La declaración de antiguos miembros del Ejército ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) marcó un hito singular en las investigaciones sobre los llamados ‘falsos positivos’ en Antioquia. Durante las audiencias, los exmilitares no solo admitieron su participación en asesinatos, sino que también relataron cómo algunos de los crímenes afectaron directamente a personas cercanas a ellos. Además, detallaron cómo funcionaba una vivienda destinada a ser usada como sitio de detención temporal previo a las muertes extrajudiciales.
Posterior a dicho evento, el abogado Iván Cancino expresó su postura en su cuenta de X, donde cuestionó la actitud de las autoridades judiciales al señalar: Muy blanditos y permisivos con los terroristas".
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El abogado Iván Cancino utilizó su perfil en la red social X para criticar el trabajo realizado por la JEP, asegurando que el enfoque de la jurisdicción ha recaído principalmente sobre los integrantes del Ejército y otras fuerzas estatales, mientras que, según su opinión, se ha mostrado una actitud indulgente hacia otros grupos armados.
Cancino también cuestionó los avances de la justicia transicional y señaló la falta de indagaciones profundas sobre los posibles nexos entre la antigua guerrilla de las Farc y figuras políticas.
“La @JEP_Colombia solo ha servido para investigar al ejército y fuerza pública. Muy blanditos y permisivos con los terroristas. Pocos y pobres resultados. En días pasados publiqué la respuesta sobre la nula investigación de vínculos de farc con políticos”, escribió el abogado por medio de una publicación en su cuenta de la red social X.
El comentario de Iván Cancino respondió a una publicación realizada previamente por el exministro del Interior del Gobierno de Gustavo Petro, Juan Fernando Cristo.
En su mensaje, Cristo valoró la importancia de los testimonios presentados ante la JEP y destacó el papel del sistema de justicia transicional en el esclarecimiento de hechos violentos cometidos tanto por las antiguas Farc como por miembros de las fuerzas estatales.
Además, subrayó las dificultades inherentes al proceso de reconciliación nacional, señalando que la construcción de verdad y paz requiere tiempo y esfuerzo sostenido, como se ha evidenciado en otras sociedades marcadas por el conflicto.
“El sistema de justicia transicional ha garantizado que los colombianos conozcamos mucha de la verdad de los crímenes atroces de las ex Farc de agentes del estado. Asimilar esa verdad y avanzar en la reconciliación cuesta mucho y tarda décadas, como hemos visto en otras naciones en conflicto”, escribió el exfuncionario público por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.
Entre los años 2002 y 2007, la investigación identificó a cuarenta antiguos integrantes del Ejército y dos ciudadanos como responsables de haber admitido su intervención en la ejecución y ocultamiento de al menos 589 víctimas, posteriormente reportadas de manera fraudulenta como combatientes muertos por unidades vinculadas a la IV Brigada.
Los relatos presentados revelaron que durante un largo periodo, diversas zonas del departamento se vieron afectadas por una estructura organizada dedicada a la manipulación de hechos, la retención ilegal de personas y la simulación de acciones bélicas.
Uno de los testimonios del evento fue el aportado por Andrés Mauricio Rosero, que ocupó el cargo de comandante de pelotón entre 2002 y 2004.
Durante su intervención, Rosero detalló ante los jueces de la JEP el mecanismo empleado para fabricar informes de bajas en combate, señalando que esto respondía a las exigencias de resultados impuestas por los superiores.
También asumió que, en múltiples ocasiones, simularon choques armados con grupos insurgentes para explicar los homicidios. Además, señaló que nunca se realizó una labor de inteligencia que permitiera verificar la identidad de las víctimas, pues las decisiones se basaban exclusivamente en las indicaciones que daban los informantes.
Rosero fue categórico al señalar que, en ese momento, lo único que importaba era presentar resultados.
Reveló que cumplir con las cuotas de bajas permitía acceder a beneficios dentro del Ejército, lo que terminó convirtiéndose en una presión constante para producir muertos, sin importar si las víctimas tenían o no vínculos con grupos armados ilegales.
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