El aumento sostenido en el precio del gas en Colombia se perfila como uno de los desafíos energéticos más severos de los últimos años, con proyecciones que anticipan incrementos de hasta un 30% para ciertos usuarios finales.
Este escenario, que ya se refleja en las tarifas de hogares, industrias y transporte, responde a una combinación de factores estructurales: el agotamiento de los contratos de gas a bajo costo, la creciente dependencia de importaciones y la falta de nuevos desarrollos en generación y transmisión eléctrica.
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La presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, advirtió a El Heraldo que el país ingresó en un déficit energético sin margen de error, subrayando que la seguridad en el suministro dependerá de la capacidad para destrabar proyectos clave y restablecer reglas claras para la inversión.
“Colombia entró ya en déficit energético, estamos en el límite y sin margen de error”, afirmó Gutiérrez, reiterando la urgencia de un acompañamiento directo del Gobierno nacional para evitar que, a partir de 2026, el país enfrente un apagón similar al de hace tres décadas.
El mercado del gas natural atraviesa una etapa de tensión inédita en la última década. Desde el 1 de diciembre, la entrada en vigor de nuevos contratos, tanto nacionales como importados, ha provocado aumentos abruptos en los costos de producción y comercialización.
Según el profesor e investigador Sergio Cabrales, entrevistado por Mañanas Blu de Blu Radio, el impacto será especialmente fuerte en el gas vehicular e industrial, aunque los hogares también experimentarán alzas desde enero. Cabrales estimó que “en el gas vehicular podríamos estar hablando de casi un 30% en promedio de incremento para el consumidor final”.
La raíz de este fenómeno reside en la pérdida de autosuficiencia energética, evidenciada desde diciembre de 2024. Cabrales explicó que “hace un año perdimos la autosuficiencia para el mercado que no es térmico”, lo que obligó a Colombia a importar gas para abastecer sectores residencial, comercial, industrial y vehicular.
El vencimiento, el 30 de noviembre, del 75% de los contratos de gas barato —que durante una década mantuvieron precios entre USD 4 y USD 5 por millón de BTU— dio paso a nuevos acuerdos con valores de USD 10 a USD 12 para el gas nacional y cerca de USD 14 para el importado. “Los contratos de gas barato se acabaron, 75% de ellos venció el 30 de noviembre. Lo que queda son contratos vigentes mucho más altos”, puntualizó Cabrales.
El traslado de estos mayores costos al usuario final es inevitable. En el caso del gas vehicular, el alza en el costo mayorista ronda el 55%, lo que se traduce en un aumento de entre 27% y 30% en la tarifa para el consumidor, según Cabrales.
Para el sector residencial, el incremento será más moderado pero ineludible: el componente de gas en la factura crecerá 14%, lo que implica un aumento total del 7% en enero. “El gas es cerca del 50% de la factura residencial. Si ese componente sube 14%, el aumento final será del 7%”, detalló el investigador. En la industria y las plantas térmicas, los aumentos ya superan el 28%, comprometiendo la competitividad y los costos de producción.
El Gobierno, consciente de la presión sobre los usuarios y la volatilidad del mercado, evalúa medidas de intervención. El ministro de Minas, Edwin Palma, declaró que “el mercado hay que vigilarlo e intervenir si es el caso, porque si lo dejamos al vaivén de oferta y demanda, se come a los usuarios”.
Entre las acciones contempladas figuran regulaciones a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), decretos, supervisión de la Superintendencia de Servicios Públicos y la posibilidad de obligar a Ecopetrol a liberar gas al mercado.
Palma descartó una crisis de abastecimiento y anunció tres medidas regulatorias para controlar tarifas y proteger a los usuarios. La primera consiste en promover contratos de largo plazo para importadores, lo que, según el ministro, permitirá reducir costos: “Entre más extenso el periodo contractual, más económico resulta”.
La segunda medida implica la intervención de las tarifas domésticas, con una regulación pendiente de firma definitiva. La tercera establece límites a los márgenes de ganancia de los comercializadores en el mercado secundario, con el objetivo de evitar cobros desproporcionados sin afectar la rentabilidad empresarial. Palma también destacó la superación de una prueba reciente durante el mantenimiento de la planta regasificadora de Cartagena, que requirió más de seis días de trabajo continuo.
El informe más reciente de Naturgás aporta cifras que ilustran la magnitud del desafío. Según el gremio, el 20% del gas consumido en Colombia en 2024 fue importado: 12% destinado a generación de energía y 8% a hogares, comercios y vehículos.
