El gobierno del presidente Gustavo Petro ha reactivado la investigación sobre el ingreso irregular de fondos a la campaña presidencial de 2014, solicitando formalmente a las autoridades de Estados Unidos la identidad del denominado “Funcionario Colombiano 3”, pieza clave en el escándalo de corrupción de Odebrecht en Colombia.
Esta petición fue canalizada a través de una carta firmada por el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, con el objetivo de esclarecer la participación de este alto exfuncionario, cuya identidad permanece en reserva, pero que, según el acuerdo judicial estadounidense, fue beneficiario de pagos ilícitos durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018).
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En la misiva de dos páginas, el ministro Idárraga subraya la necesidad de que Colombia reciba información precisa sobre el “Funcionario Colombiano 3”.
De acuerdo con el Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido (DPA, por sus siglas en inglés) suscrito el 1 de agosto de 2023, este funcionario habría desempeñado un papel central en la trama de corrupción vinculada al proyecto vial Ruta del Sol, un megaproyecto de infraestructura considerado estratégico para el transporte de la Costa Caribe hacia el interior del país.
El DPA involucra a la Corporación Financiera Colombiana S.A. (Corficolombiana), el Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (Grupo Aval), la Fiscalía de Distrito de Maryland y la Sección de Fraudes del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El acuerdo, que responde a investigaciones del Departamento de Justicia estadounidense iniciadas hace casi una década, detalla que más de 11 millones de dólares fueron pagados en sobornos a funcionarios, políticos y particulares en Colombia para asegurar la adjudicación de contratos estatales relacionados con la Ruta del Sol y otros proyectos de infraestructura.
Entre los implicados ya identificados se encuentran el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, el excongresista Otto Bula y altos directivos de Corficolombiana y Episol.
En la carta enviada a EE. UU., el ministro Idárraga enfatiza que “para el Gobierno de Colombia, en términos de verdad y lucha contra la corrupción, resulta fundamental la individualización de la persona referida como ‘Funcionario Colombiano 3’, beneficiaria de pagos corruptos, máxime cuando en el texto del Acuerdo se precisa que su identidad es conocida por las autoridades competentes de los Estados Unidos de América”.
El documento oficial agrega detalles sobre la participación del funcionario: “Específicamente, los hechos jurídicamente relevantes incorporados en el Acuerdo aluden a la participación criminal de un alto funcionario de la Rama Ejecutiva del Gobierno colombiano, a quien se le denomina sistemáticamente como el ‘Funcionario Colombiano 3’, y quien habría ejercido sus funciones entre los años 2010 y 2018”.
Este periodo coincide con la administración del expresidente Juan Manuel Santos, lo que ha intensificado el interés político y mediático en torno a la identidad del funcionario.
La solicitud colombiana no se limita a conocer el nombre del funcionario. El ministro Idárraga enfatiza la importancia de recibir también “los soportes documentales a partir de los cuales las autoridades de los Estados Unidos de América establecieron la identidad del ‘Funcionario Colombiano 3’”.
Según el gobierno, disponer de estos documentos permitirá avanzar en investigaciones locales sobre los pagos ilícitos y en la identificación de los responsables de recibir sobornos durante la ejecución de contratos estatales estratégicos.
El caso Odebrecht ha tenido un profundo impacto en Colombia. Desde que estallaron las investigaciones hace casi diez años, el escándalo ha salpicado a funcionarios de distintos niveles del Estado y a empresas de infraestructura de gran relevancia.
La justicia estadounidense ha jugado un papel central en la revelación de pruebas y en los acuerdos de enjuiciamiento diferido, que han permitido a Colombia acceder a información crítica sobre la red de corrupción.
El Ministerio de Justicia ha informado que seguirá de cerca la respuesta de las autoridades estadounidenses y que cualquier información recibida será incorporada a los procesos judiciales en curso en Colombia.
La expectativa es que la individualización del “Funcionario Colombiano 3” permita, además, recuperar recursos estatales desviados y consolidar mecanismos de control en futuros proyectos de infraestructura.
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