Durante el partido de la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales en Colombia, en el partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla que se disputó en Itagüí, porque el estadio Atanasio Girardot no estaba disponible, se registraron varios hechos de violencia.
En la mayoría de ellos las víctimas fueron fanáticos del Junior de Barranquilla que ingresaron al escenario deportivo infiltrado, sin prendas alusivas a ningún club.
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A través de redes sociales se expusieron videos de algunos casos, destacando un video en el que se observa como varios fanáticos de Atlético Nacional lanzaron desde lo más alto de la tribuna a un individuo tras golpearlo en repetidas ocasiones.
De la misma forma, en redes sociales expusieron cómo se originó el conflicto, incluyendo “inspecciones” que hicieron fanáticos de Atlético Nacional para identificar a quienes no eran hinchas del Verdolaga.
Debido a todo lo registrado en el estadio de Ditaires y que hay varios videos en los que se observa el rostro de los agresores, en diálogo con Infobae Colombia, los abogados penalistas Christian Fernando Gallego Alzate y Jony Esneider Villegas Arenas, que se encargaron de analizar lo registrado.
En primer lugar, Gallego indicó que no tiene dudas sobre que lo registrado en Itagüí es un delito que debe ser juzgado.
“Desde una óptica penal, lo que ocurrió en el escenario deportivo constituye un atentado claro contra la integridad personal y en general contra la seguridad de las personas que asistían al evento. Cuando un grupo de individuos decide agredir físicamente a otro, la ley lo califica como un hecho penalmente relevante, sin importar que el daño final sea leve o de mayor entidad”.
Además, explicó que, en su concepto, se trató de una conducta dolosa en la que quienes participaron saben lo que están haciendo y aceptan el daño que pueden generar.
“En este tipo de situaciones, la responsabilidad de quienes golpean directamente a la víctima es la de autores materiales del delito de lesiones personales. Son ellos quienes ejecutan la acción prohibida. Pero además, la ley contempla que quienes facilitan la agresión, rodeando, sujetando e impidiendo que la víctima escape, también pueden ser responsables como coautores o partícipes”.
A esto, le agregó el penalista Villegas Arenas que, en caso de que hubieran utilizado un arma blanca, se podría considerar una tentativa de homicidio doloso, puesto que es un factor determinante en la valoración del dolo y del riesgo creado.
“La Ley 1356 de 2009 establece sanciones para quienes, con ocasión de un evento deportivo, participan en actos violentos o ingresan armas blancas al estadio”, recordó el jurista.
En ese sentido, explicaron que los responsables de estos hechos podrían ser castigados con una pena privativa de entre 24 y 36 meses inicialmente. A esto se debe sumar un castigo por el grado del daño causado y la participación de cada sujeto en el hecho.
Si las lesiones son calificadas como graves o gravísimas, la pena aumenta, y si las pruebas logran demostrar que existió un acto que ponía realmente en peligro la vida de la víctima, el escenario podría escalar hacia una tentativa de homicidio doloso, que implica penas mucho mayores.
Los abogados explicaron que para determinar las responsabilidades individuales, las autoridades deben analizar cuidadosamente todos los elementos probatorios disponibles, entre ellos se encuentran los videos del estadio, testimonios de los asistentes, informes policiales y el dictamen médico y legal.
“Quienes intervinieron en la agresión enfrentan responsabilidad penal principalmente por lesiones personales, pudiendo además responder por porte de arma blanca en evento masivo cuando corresponda. La posibilidad de una tentativa de homicidio doloso surge únicamente si el ataque con arma blanca demuestra un riesgo real para la vida y un comportamiento que revele la aceptación del resultado”, puntualizó el abogado Jony Esneider Villegas.
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