La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a Claro por vulnerar el derecho a la portabilidad numérica de los usuarios beneficiarios del programa Última Milla Móvil Mintic 1, según lo establecido en la Resolución 95096 de 2025.
La entidad determinó que Comcel S.A. (Claro) rechazó múltiples solicitudes de portación, argumentando la existencia de una supuesta mora asociada a líneas pertenecientes a beneficiarios del plan ‘Última Milla Móvil Mintic 1 NavegaTIC’.
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La investigación concluyó que la conducta de la empresa constituyó un incumplimiento de las obligaciones en el régimen de portabilidad numérica, lo que llevó a la imposición de una multa superior a $2.013 millones.
La Superintendencia explicó que el programa ejecutado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tenía como objetivo “promover la inclusión digital, mediante la entrega de planes móviles a estudiantes de instituciones educativas oficiales, así como a población en condición de vulnerabilidad, en estratos 1 y 2, de diversos municipios del país”.
Los beneficiarios del programa accedían al servicio sin contraprestación económica mensual, recibiendo “navegación con un paquete de datos y minutos ilimitados para llamadas nacionales, además de acceso sin consumo de datos a un conjunto de páginas web y aplicaciones de interés educativo y ciudadano”, según el comunicado oficial que se conoció el 11 de diciembre de 2025.
La falta cometida por Claro radicó en que, aunque las condiciones del programa establecían que los usuarios que realizaran la portabilidad de su línea perdían el beneficio otorgado por el MinTIC, la empresa “interpretó dicha consecuencia como una supuesta deuda o ‘mora’ y, con base en ello, rechazó las solicitudes de portabilidad numérica, sin que pudiese acreditar la existencia real y efectiva de la supuesta mora de los usuarios”, señaló la Superintendencia de Industria y Comercio.
La entidad consideró grave esta conducta porque “Claro vulneró el derecho de los usuarios a elegir y a cambiar su operador, uno de los pilares del régimen de portabilidad numérica, el cual busca -precisamente- que en el mercado no se presenten barreras o prácticas que afecten la libertad de elección individual”.
La Superintendencia de Industria y Comercio afirmó que con esta decisión “reafirma su compromiso con la protección de los derechos de las y los usuarios en el mercado de las telecomunicaciones, y da cuenta de las acciones efectivas que ha venido implementado la SIC del Cambio en pro de un mercado basado en la garantía de los derechos de los consumidores”.
Contra la sanción impuesta, la Superintendencia informó que procede el recurso de reposición ante la directora de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones y el de apelación ante la Superintendente Delegada para la Protección del Consumidor.
Jennifer Pedraza se fue en contra de la superintendente Cielo Rusinque
La Superintendencia de Industria y Comercio aprobó la integración entre Tigo y Movistar el 14 de noviembre, una decisión que, según la superintendente Cielo Rusinque, busca “mayor cobertura, mayor calidad y mejor precio para los consumidores, y mejores condiciones de acceso al servicio”.
Rusinque afirmó que la medida fue resultado de un proceso de concertación y que se establecieron condiciones para proteger la competencia frente a Claro y evitar impactos negativos en el sector.
Desde la segunda mitad de noviembre, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza ha manifestado su desacuerdo, advirtiendo que la unión de las empresas podría reducir la competencia y afectar el desarrollo del sector de telecomunicaciones.
Pedraza sostuvo que la falta de acciones para limitar la posición dominante de Claro no justifica la creación de un duopolio, y reclamó regulaciones más estrictas y mayor transparencia en la administración del Fondo Único de las TIC.
En una de sus publicaciones, la congresista afirmó: “Eso es darle más veneno al intoxicado. Al revés, era hora de darle el antídoto. Y rectificar limitando al dominante y manejando transparentemente el Fondo Único de las TIC”.
La funcionaria Cielo Rusinque defendió la decisión en redes sociales, señalando que algunos medios estaban distorsionando la información y que la integración fue aprobada con condicionamientos para “intensificar las dinámicas competitivas en el sector y proteger los derechos de los usuarios”.
Rusinque aseguró que los agentes del sector se verán beneficiados y que se espera un impacto positivo inmediato en las tarifas.
Por su parte, Jennifer Pedraza criticó abiertamente la lógica de permitir la formación de un duopolio, considerando que no promoverá una mayor competencia.
En su cuenta de la red social X, la legisladora escribió: “Aprobar la creación de un duopolio = ‘intensificar la competencia’. Ese cuento no se lo cree nadie. Es microeconomía de primer semestre Señora Rusinque”. Pedraza también señaló que, en una situación similar bajo otro gobierno, la superintendente habría adoptado una postura crítica.
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