Un grupo de habitantes del Suroeste antioqueño impulsó en los últimos días una iniciativa ciudadana que llamó la atención por su rapidez y alcance territorial.
De acuerdo con información conocida por Semana, 1471 personas de nueve municipios firmaron una carta enviada a la Agencia Nacional de Minería y al Ministerio de Minas y Energía para expresar su respaldo al proyecto Quebradona, adelantado por AngloGold Ashanti en la jurisdicción de Jericó.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook
La recolección, realizada en apenas 72 horas, involucró a habitantes de Támesis, Fredonia, Jericó, Tarso, Pueblorrico, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y Santa Bárbara.
Los firmantes señalaron en el documento que la región requiere definiciones basadas en criterios técnicos y procedimientos verificables, especialmente porque el proyecto sigue a la espera de evaluaciones finales por parte de las autoridades minera y ambiental.
La misiva expone que la zona ha tenido históricamente limitaciones económicas, y que sectores de la comunidad consideran que la iniciativa podría generar oportunidades laborales y dinamizar la economía local.
La comunicación enviada al Gobierno incluye planillas con nombres, números de identificación y procedencia, recopiladas por líderes locales que se movilizaron tanto en áreas urbanas como en zonas rurales.
Para los habitantes que promovieron la iniciativa, la presencia de registros formales demuestra que existe un sector organizado que quiere participar en las discusiones sobre el desarrollo regional, especialmente en un contexto donde el debate alrededor de Quebradona ha generado posturas divergentes a lo largo de los años.
El documento se conoció en un momento en el que las autoridades continúan revisando los estudios técnicos del proyecto. En varias zonas del Suroeste, la discusión sobre Quebradona ha sido constante y ha involucrado a diferentes sectores sociales, institucionales y ambientales.
Mientras algunos habitantes han manifestado preocupación por la protección de las fuentes hídricas, otros consideran que la evaluación debe centrarse en los análisis oficiales que aún están en curso.
La carta busca aportar un elemento adicional dentro de ese panorama, destacando que no todas las voces del territorio comparten las mismas percepciones sobre los impactos potenciales.
Los ciudadanos que lideraron la recolección afirmaron que el objetivo principal del documento es que las autoridades mineras y energéticas tomen en cuenta la diversidad de posiciones existentes antes de adoptar decisiones definitivas.
La comunicación solicita que la revisión del proyecto continúe bajo estándares rigurosos, transparentes y respaldados en evidencia técnica.
También plantea que el diálogo alrededor de la iniciativa mantenga canales abiertos para escuchar a los habitantes de los municipios involucrados.
Para los firmantes, la carta pretende equilibrar una conversación que, según expresaron, ha estado concentrada durante años en posiciones encontradas.
El documento subraya que es necesario reconocer que en el territorio existen opiniones favorables, críticas y neutras, y que los procesos administrativos deben considerar ese pluralismo antes de realizar definiciones sobre el futuro del proyecto.
El envío del documento se suma a otros movimientos sociales, comunitarios y políticos que han surgido en la región durante los últimos años alrededor de Quebradona.
Aunque la carta no tiene efectos jurídicos directos sobre los procedimientos oficiales, se convierte en un insumo adicional dentro del debate público, especialmente porque surge de una movilización que logró una participación significativa en un periodo corto de tiempo.
Los habitantes que promovieron la iniciativa explicaron que la recolección rápida se debió al interés de diferentes sectores en expresar su visión frente al desarrollo local.
La posición de quienes respaldaron el documento coincide con un contexto en el que el proyecto continúa bajo estudio.
En ese escenario, diferentes actores han solicitado que los análisis técnicos sean completados con rigurosidad y que las autoridades tomen decisiones basadas en la información disponible, sin acelerar ni frenar los procesos por factores externos al trámite administrativo.
En paralelo, la carta llega en un periodo donde la discusión sobre el modelo de desarrollo del Suroeste sigue ocupando espacios en la agenda regional.
Para los firmantes, la decisión sobre Quebradona tiene implicaciones en empleo, inversión y proyectos sociales, por lo que consideran fundamental que la postura de quienes apoyan la iniciativa también haga parte de la conversación nacional.
El documento concluye reiterando que la intención de los firmantes no es reemplazar las decisiones técnicas ni intervenir en la competencia de las autoridades, sino visibilizar que en los municipios existe un sector que respalda la continuidad ordenada de los procesos del proyecto, siempre bajo los parámetros legales y ambientales establecidos por las instituciones responsables.
Más Noticias
La vía Yopal-Aguazul duró cerrada 8 horas por amenaza de explosivos
La congestión vehicular y la incertidumbre crecieron entre los afectados; las autoridades mantuvieron acordonado el sector del peaje El Charte
“Mi nombre fue puesto como inadmisible”: Petro reveló señal que habría recibido de un país extranjero
El mandatario sostuvo que la inclusión en esa categoría se habría dado en un periodo que coincide con sus debates parlamentarios sobre información relacionada con grupos armados ilegales
“Debería ser juzgado”: la frase de Petro sobre Maduro que reabre el debate por el Cartel de los Soles
En una reciente entrevista, Gustavo Petro afirmó que en Colombia no existe evidencia del llamado Cartel de los Soles
“Declarar ineficaz la resolución”: juez ordena reintegrar a directivo insubsistente en Girón
El fallo protegió el fuero de paternidad del funcionario y coincidió con la investigación disciplinaria que avanza contra el gobernador de Santander y el alcalde encargado de Girón
Bogotá impulsa trámites de salud sin filas: así puede usar Agilínea para gestionar sus solicitudes
Desde certificaciones de discapacidad hasta autorizaciones sanitarias, los ciudadanos pueden realizar procesos clave a través de plataformas digitales que buscan reducir filas, optimizar tiempos y mejorar la accesibilidad en la capital
