La Defensoría del Pueblo actualizó la situación de seguridad en la Sierra Nevada de Santa Marta al emitir la Alerta Temprana 020-25, en la que clasificó la región y su área de influencia en un escenario de riesgo extremo debido al avance, confrontación y presiones ejercidas por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo).
La advertencia, dirigida a autoridades nacionales y territoriales, abarca 21 municipios de La Guajira, Cesar y Magdalena, y reemplaza alertas anteriores emitidas para este corredor estratégico del norte del país.
Según la actualización del Sistema de Alertas Tempranas, aunque la región ya registraba un riesgo alto, la Defensoría elevó el nivel a extremo a partir de indicadores que muestran un incremento sostenido de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
Amenazas, homicidios, secuestros, extorsiones y reclutamiento de menores forman parte del panorama identificado en el documento enviado a las instituciones estatales.
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El informe señala cinco dinámicas centrales que explican la gravedad del escenario actual. La primera corresponde al control ejercido por las ACSN, grupo catalogado como Grupo Armado Organizado desde agosto de 2025, que mantiene dominio sobre rutas y corredores de interés para actividades ilícitas.
La segunda se relaciona con la intención del Clan del Golfo de expandirse hacia zonas donde históricamente han operado las ACSN, lo que ha intensificado la confrontación en áreas rurales de difícil acceso.
Como tercera dinámica, la Defensoría describe una disputa abierta entre ambas estructuras en caminos veredales y regiones montañosas donde se ubican comunidades campesinas e indígenas. La cuarta advierte sobre tensiones derivadas de la coexistencia forzada, donde cada organización impone reglas, horarios, cobros y restricciones a la población civil. Finalmente, el tránsito constante de unidades armadas para ejecutar operaciones de expansión configura la quinta dinámica de riesgo.
El aumento de hechos violentos afecta de manera particular a diversos grupos poblacionales. El informe identifica como especialmente vulnerables a los pueblos indígenas Kogui, Arhuaco, Wiwa, Kankuamo, Wayúu, Zenú, Inga, Taganga y Ette Ennaka, así como a comunidades afrodescendientes, campesinos, pescadores artesanales, liderazgos comunales y personas defensoras de derechos humanos. También están en riesgo niños, niñas y adolescentes, población LGBTIQ+ y el pueblo Rrom asentado en zonas periurbanas.
La Defensoría señala que la confrontación entre las ACSN y el Clan del Golfo ha provocado situaciones de confinamiento y desplazamiento paulatino, especialmente en rutas que comunican la zona rural baja con las laderas de la Sierra.
Las ACSN conservan estructuras sucesoras como Los Pachenca y Los Giraldo, que tienen arraigo histórico en la región y operan con estrategias diferenciadas para mantener su hegemonía. Por su parte, el Clan del Golfo intenta fracturar redes ilegales establecidas en los últimos años y consolidar nuevas alianzas locales para ampliar su presencia.
El análisis también proyecta posibles escenarios críticos en caso de que no se adopten medidas inmediatas. Uno de ellos es la erosión del control territorial de uno de los grupos, lo que podría derivar en represalias y escalamiento de la violencia. Otro contempla ofensivas armadas para disputar territorios en zonas altas, situación que pondría en riesgo a comunidades ubicadas en territorios sagrados y reservas naturales. La expansión del conflicto hacia nuevos municipios también podría darse si no se contienen las rutas de movilidad ilegal.
De igual forma, la permanencia simultánea de ambos grupos en espacios compartidos puede incrementar prácticas de control social, como la prohibición de ingreso a veredas, restricciones a la movilidad, imposiciones económicas y vigilancia forzada. Estas conductas, según el documento, generan impactos directos en las dinámicas comunitarias y en la autonomía de autoridades tradicionales.
Ante este panorama, la Defensoría solicitó a las autoridades civiles, militares y de policía adoptar medidas urgentes de protección, reforzar la presencia institucional y desarrollar acciones de prevención del reclutamiento forzado, las violencias basadas en género y las agresiones contra liderazgos sociales. También recomendó fortalecer los mecanismos de articulación entre entidades territoriales y nacionales para garantizar una respuesta integral en los municipios afectados.
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