
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, denunció que la decisión de la Comisión Séptima del Senado de archivar la reforma al sistema de salud en Colombia representa un retroceso en los avances sociales y estructurales que el Gobierno buscaba implementar.
De acuerdo con Jaramillo, la medida impide la transformación del sistema, especialmente en aspectos como el pago oportuno a clínicas y hospitales, el acceso garantizado a medicamentos y la formalización laboral de los trabajadores del sector.
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El ministro subrayó que, con el archivo del proyecto, la carga financiera del sistema de salud sigue recayendo principalmente sobre los ciudadanos, mientras que los grandes empleadores quedan exentos de mayores responsabilidades.
En declaraciones recogidas tras la votación, Jaramillo cuestionó frente a los medios que el argumento central esgrimido por la Comisión Séptima, que justificó el archivo del proyecto alegando la falta de financiamiento.
El ministro calificó esta justificación como “una gran mentira” y sostuvo que la iniciativa sí contaba con respaldo fiscal. Detalló que el proyecto preveía un aumento de un punto del PIB, lo que equivaldría a cerca de 18 billones de pesos, además de recursos adicionales provenientes de impuestos saludables, IVA social y más de un billón de pesos destinados al pago de deudas de hospitales y clínicas.

El jefe de la cartera de Salud enfatizó que el Ministerio de Salud había ratificado el aval fiscal desde septiembre de 2024.
“Entonces, sí estaban los recursos, estaba el aval fiscal. Desde el mes de septiembre el ministerio ratificó eso, pero quisieron hundir la reforma para no afrontar lo que queremos reformar, que es que los dineros no lo sigan manejando los particulares, que el dinero sirva para que se le pague a las clínicas y a los hospitales y haya acceso libre para todos los pacientes para que los medicamentos sean pagados en forma oportuna para que todos los reciban para que podamos acabar con la integración vertical cuando la EPS”, afirmó Jaramillo.
El ministro recordó que la Cámara de Representantes ya había aprobado el proyecto en dos ocasiones, lo que, a su juicio, evidencia el respaldo político y técnico que tenía la reforma. Jaramillo insistió en que la decisión de la Comisión Séptima favoreció los intereses de unos pocos y perjudicó el derecho a la salud de la mayoría de los colombianos.
A pesar del archivo, aún queda pendiente la definición de la apelación que busca salvar el proyecto de reforma al sistema de salud.
Exministros respaldan archivo de la reforma a la salud en Colombia

En contraste, un grupo de 19 exministros y exviceministros de Salud expresó su respaldo a la decisión del Senado de Colombia de archivar la reforma a la salud, calificando esta acción como un acto de responsabilidad institucional.
En un comunicado, enfatizaron que el proyecto de Ley 410 de 2025 no ofrecía soluciones a los problemas básicos del sistema y que pretendía concentrar la gestión en el Estado sin demostrar la capacidad necesaria ni presentar garantías de financiamiento. Aseguraron: “La reforma nunca contó con aval fiscal, ni presentó una estimación creíble de costos”.
El pronunciamiento detalla una crisis humanitaria en el sector sanitario, caracterizada por escasez de medicamentos, suspensión de tratamientos, cierres de servicios, deterioro hospitalario y un aumento de reclamos y acciones legales.
Los firmantes señalaron que la intervención estatal en entidades de salud agravó estos problemas, afectando la atención a pacientes y generando “desabastecimiento y cierre de servicios”.
Los exfuncionarios criticaron el incumplimiento de órdenes judiciales por parte del Gobierno, especialmente ante las decisiones de la Corte Constitucional respecto al financiamiento del sistema, sosteniendo que “la solicitud de prórroga presentada por el Ministerio de Salud fue negada”.

El grupo pidió al Ejecutivo respuestas inmediatas y rigurosas, particularmente en el abastecimiento de medicamentos y la financiación del sistema para 2026. Recomendaron dejar de lado la confrontación, convocar a un diálogo técnico y sustentado en la evidencia, y evitar reformas sin respaldo financiero o planes claros.
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