España lanza mensaje clave al proceso con el Clan del Golfo: la confianza será la base para que la paz en Colombia no naufrague

La confianza entre las partes y el respaldo de la sociedad colombiana serán factores determinantes para el éxito del proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y el Clan del Golfo.

Así lo subrayaron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España tras el acuerdo alcanzado en Doha, Catar, el 5 de diciembre, que marcó un nuevo avance en las negociaciones con la mayor estructura criminal del país, autodenominada Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). El pacto cuenta con la mediación de España, Catar, Noruega y Suiza.

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Según señalaron fuentes del Gobierno español citadas por la agencia EFE, el proceso apenas inicia una fase decisiva que requiere no solo el cumplimiento de los compromisos pactados, también la legitimidad que le otorgue la confianza de la ciudadanía.

“La confianza de las partes y de la sociedad colombiana es un elemento primordial para que este proceso sea exitoso”, indicaron desde Exteriores, al tiempo que reiteraron el firme respaldo de España a los esfuerzos de paz.

El acuerdo estipula la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía, en el departamento del Chocó, y en Tierralta, Córdoba.

A partir del 1 de marzo de 2026, estas zonas recibirán de manera progresiva a los combatientes del EGC que se acojan al proceso. Para ello, se expedirá un acto administrativo que formalizará las ZUT, definirá sus ubicaciones exactas y establecerá un listado inicial de integrantes, el cual se complementará de manera gradual.

El pacto también contempla la suspensión de órdenes de captura y de solicitudes de extradición para los miembros del EGC que ingresen a estas zonas, así como garantías de seguridad jurídica y humana durante los traslados.

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (Mapp/OEA) será la entidad encargada de hacer seguimiento, monitoreo y verificación de los compromisos adquiridos, además de gestionar apoyo financiero, técnico y logístico para la implementación del acuerdo.

Entre las obligaciones asumidas por el Gobierno colombiano se incluye la realización de acciones humanitarias para conocer la situación de salud y las condiciones de dignidad de los miembros del Clan del Golfo recluidos en centros penitenciarios dentro y fuera del país.

Asimismo, el acuerdo insta a la Fiscalía General de la Nación a informar sobre los avances del mecanismo especial de priorización de denuncias por infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

El documento fue firmado por Álvaro Jiménez Millán, en representación del Gobierno colombiano, y por Luis Armando Pérez Castañeda, delegado del Estado Mayor Conjunto del EGC.

En él se reconoce formalmente la autodenominación Ejército Gaitanista de Colombia, conforme a la Resolución Presidencial 294 del 5 de septiembre de 2025, y se exhorta a las autoridades a utilizar esta denominación. Además, se hace un llamado expreso a evitar cualquier uso político del proceso de negociación.

“El compromiso de las partes es preservar la integridad de este proceso sociojurídico, impidiendo su instrumentalización con fines electorales y evitando acciones que afecten su imparcialidad”, señala el texto del acuerdo, en un contexto político marcado por la creciente polarización.

El proceso cuenta con la observación de la Procuraduría General de la Nación, la Fuerza Pública y abogados, así como con el acompañamiento permanente de los países mediadores.

Su enfoque está dirigido a la construcción de paz en los territorios donde el grupo armado tiene presencia, con especial énfasis en la protección de niños, niñas y adolescentes, la sustitución de cultivos ilícitos, el fortalecimiento comunitario y la atención a la crisis migratoria.

En la primera ronda de negociaciones, realizada en septiembre de 2025 en Doha, las partes acordaron una etapa inicial de “construcción de confianza” y un plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos en cinco municipios: Mutatá, en Antioquia, y Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía, en el Chocó. El nuevo acuerdo amplió estas acciones piloto a otros diez municipios en los departamentos de Córdoba, Antioquia y Bolívar.

Entre las nuevas localidades incluidas están Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta, en Córdoba; Cáceres, El Bagre y Nechí, en Antioquia; y El Carmen de Bolívar y San Jacinto, en Bolívar.

Los Grupos de Trabajo Municipal tendrán la tarea de preparar las condiciones logísticas y administrativas de las ZUT y podrán proponer la creación de nuevas zonas, bajo los principios de gradualidad y progresividad.