La captura del coronel Julián Ferney Rincón, comandante de la Brigada de Aviación No 32 del Ejército colombiano, representa un avance clave en la investigación por presuntas irregularidades en el contrato de mantenimiento de los helicópteros MI17, valorado en USD 32 millones.
La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación disciplinaria para esclarecer la posible responsabilidad de funcionarios civiles y militares en este caso, según informó Semana.
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Las acciones disciplinarias podrían derivar en sanciones como la destitución o la inhabilidad para ejercer cargos públicos.
La operación que llevó a la detención del coronel Rincón se realizó en el Fuerte Militar de Tolemaida, en Cundinamarca, y fue confirmada por la División de Asalto Aéreo del Ejército.
Junto a Rincón, otros oficiales y suboficiales también fueron capturados, todos señalados por la Fiscalía General de la Nación de participar en presuntas irregularidades relacionadas con el contrato de mantenimiento de la flota de helicópteros MI17.
Los delitos imputados incluyen contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, de acuerdo con la información recogida por el medio mencionado.
El contrato, identificado como el No 012 de 2024, ha sido objeto de cuestionamientos por parte de diversos sectores.
La Fiscalía sostiene que el coronel Rincón tenía bajo su responsabilidad la supervisión de la flota aérea de los MI17 y que, presuntamente, habría intervenido en procedimientos irregulares durante la ejecución del contrato.
La Procuraduría, por su parte, busca determinar si existió omisión de funciones por parte de servidores públicos, tanto del Ministerio de Defensa como del Ejército, lo que podría constituir faltas disciplinarias graves.
En el marco de la indagación disciplinaria, la Procuraduría se propone establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la firma y ejecución del contrato. El objetivo es concretar si hubo omisiones o irregularidades que ameriten sanciones disciplinarias, como la destitución del cargo o la imposición de una inhabilidad prolongada para ejercer funciones públicas.
Como parte de las acciones de control, la delegada para la Fuerza Pública de la Procuraduría ordenó una inspección disciplinaria tanto al Ministerio de Defensa como a la Brigada de Aviación No 32, unidad que estaba bajo el mando del coronel Rincón.
Esta inspección busca recopilar toda la documentación e información relevante sobre el contrato de mantenimiento, abarcando desde las fases previas a la contratación hasta la ejecución del acuerdo.
La Fiscalía investiga a altos cargos del Ministerio de Defensa por presunta corrupción en contrato de helicópteros
Un juez penal de control de garantías emitió cinco órdenes de captura contra militares y funcionarios del Ministerio de Defensa por presuntas irregularidades en un contrato de USD32 millones con la empresa estadounidense Vertol Systems para el mantenimiento de helicópteros rusos MI-17.
La Fiscalía General de la Nación informó que la investigación apunta a un posible direccionamiento ilegal del contrato, que habría favorecido indebidamente al contratista, el cual no contaría con la experiencia ni la capacidad técnica necesarias para asumir la responsabilidad del mantenimiento de la flota.
La fiscal general Luz Adriana Camargo subrayó la prioridad de este caso por su impacto económico y estratégico, al tratarse de la operatividad de aeronaves consideradas esenciales para la seguridad nacional.
“Estamos hablando del contrato que se realizó para garantizar el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17, por valor de 32 millones de dólares. Hoy se hicieron efectivas cinco capturas contra militares y particulares que probablemente estarían implicados en irregularidades de naturaleza contractual”, señaló Camargo.
Entre los capturados figuran Hugo Alejandro Mora Tamayo, funcionario de la secretaría general del ministerio y director de contratación, detenido en Manizales; el coronel Julián Rincón, de la Brigada de Aviación del Ejército Nacional, capturado en el fuerte militar de Tolemaida; y Diego Alejandro Manrique Cabezas, asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio de Defensa, aprehendido en Bogotá.
Además, existen órdenes de captura pendientes contra Carlos Martín Uribe Forero y James Montgomerie, representantes legales de Vertol Systems, quienes estarían fuera del país y serían buscados por Interpol mediante notificaciones rojas.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que, gracias a labores de contrainteligencia del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía, se logró la captura de siete integrantes del Ejército (cuatro oficiales y tres suboficiales) presuntamente vinculados a los hechos de corrupción. Las detenciones se realizaron en Popayán, Ocaña, Pasto, Tolemaida y Larandia, tras más de siete meses de investigación.
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