El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, criticó al Gobierno por el recorte presupuestal a la Rama Judicial para 2026 y alertó sobre las consecuencias de la falta de recursos en la administración de justicia.
La declaración del togado se produjo en medio del I Encuentro de las Altas Cortes y el V Encuentro de la Jurisdicción Disciplinaria, realizados en Barranquilla.
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“Cada vez nos alejamos más de hacer una oferta judicial porque no tenemos autonomía, y no tenemos autonomía porque si queremos crear un cargo en la Rama Judicial, si necesitamos pedir un recurso para crear ese cargo, nos toca pedirle limosna a la Rama Ejecutiva del poder público”, afirmó Ibáñez.
El magistrado agregó que “si la Rama Ejecutiva no quiere darnos lo que toca, como ahora que nos recortó, de 16 billones de pesos, nos recortó 6 billones de pesos, pues sencillamente, nos impiden el ejercicio de la función judicial”; y subrayó que “la Constitución es muy buena en garantizar la autonomía de la Rama Judicial, pero está en el papel. Razón por la cual tenemos que algún día garantizar la verdadera autonomía en la realidad de la Rama Judicial”.
Durante su intervención en Barranquila, el presidente de la Corte también hizo un llamado a las autoridades, incluido el presidente Gustavo Petro, para que respeten la Constitución. “Por esa razón y para cumplirlo, esa sociedad se da una constitución política. Y por lo tanto, todos, particulares y autoridades deben estar sometidas a la constitución. Nadie se puede crear dueño del Estado”, afirmó.
El magistrado subrayó que el respeto a la Constitución es una garantía para que haya una sociedad civilizada, destacando la importancia de la independencia judicial como componente fundamental del Estado de Derecho.
Cabe recordar que, a finales de octubre, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial manifestó su preocupación al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por la segunda reducción de 695.000 millones de pesos en el presupuesto aprobado para 2026, que se sumó a un primer recorte de 4,4 billones de pesos frente a la solicitud inicial de 16 billones.
Este ajuste afecta, entre otros aspectos, el pago de sentencias y la creación de cargos necesarios para implementar la Ley 2452 de 2025, que estableció el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, así como la atención de la Jurisdicción Agraria y Rural.
En reunión con el viceministro general de Hacienda, Carlos Emilio Betancurt Galeano; la directora general del Presupuesto Público Nacional, Martha Hernández Arango; y el asesor del despacho del ministro, Diego Carrero, la Comisión Interinstitucional, compuesta por los presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscal General de la Nación y el representante de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, expuso las implicaciones del recorte para toda la rama, incluyendo Judicatura, el ente acusador y hasta Medicina Legal.
La Comisión destacó que la reducción presupuestal impactará directamente en servicios de aseo, vigilancia, arriendo, seguros, mantenimiento y servicios públicos, así como en la compra de mobiliario, maquinaria, equipo y otros bienes, y advirtió que también afectará la oferta de servicios judiciales para la implementación del nuevo código laboral y la jurisdicción agraria.
El presidente de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, declaró que “este recorte es muy delicado porque compromete la posibilidad de crear los juzgados laborales municipales, de fortalecer y robustecer a la Rama Judicial”.
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