El Congreso de la República de Colombia se convirtió en escenario de un fuerte debate político después de que la legisladora Clara López, representante del Pacto Histórico, impulsó un acto oficial para reconocer a Angie Rodríguez, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
El motivo fue la entrega de la Orden a la Mujer y a la Democracia ‘Policarpa Salavarrieta’, distinción dedicada a mujeres destacadas en la vida pública nacional.
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Tras lo anterior, el senador Jota Pe Hernández rechazó públicamente la distinción otorgada a Rodríguez y la relacionó directamente con un episodio trágico reciente en el Congreso.
En un publicación en la red social X, Jota Pe Hernández expresó: “NO PUEDO SER HIPÓCRITA!! Ojalá este fin de año recuerde que un senador fue asesinado mientras ella se burlaba”, dejando clara su oposición hacia el homenaje promovido por López.
Según el senador, la directora del Dapre “era la encargada de levantar la sucia bandera de guerra a muerte” mientras el presidente Gustavo Petro lanzaba advertencias dirigidas a parlamentarios opositores.
Sobre los hechos, la controversia escaló cuando Hernández relacionó estos gestos simbólicos con el asesinato de un colega suyo (Miguel Uribe Turbay), ocurrido tras declaraciones hechas en un acto público por el presidente.
Durante un video difundido en X, el congresista amplió su posición: “Allá detrás de donde usted está parada hay una silla vacía. Yo creo que usted la vio. Tiene una bandera de Colombia y es la de un compañero de nosotros, Miguel Uribe, que fue asesinado”.
El senador sostuvo que el homicidio sucedió poco después de que, en una tarima, el presidente Gustavo Petro manifestó que existía “una guerra a muerte”, y Angie Rodríguez ondeó la bandera con el mensaje “libertad o muerte”.
En otro momento del video, Hernández recalcó: “El 24 de diciembre, seguramente usted se sentará en una mesa y disfrutará de una cena con su familia, pero en la mesa de la casa de Miguel hay un niño que ya no tiene a su papá”.
Para el legislador, la condecoración resulta un acto insensible frente a la situación de las víctimas, apuntando que “el entró aquí con votos y lo sacaron con balas. Él salió del Congreso, literal, en un cajón de madera”.
Déficit en ejecución y riesgo de devoluciones: informe de Angie Rodríguez expone fallos en atención a La Mojana
Un informe elaborado por Angie Rodríguez, ha desencadenado una respuesta inmediata de la Contraloría General.
Según detalló Semana, la funcionaria, responsable encargada del Fondo de Adaptación desde noviembre, denunció retrasos y baja eficiencia en la ejecución de recursos asignados para la respuesta a emergencias climáticas, específicamente en zonas críticas como La Mojana.
El Fondo de Adaptación, creado para gestionar proyectos de adaptación al cambio climático y atención de desastres naturales, concentra su actividad en regiones vulnerables frente a los fenómenos de El Niño y La Niña.
El informe al que tuvo acceso Semana revela que la ejecución presupuestal en áreas prioritarias permanece por debajo del 3%, cifras que calificó la directora como “desastrosas”.
De acuerdo con la denuncia, “la gestión reciente es alarmante: en 2024 el Ministerio de Hacienda solicitó el reintegro de casi $200 mil millones por no ejecución”.
El análisis, presentado como denuncia formal, sirvió de base para que la Contraloría abriera una indagación preliminar sobre el manejo de los recursos públicos destinados a mitigar los efectos de la ola invernal de 2010-2011.
La investigación se centrará inicialmente en las inversiones para reducir inundaciones en La Mojana y la falta de avance en estudios y diseños indispensables para nuevas obras de protección.
Rodríguez alertó que “solo se ha ejecutado el 47% de las metas programadas para 2025”. Una posible consecuencia de este rezago es la devolución de 235 mil millones de pesos al Estado.
El Fondo ha manejado más de $8,3 billones desde su creación, pero la alerta está en la gestión de los últimos años: “Se han pagado $7,6 billones, con una ejecución histórica del 90%, pero la reciente administración enfrenta cuestionamientos”.
La Contraloría vigilará inversiones “cuestionables”, entre las que figuran la Plataforma MojanIA, la Ruta del Arroz y la Investigación Hidrodinámica. En La Mojana, 400.000 personas siguen en riesgo ante el bajo avance de soluciones reales.
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