Seis ciudadanos originarios de China y dos de Colombia fueron judicializados por las autoridades, señalados de integrar una red dedicada al contrabando, que, según la Fiscalía General de la Nación, permitió el ingreso ilegal de containers con textiles provenientes de Asia desde 2022.
De acuerdo con la información oficial que compartió el organismo de control, las importaciones ilegales habría sido la manera con la que se habrían lavado activos por 71.500 millones de pesos y generado un incremento patrimonial injustificado de 2.690 millones de pesos.
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La investigación señaló que la mercancía se transportaba en tractocamiones hacia Bogotá, donde los involucrados presuntamente lograron coordinar operaciones para evadir los controles de las autoridades.
Según expuso la Fiscalía, los containers con textiles ingresaron al país por rutas no autorizadas y fueron distribuidos en reconocidos puntos de comercio de la capital.
Durante el proceso investigativo, la Fiscalía interceptó un audio en el que dos presuntos miembros de la red discutían la descarga de mercancía sin ser detectados por la Policía.
Esta evidencia permitió a las autoridades realizar varias aprehensiones e incautar al menos siete cargamentos. Los operativos de captura se llevaron a cabo de manera simultánea en Bogotá y Cali.
El fiscal encargado del caso explicó que la estructura ilegal recurría a sobornos para facilitar el tránsito de la mercancía desde el puerto de Buenaventura hasta los puntos de venta.
Una vez ingresados al país, los productos eran transportados en tractocamiones hacia Bogotá, donde siete sociedades se encargaban de su distribución tanto al por mayor como al detal.
La mercancía llegaba a diversos sectores comerciales de la capital y de otras ciudades, incluyendo Ipiales (Nariño), Popayán (Cauca), Medellín (Antioquia), Pereira (Risaralda), Sogamoso (Boyacá), Bucaramanga (Santander) y Cúcuta (Norte de Santander), desde donde se vendía a mayoristas y otros distribuidores.
La Dian estableció una estrategia para evitar las importaciones ilegales en Colombia
Para la temporada de fin de año, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian)desplegó un operativo de gran escala para combatir el ingreso y la distribución de mercancía ilegal en Colombia, con el objetivo de proteger el comercio formal y asegurar condiciones equitativas para los empresarios que cumplen con la normativa vigente.
Según declaraciones de Carlos Emilio Betancourt, director general encargado de la Dian, al diario económico La República, este plan busca evitar que productos sin certificación sanitaria lleguen a los consumidores, especialmente en un periodo donde el consumo se incrementa de manera significativa.
En la fase más reciente de este programa, la Dian ha intensificado los controles en bodegas, depósitos y centros de distribución, priorizando la identificación de grandes organizaciones responsables de la introducción y almacenamiento de mercancía de procedencia y permanencia ilegal.
Betancourt detalló que los operativos actuales no se dirigen a los pequeños establecimientos de comercio, sino a los eslabones superiores de la cadena del contrabando, que representan una amenaza directa para la economía nacional. Además, la entidad ha hecho un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier sospecha de comercialización ilegal de productos, reforzando así la colaboración entre el sector público y la sociedad civil.
El despliegue operativo ha involucrado a más de 300 funcionarios de la Dian y cerca de 200 integrantes de la Policía Fiscal y Aduanera, el Invima y autoridades territoriales, quienes han intervenido en trece ciudades del país.
Las acciones de control se han concentrado en los principales corredores logísticos y zonas de alta actividad comercial, con especial atención en los sectores de licores, cigarrillos, tecnología y calzado.
Estos rubros han sido históricamente utilizados por redes de contrabando para evadir controles y distorsionar la competencia leal, según explicó Betancourt.
El plan de cerco estratégico forma parte de los acuerdos establecidos en las mesas nacionales y regionales anticontrabando, en las que participan entidades nacionales, locales y gremios empresariales.
La Dian implementó herramientas de analítica de datos, inteligencia y recopilación de información compartida por organizaciones aliadas y representantes de marcas que permiten identificar bodegas, centros de acopio y parques industriales donde se almacenan grandes volúmenes de mercancía ilegal.
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