La Fiscalía General de la Nación avanza en la desarticulación de una red criminal dedicada a la extracción ilegal de oro en el noreste y el Bajo Cauca antioqueño, una organización que habría pagado a funcionarios públicos y grupos armados para garantizar la continuidad de sus operaciones ilícitas.
El valor de los bienes vinculados a esta estructura supera los $373.000.000.000, según estimaciones oficiales, lo que revela la magnitud del impacto económico y social de sus actividades.
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Cinco presuntos articuladores de la organización fueron capturados y judicializados. Entre ellos figura María Consuelo Jiménez Salazar, señalada como responsable de administrar el dinero proveniente de la actividad ilegal y de coordinar la obtención y venta del oro.
También comparecieron ante un juez Yurley Orrego Trujillo y Luciano Antonio Arbeláez Ochoa, identificados como presuntos administradores de varios frentes de explotación ilícita. Jhon Wilmar Cabrera Gonzáles habría estado encargado del transporte de repuestos y de la contratación de mecanismos para reparar la maquinaria utilizada en los entables mineros. Por su parte, Bernardo de Jesús Orrego habría prestado un título minero con el objetivo de intentar legalizar tres lingotes de oro incautados, una acción que, según las investigaciones, buscaba evitar la captura de uno de los integrantes de la organización.
Las pruebas recabadas indican que el grupo habría pagado a servidores públicos para que alertaran sobre operativos en la zona y entregado dinero a estructuras criminales con presencia en el departamento, facilitando así la extracción, transporte y comercialización del oro. La investigación reveló que la red operaba en convivencia con grupos armados y autoridades de distintos niveles, incluyendo miembros de la fuerza pública y funcionarios administrativos, lo que habría permitido la continuidad de sus actividades en la región.
Cuatro de los procesados aceptaron cargos ante el juez y deberán permanecer privados de la libertad en su lugar de residencia. Los delitos imputados incluyen concierto para delinquir con fines de explotación ilícita de yacimiento minero, extracción ilícita de yacimiento minero y fraude procesal. En el caso de Luciano Antonio Arbeláez Ochoa, la imputación abarca el delito de concierto para delinquir agravado, conforme al artículo 340 del Código Penal, por su presunta participación en la explotación ilícita de yacimientos mineros.
Las verificaciones en campo y sobrevuelos realizados en sectores como Tinitasita y Naranjal permitieron constatar el uso de maquinaria pesada en áreas sin títulos mineros vigentes. Se conoció que el único título minero presente en la zona carece de licencia ambiental, evidenciando la irregularidad de la actividad en esa región.
Como parte de la investigación, el ente acusador anunció que continuará recolectando pruebas y verificando los bienes asociados a la red, incluyendo propiedades, maquinaria y títulos mineros. Además, los investigadores examinarán posibles vínculos financieros con terceros y determinarán si existen más responsables en la cadena de comercialización del oro, en un esfuerzo por desmantelar completamente la estructura delictiva.
Capturan a banda criminal que robaba motos en Medellín
Tras un extenso proceso de 18 meses de investigaciones, las autoridades de Medellín, Antioquia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron desarticular una red criminal especializada en el hurto, adulteración y legalización fraudulenta de motocicletas en diversas regiones del país. Este operativo, que culminó con la captura de ocho personas, expone la sofisticación de los mecanismos empleados para dar apariencia de legalidad a vehículos robados, afectando directamente a ciudadanos que adquirieron estos automotores sin conocer su origen ilícito.
En el desarrollo de la investigación, se determinó que la organización no solo robaba motocicletas, también alteraba los números de motor y chasis. Posteriormente, mediante el uso de documentación presuntamente falsificada, los vehículos eran incorporados de manera irregular al sistema RUNT, lo que les permitía ser comercializados principalmente a través de plataformas digitales. Esta modalidad facilitó que compradores de buena fe adquirieran motocicletas con antecedentes o alteraciones graves, generando un impacto negativo en la confianza del mercado y en la seguridad jurídica de los propietarios.
El brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, destacó la importancia del trabajo coordinado entre las unidades de la Seccional de Investigación Criminal y la Fiscalía. Según sus declaraciones, la labor conjunta permitió recopilar evidencia técnica, identificar los roles dentro de la organización y ejecutar las órdenes de captura en Medellín y en otros dos municipios del país.
El oficial subrayó: “Logramos asestar un contundente golpe contra una estructura delincuencial dedicada al hurto y comercialización fraudulenta de automotores en diferentes partes del país. Durante el desarrollo del procedimiento, se logró establecer que dentro de la estructura participaban dos exfuncionarios y un funcionario activo del organismo de tránsito del municipio de Planeta Rica”.
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