El Comando del Ejército Nacional emitió un pronunciamiento oficial en respuesta a las revelaciones periodísticas publicadas por la revista Semana, en las que se exponen denuncias penales, auditorías reservadas y testimonios internos sobre presuntas irregularidades en el Comando de Ingenieros, una de las unidades más estratégicas de la institución.
En su comunicación, la Fuerza explicó que los hechos mencionados ya habían sido puestos en conocimiento de las autoridades competentes y que actualmente existen investigaciones disciplinarias, fiscales y penales en curso.
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Las denuncias periodísticas señalan una posible red de corrupción estructurada, con contratos inflados, deficiencias en la planeación de obras y presunto uso indebido de la figura de emergencia sanitaria, hechos que habrían generado pérdidas multimillonarias al Estado y comprometido la responsabilidad de oficiales en servicio activo. Ante este panorama, el Ejército presentó ocho precisiones oficiales con el objetivo de contextualizar y aclarar los señalamientos.
Procesos conocidos por los entes de control
En su primer punto, el Ejército indicó que los hechos referidos en el informe periodístico no son recientes ni desconocidos para la institución.
Según el comunicado, “los hechos mencionados corresponden a procesos administrativos y contractuales que con anterioridad fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes”, entre ellas la Fiscalía General de la Nación, la Justicia Penal Militar y Policial, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.
Esta aclaración responde a los señalamientos de Semana, que advierten sobre presuntas pérdidas de miles de millones de pesos y posibles responsabilidades de altos mandos, a partir de informes reservados y denuncias internas.
Investigaciones disciplinarias por el caso Bonaca
En el segundo punto, el Ejército se refirió de manera directa a las obras de saneamiento básico en la Base Militar de Bonaca, uno de los casos más sensibles revelados por el medio. La institución explicó que la misión de trabajo 090 de 2024, adelantada por la Inspección General del Ejército, “advierte de la existencia de unas supuestas irregularidades en las cuales al parecer se ve comprometida la responsabilidad de dos señores Oficiales Generales”, por una “posible omisión en el cumplimiento de funciones asociadas al liderazgo, mando, control y seguimiento”.
Por estos hechos, se confirmó que se adelanta una investigación disciplinaria contra los oficiales, así como otras dos investigaciones adicionales, las cuales “se encuentran en curso y gozan de reserva legal”. El Ejército informó que tres funcionarios fueron retirados de la institución y dos más trasladados, mientras avanzan las indagaciones, y que el caso también fue remitido a la Fiscalía y a la Justicia Penal Militar y Policial.
Uso de la figura de emergencia sanitaria
Frente a uno de los cuestionamientos centrales planteados por Semana, relacionado con el uso de la emergencia sanitaria para adjudicar contratos de manera directa, el Ejército explicó que esta decisión se sustentó en una orden ambiental. Según el comunicado, mediante auto del 6 de marzo de 2024, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ordenó “mitigar el impacto ambiental producido por el vertimiento de aguas residuales en el predio denominado Bonaca, en un término no superior a un (1) mes”.
Ante esta situación, la institución precisó que dio aplicación a la Ley 142 de 1994, una norma especial que permitió atender la emergencia “sin vulnerar lo exigido en la Ley 80 de 1993”.
Negación sobre venta de pliegos de contratación
En el cuarto punto, el Ejército rechazó las versiones recogidas por Semana según las cuales los pliegos de condiciones se venderían a contratistas por sumas entre 100 y 500 millones de pesos. Al respecto, señaló que “el Comando de Ingenieros no es el responsable ni interviene en la elaboración de los pliegos de condiciones”, ya que esta función corresponde a las Centrales Administrativas y Contables (CENAC), conforme a la Ley 80 de 1993.
Aeródromo de La Guajira y presunto detrimento patrimonial
Sobre el aeródromo Buenavista, en La Guajira, el Ejército afirmó que no existe detrimento patrimonial y que actualmente la pista “se encuentra operando con aval de la Aeronáutica Civil y la Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado”. Según explicó, las autoridades certificaron el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad operacional tras pruebas realizadas en 2024. Además, aclaró que “no se trató de una obra nueva”, sino de trabajos de mantenimiento y ampliación.
Obras en Tolemaida y Nariño
En el sexto punto, la institución se refirió a los contratos por más de 14.000 millones de pesos cuestionados por deficiencias de planeación. El Ejército aseguró que “todas las obras fueron finalizadas y se encuentran en servicio”. No obstante, reconoció que la Contraloría General de la República realizó un hallazgo en la construcción de aulas en Tolemaida, el cual “se encuentra dentro de una investigación que adelanta la CENAC de Ingenieros”.
Rechazo al término “roscograma”
El Ejército también respondió al uso del término “roscograma” en el artículo periodístico. En su séptimo punto, rechazó este calificativo al considerar que “desconoce la idoneidad, experticia y preparación profesional de los comandantes del Comando de Ingenieros”, subrayando que los oficiales designados deben cumplir estrictos requisitos de jerarquía y conocimientos técnicos y tácticos.
Inspector General y alcance de las investigaciones
Finalmente, en el octavo punto, el Ejército explicó que la designación del Inspector General responde a criterios de antigüedad en la línea de mando. Frente a los cuestionamientos, indicó que “el Comando del Ejército ordenó y adelantó la investigación disciplinaria correspondiente”, la cual fue asumida por poder preferente de la Procuraduría General de la Nación.
Asimismo, aclaró que la Inspección General “no investiga, solo adelanta inspecciones y evaluaciones”, y que las competencias investigativas están definidas por la ley.
Con este pronunciamiento, el Ejército respondió de manera directa a las revelaciones de Semana, reiterando que las investigaciones continúan en curso y que será la actuación de los organismos de control la que determine eventuales responsabilidades.
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