El Ministerio de Hacienda habría notificado a miles de contratistas del Estado que los pagos correspondientes a los honorarios de noviembre se realizarían únicamente en diciembre, mientras que los servicios prestados durante diciembre se pagarían en enero de 2025, una vez las entidades completen los trámites administrativos en el sistema financiero del Gobierno.
Así lo reveló en exclusiva los medios Valora Analitik y Blu Radio, quienes tuvieron acceso al correo enviado por el Programa Anual de Caja (PAC) el pasado 16 de diciembre.
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De acuerdo con la información conocida, la comunicación fue dirigida a entidades como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, la Presidencia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Dane, la Cancillería y varios ministerios, entre otras instituciones del orden nacional.
En el mensaje, el Ministerio de Hacienda habría explicado que los recursos aprobados para inversión, transferencias corrientes y gastos generales destinados a órdenes de prestación de servicios de personas naturales, con corte al mes de noviembre, se pagarían con los fondos asignados en diciembre.
El correo señalaría textualmente: “Me permito informar que los recursos aprobados por los rubros de inversión, transferencias corrientes y gastos generales destinados para atender órdenes de prestación de servicios de personas naturales, con corte al mes de noviembre, se pagarán con los recursos asignados en el mes de diciembre”.
Asimismo, el comunicado advertiría que los honorarios correspondientes a los servicios prestados en diciembre quedarían pendientes para enero de 2025. Según el mismo correo, estos pagos se efectuarían únicamente cuando cada entidad realice las gestiones correspondientes en el Sistema Integrado de Información Financiera (Siif).
En ese sentido, el mensaje precisaría: “Las prestaciones de servicios por este mismo concepto que queden pendientes de la vigencia de 2025 se pagarán en enero, una vez se realice por parte de su entidad las gestiones correspondientes en el sistema de información financiera (Siif)”.
El aplazamiento de los pagos a contratistas se daría en un contexto de estrechez fiscal que el Gobierno ya había enfrentado meses atrás.
En agosto de 2025, la liquidez del Estado alcanzó niveles críticos, lo que encendió las alertas sobre su capacidad para cumplir oportunamente con obligaciones básicas como el pago de salarios y pensiones de los trabajadores públicos.
Según un informe del equipo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, el 8 de agosto la caja del Gobierno nacional cayó a un mínimo histórico de $1,8 billones, una cifra que apenas alcanzaba para cubrir menos de dos días de operación.
Este escenario, registrado en pleno mes de agosto, comprometió directamente obligaciones inmediatas que dependen de la disponibilidad diaria de recursos en caja, como los sueldos de los empleados públicos y las mesadas pensionales.
Analistas advirtieron que, de haberse presentado un gasto extraordinario en ese momento, el Ejecutivo habría tenido serias dificultades para responder a estos compromisos laborales esenciales.
Desde el sector financiero se señaló que la falta de liquidez no solo tuvo implicaciones macroeconómicas, sino que impactó de manera directa la estabilidad de miles de hogares que dependen del empleo público y de las pensiones del Estado.
El exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, alertó entonces sobre el riesgo real de incumplimiento financiero que enfrentaba el Gobierno.
“Con la situación el Gobierno enfrenta el riesgo real de incumplir sus compromisos financieros cotidianos, desde sueldos y pensiones hasta otros pagos esenciales”, afirmó, al advertir que este tipo de episodios puede deteriorar la confianza en la gestión fiscal y en la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Aunque durante ese mes el Ministerio de Hacienda anunció nuevas operaciones financieras, como canjes de títulos de deuda interna (TES), con el objetivo de mejorar temporalmente los niveles de caja, expertos advirtieron que se trataba de medidas de corto plazo que no resolvían el problema estructural que llevó a que la liquidez del Gobierno se redujera a niveles críticos.
Restrepo insistió en la necesidad de realizar ajustes oportunos en el manejo del gasto público y una mejor priorización presupuestal para evitar que se repitan situaciones como la vivida en agosto, cuando el Estado quedó con una liquidez insuficiente para garantizar con holgura el pago de salarios y pensiones de los trabajadores públicos.
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