
A diez mes de finalizar el Gobierno de Gustavo Petro (culmina el 7 de agosto de 2026), la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida” enfrenta “rezagos graves” en áreas clave, según el más reciente informe de seguimiento elaborado por el Consejo Nacional de Planeación (CNP). El documento, que analiza el avance sectorial y territorial del PND, advierte que, pese a algunos logros, la mayoría de los compromisos estratégicos presentan retrasos, bajo cumplimiento y problemas estructurales que ponen en riesgo la materialización de las metas del cuatrienio.
El informe revela que el avance promedio de los indicadores del PND es del 59,18%, lejos en 38,34% al 85,7% esperado para 2025. Sectores como educación, salud, vivienda, agro y la agenda afrocolombiana muestran rezagos especialmente preocupantes.
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Uno de los sectores que más preocupa es educación, cuyo avance general es del 55,97%, por debajo del 63,5% proyectado para 2024. Aunque la tasa de cobertura en educación superior alcanzó un 89,32% de la meta, la deserción escolar se mantiene alta: “En 2023 las cifras de deserción escolar fueron la segunda más alta en la década. El 3,7% de los estudiantes menores de edad desertaron; 335.364 estudiantes de un total de 9,8 millones matriculados”, advierte el documento.

Mientras que en el sector social, la reducción del déficit habitacional es otro punto crítico. Aunque la meta era reducirlo al 26%, el déficit habitacional total se ubica en el 32,7%, con un aumento del déficit cualitativo al 24,3%. “La razón principal para este aumento es la baja ejecución presupuestal en el sector de vivienda a pesar de la asignación de recursos”, resalta el CNP.
Reforma agraria y acceso a la tierra: metas lejanas
Uno de los compromisos emblemáticos del Gobierno Petro, la reforma agraria, muestra un rezago alarmante. De la meta de entregar 1,5 millones de hectáreas por medio del fondo de tierras, el avance acumulado es de apenas 0,77%, con solo 11.527 hectáreas entregadas, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), o 17.387 hectáreas, según el Ministerio de Agricultura. “Esto no solo refleja discordancias entre datos, sino también un retraso en la meta a menos de año y medio de finalización de este gobierno”, advierte el informe.
Otro punto que preocupa es el acceso de las mujeres rurales a la tierra, que también es insuficiente: “Al 31 de julio de 2025, el avance en la entrega de hectáreas a mujeres rurales a través del Fondo de Tierras, con título individual, se ubica en 37,16% de la meta cuatrienal de 8.205 hectáreas. La meta en sí misma resulta muy baja frente a las necesidades reales del sector y a los compromisos del Acuerdo de Paz”.
Economía y empleo: bajo crecimiento y alta informalidad
En materia económica, el crecimiento está por debajo del potencial del país. “En el año 2023 apenas alcanzamos un crecimiento de 0,6%, reflejando la falta de priorización del PND en la inversión, productividad y certidumbre. Para 2025 se observa un avance moderado, con un crecimiento del 2,4% en el primer semestre del año”, señala el CNP.
Resaltó la entidad que la inversión como porcentaje del PIB cayó a 16,6%, lejos de la meta del 22,6%.
Mientras que el mercado laboral sigue marcado por la informalidad: “Alrededor del 55% de los ocupados son informales, es decir, trabajadores sin derechos que no cotizan para pensión, ni cotizan para seguridad social. Este es un reto que el país tiene que abordar”, enfatiza el informe".
Al respecto, resaltó que en el sector agropecuario, la informalidad laboral supera el 83%.
Salud: avances en cobertura, pero crisis financiera y de calidad
En cuanto a salud, el informe reconoce avances en la atención primaria, con la puesta en marcha de más de 10.000 equipos básicos en salud (EBS) y una inversión de $3,3 billones entre 2022 y 2025, lo que benefició a más de 15 millones de personas. Sin embargo, persisten “desafíos en la reducción de brechas de acceso, en especial en zonas rurales, y en la sostenibilidad del modelo”.
Asimismo, el sistema de salud enfrenta un “deterioro progresivo en sus fundamentos financieros”.
La siniestralidad aparente de la unidad de pago por capitación (UPC) pasó de 99,1 en 2021 a 105,5 en 2024, y el gasto de bolsillo aumentó 11,3% entre 2023 y 2024. “Estas cifras demuestran que las familias están asumiendo mayores costos directos para suplir las deficiencias del sistema”, advirtió el CNP.

Infraestructura y ejecución territorial: lentitud y desigualdad
Un informe de la Federación Nacional de Departamentos (FND) confirma la baja ejecución de la inversión regionalizada: de los $60,2 billones apropiados en 2024, solo se comprometieron $41,8 billones (68%) y se obligaron $21,6 billones (52%). Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca concentraron el 27% de los recursos, mientras que departamentos como Guainía, San Andrés y Vaupés apenas recibieron el 1%.
En infraestructura educativa, de la meta de construir o mejorar 19.500 ambientes educativos, el avance es del 44,72% a junio de 2025, con 8.720 espacios intervenidos. “Existe un retraso en las obras que están pendientes de ejecutar (10.780) a menos de año y medio de la finalización del periodo de gobierno”, detalla.
Desarticulación institucional y falta de liderazgo
Los entes territoriales coinciden con el CNP en señalar la desarticulación entre el Gobierno nacional y los gobiernos locales como un obstáculo recurrente. “La falta de sincronía entre agendas y presupuestos de las diferentes entidades involucradas ha obstaculizado la implementación del PND en muchos departamentos”, señala la FND.
Además, en el caso de la agenda afrocolombiana, el informe es contundente: “La baja acción de la presidencia señala una limitada capacidad de liderazgo y coordinación interinstitucional que afecta la transversalización de la agenda afrocolombiana. Esto contribuye a las brechas sociales, territoriales y presupuestales, con impactos negativos en la cobertura de programas y la asignación eficiente de recursos hacia metas específicas”.
Recomendaciones y llamado a la acción
Debido a la situación, el Consejo Nacional de Planeación hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para “acelerar la ejecución, fortalecer la articulación interinstitucional y territorial, y garantizar la transparencia y el enfoque diferencial en la implementación de las políticas públicas”.
El informe concluye: “El cumplimiento del PND no se puede juzgar solo por la existencia de políticas o por el avance en algunos indicadores, sino por el impacto real en la vida de los ciudadanos, en particular de los más vulnerables, que son los principales destinatarios de estas políticas”.
A menos de un año del cierre del cuatrienio, dice la entidad que el reto para el Gobierno Petro es monumental: pasar de los anuncios y la planeación a la ejecución efectiva, con resultados tangibles y sostenibles para todos los colombianos.
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