Este es el pasado ‘oscuro’ que recae sobre Henry Chacón Amaya, favorito para ser el nuevo contralor del Cesar: lo investigan por homicidio

Henry Chacón Amaya se perfila como el principal candidato para asumir la Contraloría Departamental del Cesar, en un proceso que desde ya ha sido polémico por acusaciones judiciales contra el hoy candidato y la influencia del clan Gnecco.

A pesar de estar vinculado a investigaciones por homicidio y presuntos nexos con grupos paramilitares, Chacón cuenta con el respaldo de la estructura política más poderosa y cuestionada de la región, lo que reforzaría su favoritismo para el cargo de control fiscal.

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Con una trayectoria política consolidada, Chacón ha ocupado en tres ocasiones la Alcaldía de Curumaní, lo que le ha otorgado un peso considerable en el escenario local. Su nombre ha sido recurrente en alianzas electorales y, actualmente, su postulación a la Contraloría lo coloca nuevamente en el centro de la atención pública. El proceso de selección para el periodo 2026-2029, convocado por la Asamblea Departamental, lo ubica como uno de los finalistas más opcionados, pese a los cuestionamientos legales que enfrenta.

El 20 de noviembre de 2025, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas publicó los resultados de la prueba de conocimientos para el cargo. Chacón obtuvo 96 puntos sobre 100, situándose en el segundo lugar entre los tres aspirantes con mayor puntaje. El primer puesto fue para Carlos Luis Cassiani Niño, contador y actual funcionario de la Contraloría Departamental, con 99 puntos, mientras que Luis José Rodríguez Torres, exsecretario de Educación del Cesar, alcanzó 97 puntos.

Sin embargo, la decisión final recae en la votación directa de los diputados de la Asamblea, donde la mayoría de los votos se encuentra alineada con el clan Gnecco. Según fuentes locales consultadas por la revista Cambio, diez de los once diputados respaldarían la candidatura de Chacón, bajo la coordinación del diputado Jorge “Popo” Barros Gnecco, figura clave en las negociaciones políticas internas. Además, la familia De la Peña, con fuerte presencia en el negocio de apuestas y peso electoral, ha sellado un acuerdo político que daría fuerza a la alianza en torno a Chacón.

Sin embargo, el historial judicial de Chacón ha generado dudas de su participación en el concurso, según información recogida por Cambio. En 2003, la exconcejal Ana Cristina López de Moreno fue asesinada en Curumaní, un crimen atribuido a motivaciones políticas.

Años después, exintegrantes del frente Resistencia Motilona del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) señalaron a Chacón como uno de los determinadores del homicidio y como colaborador de la organización paramilitar.

Testimonios de Wilson Poveda Carreño, alias Rafa, y Néstor Quiñonez Quiroz, alias Yuca, lo vincularon directamente con el caso, lo que llevó a la Fiscalía a ordenar su detención en 2014. Durante dos años, Chacón permaneció prófugo, hasta que su defensa solicitó un control de legalidad sobre la medida de aseguramiento. Posteriormente, logró postularse y ganar nuevamente la Alcaldía de Curumaní para el periodo 2020-2023.

En septiembre de 2020, la Fiscalía ordenó su captura como presunto determinador del crimen, y fue detenido junto al exrepresentante a la Cámara Miguel Ángel Durán. Alias Rafa declaró que ambos mantenían relaciones cercanas con la estructura de las AUC y que la organización habría influido en la elección de Chacón como alcalde.

El proceso judicial incluyó cargos por concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida. Chacón permaneció privado de la libertad hasta octubre de 2020, cuando recuperó su cargo tras un recurso de habeas corpus.

El propio Chacón ha defendido su inocencia, argumentando que los testigos en su contra han sido condenados por falso testimonio y que su caso avanza con lentitud debido a la aplicación de la Ley 600. En declaraciones públicas, ha sugerido que enfrenta una persecución política, ya que cada vez que aspira a un cargo le “aparece algún problema” judicial.

Entretanto, la influencia del clan Gnecco y sus alianzas políticas han sido determinantes en el control de la Contraloría del Cesar durante los últimos cuatro periodos.

Desde 2012, la entidad ha estado bajo la dirección de figuras cercanas al grupo, como César Gustavo Aguilar, César Cerchiaro, Delwin Jiménez y Juan Francisco Villazón, todos con vínculos directos o familiares con los Gnecco. El acuerdo actual con la familia De la Peña reforzaría la continuidad de este dominio político, con Chacón como pieza clave para asegurar el respaldo de varios alcaldes municipales y, a cambio, el apoyo a Gumer de la Peña en las próximas elecciones al Congreso.

A este panorama se suma una nueva investigación de la Procuraduría General de la Nación, que recientemente formuló pliego de cargos contra Chacón por presunta omisión de deberes funcionales durante su último periodo como alcalde. El organismo indaga si incumplió con la presentación de la declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta.

La falta ha sido calificada provisionalmente como grave, y la Procuraduría busca determinar si se vulneraron los principios de transparencia y publicidad en el ejercicio del cargo.