La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos y citó a juicio disciplinario al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a tres exministros y a miembros de la junta directiva del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) por graves irregularidades en la implementación del nuevo sistema de atención en salud para los maestros.
La actuación disciplinaria involucra también a Ricardo Bonilla, Gloria Inés Ramírez y Aurora Vergara, que ocuparon las carteras ministeriales de Hacienda, Trabajo y Educación respectivamente.
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Entre los citados a juicio se encuentran Georgina Arroyo y Christian Rey Camacho, representantes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) en la junta del Fomag, además de Magda Lorena Giraldo.
Asimismo, fue llamado Jhon Mauricio Marín, presidente de la Fiduprevisora, señalado públicamente por presuntas irregularidades en la gestión del modelo de atención en salud para el sector educativo.
Según el Ministerio Público, las faltas detectadas en el proceso habrían generado situaciones especialmente delicadas en la prestación del servicio de salud a los docentes, motivo por el que el organismo consideró necesario iniciar el juicio disciplinario, tanto para los funcionarios en ejercicio como para los que ya dejaron sus cargos dentro de la estructura del Estado.
El proceso disciplinario impulsado por la Procuraduría también involucró la revisión del papel de Luis Carlos Leal, que ejercía como superintendente de Salud. Según determinó la autoridad disciplinaria, el caso de Leal fue archivado al considerar que “no se encuentra mérito para considerar que el superintendente nacional de Salud, conforme con las normas que han quedado expuestas, hubiera incurrido en incumplimiento de sus deberes funcionales, toda vez que las pruebas aportadas dan cuenta de las labores de vigilancia y control que se desplegaron antes y durante la operación del nuevo modelo de salud para el Magisterio”.
El pliego de cargos presentado por la Procuraduría se estructura en tres niveles: el primero corresponde a los miembros del Consejo Directivo responsables de definir los lineamientos generales para el nuevo modelo; el segundo involucra al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, debido a las funciones técnicas asociadas a la implementación; y el tercero señala a la Fiduprevisora, por su responsabilidad en la puesta en marcha del proyecto. A estos se suma la Superintendencia de Salud, cuyo rol era supervisar la estrategia integral.
El documento, suscrito por el delegado Esiquio Sánchez, señala que la investigación formal sobre los nueve procesados se inició el 7 de junio de 2024 y, tras varios procedimientos, alcanzó la fase actual. De acuerdo con Sánchez, tanto el ministro como varios exintegrantes del gabinete y otros funcionarios habrían vulnerado los principios de eficacia y economía, atribuyéndoles una “culpa gravísima” por una desatención calificada como elemental en el manejo del proceso.
Procurador Eljach exigió al ministro de Salud cumplir fallos de la Corte Constitucional tras nueva solicitud de prórroga
El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, dirigió un llamado al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, luego de conocerse la petición oficial de la cartera de Salud a la Corte Constitucional solicitando una prórroga para entregar la información requerida sobre la orden de reajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Según el documento enviado a la Sala de la Corte, el ministerio argumentó que los requerimientos judiciales son “disímiles” y exigen un amplio traslado documental, por lo cual el plazo vigente, en su concepto, resulta insuficiente para dar cumplimiento en los términos fijados.
El ministerio advirtió que solicitará una “prórroga razonable del término establecido en el numeral 2.1. del ordinal Segundo de la parte resolutiva del Auto 2049 de 2025”, anticipando que enviará a los magistrados resultados de acciones concretas que actualmente desarrolla, especialmente relacionadas con los puntos segundo y tercero del mandato considerado presuntamente incumplido.
Sobre este proceder, Eljach declaró que, más allá de los posibles desacuerdos, las decisiones de la justicia deben acatarse sin dilación. Sostuvo que “una cosa puede ser que haya legalidad en algunos trámites que pueden dilatar el efecto de las decisiones, pero al final la decisión sigue siendo la misma y es mejor a la justicia respetarla”.
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