
La decisión del régimen de Venezuela de suspender la liberación de 89 colombianos detenidos en sus cárceles generó un nuevo foco de tensión diplomática, luego de que el régimen de Nicolás Maduro manifestara su descontento por declaraciones atribuidas a la canciller colombiana Rosa Yolanda Villavicencio en una entrevista con Bloomberg.
Según la Cancillería de Colombia, la interpretación de las palabras de Villavicencio por parte de la opinión pública y los medios de comunicación habría provocado el malestar en Caracas, lo que terminó por afectar el avance de las negociaciones para la excarcelación de los connacionales.
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El proceso de liberación, que contemplaba la salida de los colombianos en noviembre, se detuvo poco después de que Villavicencio, en Madrid, expusiera ante Bloomberg posibles alternativas para una transición política en Venezuela.
Entre las opciones mencionadas, la canciller sugirió que Maduro podría abandonar el poder sin enfrentar prisión, y que otra figura podría liderar el proceso hacia elecciones legítimas.

Villavicencio afirmó al medio: “Maduro estaría dispuesto a aceptarlo. Podría irse sin necesidad de acabar en la cárcel; otra persona podría liderar esa transición y permitir elecciones legítimas”. Además, consideró que este plan de salida segura para el mandatario venezolano podría ser “la opción más sana”, aunque advirtió que requeriría el respaldo de la oposición, encabezada por la Nobel de Paz María Corina Machado.
La canciller Rosa Villavicencio, en respuesta a la controversia, sostuvo que las declaraciones de Villavicencio fueron “tergiversadas” y que la reacción del régimen venezolano se basó en interpretaciones erróneas difundidas por los medios y la opinión pública.
Este desencuentro diplomático interrumpió un proceso que había mostrado avances concretos: el 24 de octubre de 2025, el régimen venezolano liberó a 17 colombianos tras varios meses de gestiones lideradas por la Cancillería de Colombia.
El desarrollo de estas negociaciones está marcado por las denuncias de familiares y organizaciones de derechos humanos sobre la situación de los colombianos detenidos en Venezuela.
El diario El Tiempo documentó testimonios de personas que aseguran haber sido privadas de la libertad sin haber cometido delitos y sin acceso a un debido proceso.

Wilson Javier Vargas Jiménez, uno de los afectados, relató al medio: “Es una orden presidencial secuestrar gente para hacer parecer que todos quieren matar a Maduro. Ellos saben que uno es inocente”.
Vargas Jiménez explicó que viajó a Venezuela, específicamente al municipio de San Cristóbal, para entregar medicamentos, aprovechando su estadía en Colombia tras llegar desde Estados Unidos.
Otro testimonio recogido es el del abogado cucuteño Edwin Iván Colmenares, que fue liberado hace apenas un mes. Colmenares declaró: “Esto es completamente político. Teníamos claro que éramos fichas de cambio, porque nadie sabe cuándo va a salir. Hay personas que llevan siete años detenidas sin juicio ni abogado”.
La suspensión de la liberación de los ochenta y nueve colombianos representa un retroceso en los esfuerzos diplomáticos entre ambos países, en un contexto donde las denuncias por detenciones arbitrarias y la falta de garantías procesales continúan siendo motivo de preocupación para las familias y las autoridades colombianas.
17 colombianos liberados narraron condiciones extremas en prisión venezolana

Colombianos liberados tras casi un año de detención en Venezuela relataron las condiciones extremas que enfrentaron en la cárcel El Rodeo I, en la que permanecieron acusados sin pruebas de conspirar contra el régimen de Nicolás Maduro.
Según testimonios recogidos por El Tiempo, los extranjeros eran obligados a escuchar semanalmente los discursos de Diosdado Cabello y soportaban hacinamiento, insalubridad y amenazas constantes.
Durante su reclusión, los detenidos fueron sometidos a interrogatorios prolongados y, en algunos casos, a pruebas con detectores de mentiras. Wilson Javier Vargas Jiménez relató que fue acusado de terrorismo y conspiración, enfrentando cargos que podrían suponer hasta 40 años de prisión, aunque posteriormente se comprobó que su nombre no figuraba en ningún proceso judicial oficial.
Edwin Iván Colmenares, abogado liberado tras negociaciones lideradas por la Cancillería, describió episodios de ansiedad y miedo, y denunció que algunos llevan hasta siete años encarcelados sin juicio.
El ambiente en El Rodeo I está marcado por el temor a una posible incursión militar de Estados Unidos. Los reclusos, según los testimonios, han sido amenazados con represalias en caso de una intervención extranjera.
Brayan Saír Navarro Cáceres, otro de los liberados, advirtió: “Tememos por la seguridad de los compañeros que están ahí. Si llega a pasar algo, ¿cómo hacen para defenderse? Nos tenían como escudos, los que están allá son escudos para ellos”.
La Embajada de Colombia en Caracas visitó recientemente a los colombianos que permanecen en prisión para informarles que las gestiones diplomáticas continúan.
El embajador Milton Rengifo afirmó a El Tiempo: “El Gobierno de Colombia seguirá insistiendo en el respeto por los derechos procesales de cada uno de los detenidos y acompañará los procesos de liberación, en el marco del respeto a la soberanía judicial venezolana y a los canales diplomáticos que actualmente existen entre los dos países. No se puede negar que ha sido una tarea al extremo difícil y nos hemos encontrado por momentos con una ausencia de respuestas por parte de las autoridades venezolanas”.
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