Desde diciembre de 2024, la importación se extendió a estos últimos sectores debido a la insuficiencia de la producción local. El déficit estimado de gas nacional en firme para 2026 alcanza el 26%. Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgás, advirtió a El Espectador que “estamos operando al límite, no tenemos margen de maniobra para reaccionar a las contingencias, como mantenimientos no programados o una falla en la infraestructura”.
En cuanto a los precios, Naturgás precisó que los incrementos varían según la región y el tipo de usuario. Para el gas vehicular, en Antioquia y los Llanos —excepto Yopal— los aumentos no superan el 5%, mientras que en el Eje Cafetero llegan al 10%, en la costa Atlántica oscilan entre 6% y 13%, y en Cundinamarca, Boyacá, Santander, Valle del Cauca y Yopal alcanzan entre 30% y 38%.
En el sector residencial, los incrementos se mantienen en torno al IPC, salvo en el Eje Cafetero y Antioquia, donde las facturas subirán entre 20% y 25% desde febrero. Murgas subrayó que “los incrementos están alrededor del IPC, que es lo normal en un servicio público, con excepción del Eje Cafetero y Antioquia, que verán aumentos entre el 20 y 25% en las facturas desde febrero”.
El impacto en la demanda industrial también es motivo de preocupación. Naturgás evalúa contrato por contrato, pero Murgas señaló que el 42% de la demanda está cubierta con acuerdos sujetos a interrupciones, lo que incrementa la vulnerabilidad del sector.
El déficit energético no se limita al gas. Según datos de XM, el margen de energía en firme para 2025 ya es negativo, con un valor de menos 1,6%. Esto implica que, ante una sequía extrema o un fenómeno de El Niño, la capacidad de generación actual no cubriría la demanda creciente.
Los retrasos en proyectos de generación y transmisión, especialmente en La Guajira, y la salida de empresas del país han mantenido al sistema bajo presión. Gutiérrez recordó que “el actual parque de generación no alcanzaría a atender la demanda que crece y crece, lo cual no es mala noticia. El problema es que la oferta no lo hace a la misma velocidad”.
El riesgo de un apagón, como el ocurrido hace treinta años, vuelve a estar presente. Fedesarrollo estimó que una hora de apagón diario costaría al país $280.000 millones, y un apagón similar al de los años noventa representaría entre 1,5 y 1,7 puntos del PIB, lo que consumiría más de la mitad del crecimiento económico proyectado. “El desafío para Colombia y el resto del mundo ya no es tanto transición energética, sino seguridad energética”, enfatizó Gutiérrez.
La solución, según los gremios, pasa por acelerar la entrada de nuevos proyectos, mejorar el licenciamiento ambiental y social, y garantizar reglas de juego estables para los inversionistas. Gutiérrez insistió en que “no podemos darnos el lujo de renunciar, de manera acelerada, a recursos como agua y gas, el combustible de transición en el mundo entero. Ambos son eficientes, limpios y nos han dado confiabilidad los últimos 30 años”.
El Gobierno, por su parte, prioriza el fortalecimiento de las empresas estatales, con tres proyectos públicos de corto plazo —Pacífico, Ballenas y Coveñas— liderados por Ecopetrol y Hocol, mientras que once iniciativas privadas adicionales permanecen en evaluación. Palma concluyó que “necesitamos lo que entre más rápido y aporte mayor volumen”, manteniendo la disposición a considerar alternativas que beneficien al país.
El futuro inmediato no ofrece señales de estabilización. Cabrales advirtió que el vencimiento del 25% restante de contratos de gas barato podría provocar un último salto en las tarifas dentro de un año: “Ese sería el máximo al que podríamos llegar. Dentro de un año terminarían de vencerse los contratos baratos y ahí finalizarían los aumentos”. Sin embargo, la falta de gas nacional suficiente augura una dependencia prolongada de importaciones a precios internacionales, lo que mantendría las tarifas en niveles históricamente altos.
La presidenta de Naturgás, Murgas, señaló que la única vía para recuperar la autosuficiencia sería la entrada en operación del pozo Sirius, un proyecto offshore de Petrobras y Ecopetrol. De no aumentar la producción local, el déficit podría alcanzar el 50% a finales de la década.
En este contexto, la discusión sobre la reforma del sector energético cobra especial relevancia. Los gremios advierten que la propuesta de modificar los requisitos para integrar la CREG y la posible eliminación del cargo por confiabilidad —mecanismo que ha protegido a Colombia de apagones y facilitado la expansión del sistema— generan incertidumbre y podrían poner en riesgo la seguridad energética. Gutiérrez subrayó que “las señales regulatorias enviadas por el Gobierno a un mercado de libre competencia, como este, son completamente intervencionistas
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