La decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de reconocer al Territorio de los Montes de María como víctima colectiva en el Caso 08 abrió un espacio formal para que las comunidades participen en las diligencias de esclarecimiento sobre crímenes cometidos durante más de tres décadas de conflicto armado.
Con esta acreditación, los representantes territoriales podrán intervenir en audiencias, presentar informes consolidados y proponer rutas para la reparación.
La Sala de Reconocimiento destacó que la solicitud fue respaldada por múltiples organizaciones que coincidieron en la necesidad de agrupar los daños bajo un marco común.
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La decisión contempla que las comunidades actúen mediante vocerías definidas en procesos internos de selección. Según la JEP, esta figura permitirá que la información sea presentada de manera sistemática, sin excluir a poblaciones con históricas limitaciones de acceso a la justicia. Autoridades étnicas y campesinas señalaron que la acreditación responde a años de trabajo comunitario orientado a consolidar memorias compartidas sobre el impacto del conflicto. El auto precisó que la participación colectiva facilitará analizar patrones de violencia reiterados en distintas veredas y corregimientos.
El Caso 08 investiga la responsabilidad de antiguos miembros de la fuerza pública y otros actores en hechos como desplazamientos masivos, asesinatos, desapariciones y agresiones contra la población civil.
Montes de María fue uno de los escenarios más afectados, con dinámicas de confrontación que transformaron la vida productiva y social. La JEP indicó que los relatos comunitarios fortalecerán las líneas de investigación orientadas a establecer responsabilidades diferenciadas. También serán considerados los mapas de riesgo sistematizados por las organizaciones locales.
La Sala consideró que el reconocimiento colectivo es coherente con estándares internacionales aplicables a jurisdicciones transicionales. Destacó que el enfoque territorial permite comprender cómo la violencia afectó la movilidad, la seguridad alimentaria y las economías comunitarias.
El auto señala que las comunidades podrán aportar información sobre daños ambientales y transformaciones derivadas de la presencia de actores armados. Esta participación busca contribuir a medidas restaurativas ajustadas a la realidad local y al contexto histórico del territorio.
Representantes comunitarios indicaron que la acreditación abre una oportunidad para exponer afectaciones estructurales aún persistentes. Afirmaron que esperan que los comparecientes reconozcan patrones y ayuden a reconstruir hechos no esclarecidos por completo. Organizaciones sociales resaltaron que la vocería colectiva permitirá que comunidades dispersas actúen con una hoja de ruta común. También señalaron que los insumos resultantes orientarán planes de retorno y acciones de fortalecimiento institucional.
La JEP explicó que el siguiente paso será definir mecanismos de articulación con la Unidad de Investigación y Acusación y con entidades encargadas del acompañamiento psicosocial. Las comunidades deberán designar delegados que representen prioridades del territorio y presenten propuestas de reparación. El tribunal transicional señaló que esta participación busca garantizar que las medidas finales reflejen expectativas regionales y se soporten en la documentación recopilada. En los próximos meses, la jurisdicción evaluará los insumos para definir nuevas líneas de investigación en futuras audiencias.
Las organizaciones locales anticiparon que consolidarán cronologías unificadas, cartografías detalladas y registros testimoniales que permitan mostrar la evolución de la violencia. También preparan ejercicios de pedagogía para explicar los alcances del reconocimiento y las responsabilidades de las vocerías. De acuerdo con líderes comunitarios, estos espacios integrarán a jóvenes que no vivieron directamente los hechos, pero participan en proyectos de memoria. La JEP resaltó que esta labor permitirá identificar daños colectivos asociados a prácticas tradicionales, redes familiares y bienes comunes.
El tribunal afirmó que la información reunida ayudará a construir escenarios restaurativos que incorporen iniciativas ambientales, procesos culturales y acciones para fortalecer el tejido social. Asimismo, indicó que la participación territorial en la toma de decisiones permitirá que las medidas finales respondan a dinámicas propias del territorio y se sostengan en el tiempo con apoyo institucional.
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