El abogado constitucionalista Germán Calderón España solicitó al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, iniciar investigación disciplinaria contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y aplicar de manera inmediata la sanción pertinente tras la sanción del Consejo Nacional Electoral (CNE) a la campaña Petro Presidente.
La petición se fundamenta en el artículo 109 de la Constitución, que establece que “la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo”, según lo declarado por el tribunal electoral.
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En la comunicación enviada al procurador, Calderón España afirmó que “la pérdida del cargo deberá ser inmediata, porque su permanencia en el mismo produce daños irreparables a Ecopetrol desde el punto de vista reputacional y económico”, haciendo referencia a la reciente sanción del CNE que identificó a Roa como responsable de las irregularidades en la campaña presidencial de 2022.
El jurista enfatizó que la Procuraduría es responsable de vigilar la conducta de los servidores públicos y proteger “el interés supremo y general de la sociedad”, por lo que pidió abrir la investigación disciplinaria y aplicar la sanción constitucional que ya pesa sobre Roa.
La decisión sobre una eventual apertura de investigación y posible sanción contra Ricardo Roa dependerá de la Procuraduría General de la Nación, que evaluará la solicitud y determinará los términos y alcance de cualquier medida disciplinaria conforme a la ley.
Cabe recordar que el viernes 28 de noviembre, el Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la tutela presentada por Roa contra la sanción del CNE. En su acción, Roa alegaba que su derecho al debido proceso había sido vulnerado, argumentando que el organismo electoral cerró el traslado para alegatos sin practicar pruebas consideradas esenciales para evaluar los estados contables de la campaña del Pacto Histórico.
El tribunal indicó que “la tutela no es el mecanismo idóneo para controvertir este tipo de actuaciones administrativas, pues la normativa electoral permite que las decisiones del Consejo Nacional Electoral sean demandadas ante el Consejo de Estado”. Además, aclaró que las pruebas cuya falta alegó Roa no fueron solicitadas directamente por él, sino por otros investigados, y que no se explicó cómo su ausencia afectaba su defensa individual.
Sobre el daño alegado, la corporación afirmó que “no está probado que la decisión haya afectado la reputación de Ricardo Roa Barragán y que, por esto, haya perdido su empleo, su mínimo vital se haya visto afectado o le haya impedido obtener un trabajo”, precisando que no se acreditó un perjuicio que justificara la procedencia del amparo de manera transitoria.
El Consejo Nacional Electoral sancionó a la campaña Petro Presidente 2022 por haber violado los topes de financiación por recibir aportes de personas jurídicas, como la USO y Fecode, lo cual está prohibido por la normativa electoral. Esta decisión constituye la primera sanción de este tipo impuesta a una campaña presidencial en Colombia.
Las sanciones recayeron sobre Ricardo Roa Barragán, entonces gerente de la campaña; Lucy Aydee Mogollón Alfonso, tesorera; y María Lucy Soto Caro, auditora interna, así como sobre el Movimiento Colombia Humana y la Unión Patriótica (UP). El monto total de las irregularidades detectadas y que excedieron los límites permitidos asciende a aproximadamente $5.300 millones.
De acuerdo con la decisión, se sancionó a Roa, Mogollón y Soto por montos diferenciados en cada vuelta electoral. Asimismo, la UP y Colombia Humana fueron sancionadas por no ejercer controles adecuados o por permitir ingresos no autorizados a la campaña.
La votación en la sala plena del CNE fue de 6-3. A favor de la ponencia votaron Altus Baquero, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Benjamín Ortiz, Álvaro Prada y el conjuez Majer Abushihab; en contra, Cristian Quiroz, Fabiola Márquez y el conjuez Jorge Iván Acuña.
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