La interpretación de las reglas sobre el uso de parqueaderos en viviendas sometidas a Propiedad Horizontal suele generar dudas entre residentes y administraciones.
Estas inquietudes son frecuentes, a pesar de que el manejo de espacios privados y comunes está regulado por normas específicas contempladas en la Ley 675 de 2001, que establece derechos y obligaciones para proteger la convivencia y el uso adecuado de los bienes.
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La Ley 675 de 2001 regula todo lo relacionado con la Propiedad Horizontal en Colombia, incluyendo el manejo de pisos, apartamentos, locales y áreas compartidas dentro de un conjunto residencial. Este marco jurídico define responsabilidades sobre mantenimiento, convivencia y seguridad, así como el uso de zonas comunes y privadas. Su aplicación cobra relevancia por la cantidad de hogares que viven bajo este modelo urbanístico.
Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), mencionadas por Caracol Radio, el 89 % de las viviendas iniciadas en el primer semestre de 2024 correspondían a apartamentos, lo que refleja la importancia de comprender cómo funciona la normativa en espacios compartidos. En estos inmuebles, el uso de parqueaderos es una de las consultas más recurrentes entre residentes.
Los espacios comunes, definidos en el artículo 67 del capítulo II de la Ley 675, incluyen zonas verdes, áreas de circulación, salones sociales y parqueaderos. En estos lugares, el uso debe seguir las reglas fijadas por la administración o la junta de copropietarios, quienes tienen facultad para regular las actividades permitidas y asegurar que estas cumplan con los criterios de convivencia.
Sin embargo, los parqueaderos tienen un tratamiento particular. Aunque suelen asociarse a espacios comunes, esto no siempre aplica. La ley establece que es indispensable diferenciar si el parqueadero es de uso privado o de uso común, pues de ello dependen las decisiones que se pueden tomar sobre su utilización.
Los parqueaderos privados son bienes exclusivos del propietario y pueden ser arrendados, vendidos o cedidos, siempre y cuando ello no afecte el uso de otros residentes ni contravenga el reglamento interno. En estos casos, la administración no puede imponer restricciones arbitrarias sobre su utilización, ya que forman parte del derecho individual del dueño.
En contraste, los parqueaderos comunes pertenecen a todos los copropietarios y son administrados por la copropiedad. Pueden asignarse para el uso de un residente, pero esa asignación no otorga propiedad. Por ello, no pueden ser vendidos ni arrendados, pues se consideran bienes colectivos cuya gestión corresponde exclusivamente a la administración o junta.
La posibilidad de parquear varias motos en un solo espacio depende del reglamento interno. Aunque un propietario tenga un parqueadero privado o un arrendatario cuente con autorización para usarlo, las decisiones sobre su capacidad deben ajustarse a lo establecido por la Propiedad Horizontal. El reglamento define si pueden ubicarse uno o más vehículos por espacio y bajo qué condiciones.
Esto aplica incluso en casos donde el parqueadero sea adquirido con recursos propios o esté legalmente arrendado. El reglamento interno siempre tiene la última palabra respecto al número de vehículos permitidos en un solo espacio. No consultarlo puede generar llamados de atención o sanciones económicas, según las disposiciones de la copropiedad.
Caracol Radio precisa que, además de estas normas, las medidas internas suelen incluir criterios adicionales. Entre ellos, no interferir con otros parqueaderos, evitar obstrucciones en las áreas de circulación y garantizar que los vehículos estacionados no representen un riesgo para otros residentes. También se consideran aspectos como el derrame de líquidos, el ruido o la afectación de espacios comunes.
Incluso cuando la propiedad privada permite cierta flexibilidad, el uso adecuado del parqueadero debe garantizar que no se afecte la seguridad ni la convivencia. Por ello, antes de utilizar el espacio para más de una moto o para un vehículo diferente del asignado, es necesario verificar las disposiciones específicas de la copropiedad y consultar con la administración para evitar sanciones.
El incumplimiento de estas reglas puede generar consecuencias administrativas. Aunque cada conjunto define su propio régimen sancionatorio, las medidas más comunes incluyen llamados de atención, multas y restricciones temporales de uso. Esto se fundamenta en la obligación de velar por el bienestar de todos los residentes y el cumplimiento del reglamento interno.
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