Combates entre ELN y disidencias de las Farc dejan siete muertos, agravando crisis en el Catatumbo

La región del Catatumbo en Norte de Santander enfrenta una nueva ola de violencia tras los recientes enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc en el corregimiento de Filogringo, jurisdicción de El Tarra.

De acuerdo con reportes de la comunidad, los combates, que se han extendido por más de 24 horas, han dejado un saldo preliminar de siete muertos y varios heridos, mientras las autoridades intentan restablecer el orden en la zona.

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La disputa por el control territorial en el Catatumbo no es un fenómeno reciente.

Desde enero de 2025, la región ha sido escenario de constantes choques entre ambos grupos armados, motivados principalmente por el dominio de cerca de 26.000 hectáreas de cultivos ilícitos y diez minas de oro distribuidas entre los municipios de Tibú, La Gabarra, El Tarra y Ocaña, según explicó un alto oficial de la Segunda División del Ejército a Cambio.

La intensificación de la violencia ha obligado a numerosos campesinos a abandonar sus fincas, ante el temor de quedar atrapados en medio de los combates.

En esta ocasión, los enfrentamientos se habrían iniciado la noche del jueves 27 de noviembre y continuaron hasta la madrugada del viernes 28.

Las hostilidades se desarrollaron principalmente en casas abandonadas, lejos de los asentamientos civiles, aunque la comunidad reportó que ambos bandos se encontraban a una distancia de entre cinco y siete kilómetros, utilizando drones para atacar posiciones rivales.

Entre los fallecidos podría encontrarse alias Cuyo, presunto comandante del ELN en la zona, según versiones que circulan entre los habitantes.

La estructura de mando de los grupos involucrados en el conflicto es clara. Por parte del ELN, Luz Amanda Pallares, conocida como alias Silvana Guerrero, lidera un grupo armado junto a alias Ricardo, cabecilla del frente Carlos Armando Cacua Guerrero, ambos señalados de ordenar homicidios, secuestros, controlar rutas del narcotráfico y perpetrar ataques contra el frente 33.

En el bando contrario, Carlos Eduardo García, alias Andrey Avendaño, jefe del frente 33 y uno de los negociadores de las disidencias de alias Iván Mordisco, se encuentra desde hace tres meses en el Catatumbo dirigiendo los combates contra el ELN.

La violencia en Filogringo no es un hecho aislado. Hace un poco más de un mes, el 22 de octubre, la comunidad vivió otra jornada de tensión cuando un enfrentamiento similar entre estos grupos dejó aproximadamente diez muertos, entre ellos alias ‘Chepe La Burra’, un reconocido cabecilla del ELN. En esa ocasión, medios locales informaron que también hubo víctimas civiles debido a ataques con drones cargados de explosivos.

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana el 10 de noviembre, advirtiendo sobre el riesgo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en la cabecera municipal de Tibú y alertando sobre la posible expansión del conflicto a otros pueblos y corregimientos, incluido El Tarra.

El organismo señaló que la crisis humanitaria en el Catatumbo se agrava y se extiende a nuevos territorios, con la inquietante posibilidad de que reaparezcan otros actores armados en la región.

Mientras tanto, tropas de la Segunda División del Ejército comenzaron a llegar a la zona para intentar contener la escalada de violencia y verificar la situación en terreno, aunque la magnitud de los enfrentamientos y la presencia de grupos armados ilegales dificultan el acceso y la protección de la población civil.

Según fuentes consultadas por El Tiempo, los cadáveres de al menos siete insurgentes habrían sido retirados por integrantes del Eln tras recientes enfrentamientos, aunque la cifra no ha podido ser verificada de manera oficial debido a la imposibilidad de acceso externo a los cuerpos.

Así mismo, la utilización de drones en la confrontación ha dificultado las maniobras de aproximación del Ejército, ya que estos dispositivos permiten a los grupos armados identificar la ubicación de las tropas antes de cualquier avance.

Mientras tanto, los irregulares se repliegan en refugios improvisados dentro de antiguas viviendas, lo que incrementa su capacidad de ocultamiento.

En paralelo, se han reportado amenazas recientes en El Tarra atribuidas al Eln, dirigidas tanto a la comunidad como a personas que han presentado denuncias o mantienen vínculos con actividades consideradas contrarias a los intereses del grupo. Tres casos han sido catalogados como urgentes y los afectados solicitaron evacuación por temor a represalias.

De acuerdo con registros institucionales, no se ha detectado desplazamiento masivo de civiles. La ausencia de población en los puntos de combate ha evitado un impacto directo, aunque líderes comunales insisten en que las amenazas alteran la vida cotidiana en El Tarra.

En respuesta, las fuerzas militares han empleado apoyo de fuegos, utilizando explosivos lanzados desde obús para frenar temporalmente los enfrentamientos, aunque estos se reanudan cuando los grupos reorganizan sus posiciones.

Dos personas ajenas a los grupos armados fueron trasladadas a zonas seguras con respaldo institucional, en un procedimiento similar al implementado en episodios previos a comienzos de año, cuando se reportaron advertencias de características similares.