitucional que busca evitar que las pensiones caigan por debajo del umbral mínimo establecido por la ley.
En contraste, quienes reciben pensiones superiores a un salario mínimo —por ejemplo, 2, 5 o 10 salarios mínimos— no obtienen el mismo beneficio.
Para este grupo, el ajuste anual de la mesada se calcula con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, la inflación acumulada durante todo el año anterior. En la práctica, el aumento del salario mínimo suele superar en algunos puntos porcentuales a la inflación, lo que implica que los pensionados que ganan el mínimo reciben un ajuste más alto que quienes perciben montos superiores.
Esta diferenciación legal genera expectativas y, en muchos casos, decepción entre los pensionados con ingresos mayores, que ven cómo el incremento de sus mesadas queda limitado al comportamiento de la inflación y no al porcentaje, generalmente más alto, que se acuerda para el salario mínimo.
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