Con la firma del Decreto 1311 de 2025, el Gobierno activó el Sistema Nacional para la Garantía de los Derechos de la Población Lgbti+, una plataforma que reúne entidades públicas para trabajar de manera coordinada en acceso a derechos, prevención de violencias y seguimiento a la situación de estas poblaciones en los territorios.
El decreto contempla mecanismos para articular políticas entre ministerios, gobernaciones y alcaldías, así como herramientas para consolidar datos sobre casos de discriminación y violencias por prejuicio.
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El ministro de Igualdad y Equidad, Juan Carlos Florián Silva, explicó que la creación del sistema responde a procesos históricos de demanda por garantías: “Reconocemos la riqueza de las diversidades humanas, las luchas que han sostenido por décadas y la urgencia de garantizar sus derechos sin excepciones. Este decreto es un compromiso firme con la igualdad real y con la dignidad de cada persona en Colombia”.
Estructura, funciones y herramientas del nuevo sistema
La normativa establece tres componentes principales: una Comisión Intersectorial, un Comité Técnico y un Observatorio de Derechos de la Población Lgbtiq+. Su función será coordinar la formulación y seguimiento de políticas públicas, definir rutas de atención y consolidar información sobre situaciones de riesgo, discriminación y violencia.
La Comisión Intersectorial, integrada por nueve ministerios y varias entidades estatales, deberá fijar lineamientos para la atención de violencias por prejuicio. El Comité Técnico hará seguimiento al cumplimiento de estas directrices y apoyará la implementación territorial; y el Observatorio de Derechos tendrá la misión de analizar datos sobre condiciones de vida, acceso a derechos y patrones de violencia.
El decreto también vincula los registros de casos al sistema Salvia, que concentra información sobre violencias basadas en género. Esto obligará a las entidades territoriales a reportar de manera unificada los hechos que involucren a personas Lgbti+.
El ministro Florián Silva señaló que la implementación del nuevo sistema conllevará cambios en el acceso a servicios: “Mejora en el acceso a salud, educación, empleo, justicia y protección social, eliminando barreras relacionadas con la orientación sexual, identidad o expresión de género”.
Enfoques territoriales y retos para implementar el decreto
El decreto 1311 incorpora lineamientos de enfoque territorial, diferencial, interseccional y étnico-racial. El ministro sostuvo que estos elementos buscan reconocer que las condiciones de las personas Lgbti+ no son uniformes a lo largo del país. Según explicó, el decreto obliga a que las políticas públicas se adapten a realidades locales, edades, contextos culturales y desigualdades acumuladas.
Sobre los desafíos para ejecutar el sistema, Florián Silva afirmó que el mayor reto es lograr que las medidas operen en la práctica y añadió que la cartera ya cuenta con presupuesto asignado para poner en marcha las acciones: “El principal reto es pasar del reconocimiento formal a la garantía efectiva, con compromiso político, recursos reales y justicia territorial”.
En cuanto a la coordinación entre entidades estatales, indicó: “Hacemos un gran esfuerzo para que las entidades actuemos conjuntamente y se comprometan con una respuesta coordinada”; y resaltó la importancia de realizar procesos educativos: “Comprendemos la importancia de que las políticas deben ir acompañadas de procesos educativos que desmonten prejuicios, odios y violencias históricas contra la población Lgbtiq+”.
Socialización del decreto y pendientes normativos
Desde el Ministerio de la Igualdad informaron que la socialización del decreto comenzará en los Encuentros Regionales previos a la Convención Nacional Lgbti+. El próximo encuentro se llevará a cabo en la región de la Orinoquía, donde la cartera adelanta una estrategia educativa dirigida a organizaciones sociales y ciudadanía, que incluirá contenidos en medios de comunicación.
En cuanto a los pendientes normativos después del decreto 1311, el ministro mencionó áreas en las que aún se requieren avances legislativos. Entre estos señaló la necesidad de una ley integral contra las violencias por prejuicio, un marco legal para identidades de género no binarias, una política de garantías para personas trans y ajustes en el sistema de salud para asegurar atención sin discriminación.
También mencionó la importancia de fortalecer la protección de infancias y adolescencias Lgbti+. Al respecto, indicó que la Ley 1482 de 2011 sigue siendo insuficiente: “Su aplicación ha sido débil y su alcance frente a las violencias por prejuicio hacia personas de estos sectores sociales es limitado”.
Sobre el Observatorio de Derechos de la Población Lgbti+, explicó que su diseño avanza y que aún no es posible anunciar una fecha para un primer informe: “Sería muy aventurado informar una fecha de presentación del primer informe”, aunque señaló que incluirá mecanismos para corregir fallas y aplicar buenas prácticas.
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