El ministro del Interior, Armando Benedetti, pidió en la red social X un incremento del salario mínimo en Colombia que alcance un porcentaje de dos dígitos.
“El aumento del salario mínimo debe ser de dos dígitos”, aseguró el funcionario, marcando su distancia con posiciones más conservadoras dentro del debate económico.
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En un video difundido por la misma plataforma, Benedetti profundizó su postura, afirmando que su mensaje responde a una trayectoria personal ligada a las demandas de la clase trabajadora.
“Voy a hablar como alguien que siempre ha sido amiga de la clase trabajadora”, expresó el ministro, remarcando la diferencia salarial actual entre Costa Rica y Colombia.
Según sus palabras, “en Costa Rica ya es más de setecientos ochenta y pico de dólares, mientras que aquí en Colombia es solamente 323 dólares el salario mínimo”.
La diferencia salarial comparada con la región fue uno de los argumentos centrales. Benedetti destacó que el mínimo colombiano “es muy bajito”, y defendió que un ajuste significativo en los sueldos impactaría positivamente en la economía nacional.
“Un aumento del salario mínimo lo que da es más productividad en la economía”, sostuvo Benedetti.
El pronunciamiento hizo referencia directa al ministro del Trabajo Antonio Sanguino, a quien Benedetti saludó como amigo y colega, aunque aclaró que su postura se distancia de la gubernamental.
“Se va a molestar mi amigo y ministro Sanguino, pero no voy a hablar como ministro ni como colega de él”, afirmó, subrayando el carácter personal y político de su intervención.
Tras lo anterior, Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, afirmó en W Sin Carreta que las cifras sobre el salario mínimo 2026 aún no se han concertado.
Consideró “equivocado jugar a la especulación con cifras” y calificó de “impulsivo y ocurrente” al ministro Armando Benedetti por anticipar dichos dígitos.
El debate por el salario mínimo en Colombia suele intensificarse al acercarse el cierre del año, cuando distintos sectores evalúan las condiciones económicas y sociales que afectan a millones de trabajadores.
Gobierno y Fenalco chocan en arranque del debate del salario mínimo 2026, el gremio se retira tras anuncio anticipado del alza
El debate sobre el salario mínimo en Colombia para 2026 inició el 1 de diciembre de 2025 con la instalación de la comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales, en medio de fuertes tensiones entre el Gobierno nacional y el sector empresarial.
El proceso arrancó con la ausencia marcada de Fenalco, el gremio de los comerciantes, que optó por retirarse tras el anuncio anticipado del alza salarial por parte del Ejecutivo.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, comunicó que el procedimiento legal se activó formalmente en busca de consenso antes del 16 de diciembre de 2025.
“Buscaremos un consenso hasta el día 16 de diciembre sobre el incremento del salario mínimo que deberá regir a partir del 1 de enero del 2026”, explicó el funcionario.
Sanguino destacó el impacto de la negociación sobre más de 12 millones de trabajadores que devengan hasta un salario mínimo y calificó la decisión como “un asunto vital para la vida de los trabajadores del país”.
Por su parte, Fenalco manifestó en comunicado oficial que “el Gobierno anuló la concertación”. La organización argumentó que “el anuncio previo del aumento vacía de contenido el diálogo social, desconoce los compromisos internacionales de Colombia y envía un mensaje de profunda inseguridad sobre la solidez de la institucionalidad laboral”.
Según el presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal, la determinación fue “anticipada, sin soporte técnico y sin discusión”.
Durante la jornada, el ministro de Trabajo defendió el desempeño reciente de los incrementos salariales y aseguró que “el ingreso real ha aumentado poco más del 17%” desde el arranque de la administración actual. También resaltó que el alza nominal acumulada del salario mínimo “ha estado alrededor del 37,6%”, mientras la tasa de desempleo se ubica en 8,2%.
Fenalco, sin embargo, consideró que la propuesta oficial excede los parámetros justificados por el IPC y la productividad, advirtiendo sobre el posible impacto negativo en empleo, informalidad e inflación.
Cabal sentenció que participar “equivaldría a avalar una práctica que contraría la esencia misma de la concertación”.
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