La tensión al interior de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia quedó nuevamente expuesta después de que la magistrada Cristina Lombana presentara una denuncia por presunto acoso laboral contra el actual presidente de esa sala, César Reyes.
La queja, inicialmente radicada ante el Comité de Convivencia Laboral del alto tribunal, fue trasladada a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes tras fracasar los intentos de conciliación, según dieron a conocer Semana y W Radio.
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Según informó Semana, el episodio ocurrió el pasado jueves 4 de diciembre, cuando la Sala Plena de la Corte Suprema decidió remitir a la Comisión de Acusación la queja formalizada por Lombana.
La magistrada había presentado la denuncia ante el Comité de Convivencia Laboral, señalando que el magistrado Reyes la estaba supuestamente acosando laboralmente, al presuntamente desconocer su trabajo, omitir la programación de los casos a su cargo y afectar la convivencia laboral dentro de la misma Sala.
Semana reportó que el Comité de Convivencia llamó a ambos funcionarios a una conciliación, aunque César Reyes se negó a aceptarla, argumentando que esa no era la instancia adecuada para resolver el conflicto.
Debido a este rechazo, y luego de no lograr un acuerdo, los magistrados Marjorie Zúñiga y Carlos Solórzano, que integran el Comité de Convivencia, llevaron la queja a la Comisión de Acusaciones.
W Radio señaló que la conciliación fijada para el 5 de diciembre pasado a las 11:00 AM no se realizó porque el magistrado Reyes, pese a haber sido convocado en varias ocasiones, no asistió.
Ante la imposibilidad de resolver la disputa por la vía interna, el expediente fue remitido al Congreso, que ahora deberá investigar las acusaciones en el contexto de las atribuciones constitucionales y legales que le corresponden.
La denuncia de Lombana no representa el primer episodio de tensiones internas entre magistrados de la Sala de Instrucción.
Ambas medios coincidieron en que existen antecedentes de disputas previas en ese despacho.
Semana recordó que Lombana ya había entablado procesos disciplinarios contra Reyes y otro colega, Misael Rodríguez, acusándolos de extralimitarse en sus funciones, sobre todo por supuestos ofrecimientos de beneficios procesales a involucrados en el caso Ungrd sin el fuero parlamentario aplicable.
De acuerdo con W Radio, la Sala de Instrucción se ha visto envuelta en varios enfrentamientos recientes, algunos de los cuales han desembocado en denuncias cruzadas entre los magistrados.
La emisora aseguró que el Comité de Convivencia Laboral también ha debido atender otras quejas derivadas de desacuerdos y pugnas entre la magistrada Lombana y otros miembros de la sala, como Marco Antonio Rueda.
Semana detalló que la relación entre Lombana y Reyes se ha deteriorado por diferencias personales y cuestionamientos sobre el manejo de investigaciones sensibles. En años recientes, el despacho de Lombana recibió procesos relacionados con el ministro del Interior, Armando Benedetti, aunque parte de esos expedientes terminaron bajo la conducción de Reyes por la radicación de recusaciones.
La controversia entre ambos magistrados alcanzó un momento álgido durante la investigación por presunta manipulación de testigos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
En ese caso, Lombana expresó su preocupación por posibles conflictos de interés, al señalar que Reyes había trabajado como consultor para la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid) y cuestionar su posible vínculo con la esposa del congresista Iván Cepeda, parte relevante del caso Uribe.
Adicionalmente, Semana reveló que parte de las molestias de Lombana obedecen a que, a diferencia de otros magistrados, nunca fue elegida para presidir la Sala de Instrucción.
En respuesta a los señalamientos, W Radio reportó que el magistrado Reyes rechazó las acusaciones, indicando que Lombana interpreta como ataques personales, observaciones sobre sus proyectos y ponencias, y negó haber incurrido en acoso laboral.
La agudización del conflicto fue determinante para que la Corte Suprema decidiera remitir el caso al Congreso, que inicia ahora una nueva investigación sobre las denuncias vertidas por Lombana.
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