La plenaria del Senado de la República aprobó la extensión por diez años, hasta el 28 de mayo de 2037, de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), una iniciativa clave para la transformación social y económica de 170 municipios rurales afectados por el conflicto armado.
La decisión, respaldada por 56 votos a favor, permitirá que más de seis millones de personas, en su mayoría campesinos, indígenas y afrodescendientes, continúen recibiendo apoyo estatal en regiones históricamente golpeadas por la violencia.
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La medida, impulsada por las curules de paz y el senador Alberto Benavides (Pacto Histórico), busca consolidar los avances logrados desde la firma del acuerdo de paz en 2016 y fortalecer la presencia institucional en zonas vulnerables.
Durante la discusión realizada el miércoles 26 de noviembre, la iniciativa estuvo en riesgo de no superar su debate, debido a un intento fallido de los sectores de oposición para romper el cuórum.
Diógenes Quintero, representante de la curul de paz del Catatumbo, afirmó en la sesión legislativa que la prórroga ofrece “diez años más de oportunidad para transformar las condiciones de vida de campesinos, comunidades indígenas y afrocolombianas”.
Por su parte, el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, expresó su desacuerdo con la estructura de los Pdet, aunque no con la inversión.
“El problema no son las inversiones en estos territorios, ojalá hicieran el triple. El problema es que esto está pésimamente estructurado”, indicó Meisel.
El proyecto, que se venía discutiendo desde comienzos de 2025, ahora pasará a conciliación y espera la sanción presidencial para entrar en vigor.
En que consiste la ampliación de los Pdet
De acuerdo con la iniciativa impulsada por la bancada oficialista, la extensión de los Pdet responde a la necesidad de garantizar la implementación del acuerdo de paz, cuya ejecución se ha visto ralentizada en los últimos años, y permitirá que al menos tres gobiernos sucesivos participen en la consolidación de estos programas.
Los Pdet abarcan actualmente 16 subregiones y priorizan 170 municipios, donde residen más de seis millones de personas, según datos oficiales.
Estas zonas concentran altos índices de pobreza, una significativa presencia de comunidades étnicas y rurales, y presentan debilidades institucionales.
De acuerdo con La Silla Vacía, cerca del 39% de la población en estos municipios vive en condiciones de pobreza multidimensional y cuatro de cada diez viviendas carecen de acceso a acueducto.
El director de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), Raúl Delgado, destacó que los municipios representan más de un tercio del territorio nacional y poseen ecosistemas de gran valor ambiental.
La nueva ley no solo amplía la vigencia de los Pdet hasta 2037, sino que introduce modificaciones al decreto ley 893 de 2017 para superar bloqueos institucionales que han dificultado la implementación de los programas.
Además, se establece la obligación de realizar, en el plazo de un año, un estudio técnico para actualizar el mapa de municipios beneficiarios, con el objetivo de incluir zonas que no fueron contempladas en 2017 y que han sufrido violencia reciente.
La normativa también ordena que los recursos destinados a los Pdet sean garantizados y no sustituyan la inversión social ordinaria, y refuerza el enfoque campesino como criterio básico para la priorización de proyectos.
Raúl Delgado, director de la ART, señaló en Blu Radio que, aunque se han logrado progresos como la reducción de la pobreza en más de ocho puntos porcentuales, aún queda camino por recorrer para lograr una transformación integral de los territorios.
Los próximos años serán decisivos para cerrar brechas sociales y económicas, mejorar la infraestructura local y fortalecer la gestión territorial, según la misma fuente.
Acuerdo de Paz
Los Pdet fueron creados tras la firma del acuerdo de paz con las extintas Farc en 2016 como uno de los instrumentos centrales de la Reforma Rural Integral, con el objetivo de impulsar el desarrollo en zonas rurales afectadas por el conflicto armado.
Originalmente, su vigencia estaba prevista hasta 2027, pero la nueva ley extiende su alcance una década más y refuerza su papel en la construcción de paz desde las regiones.
La decisión del Senado de prolongar los Pdet y dotarlos de nuevas herramientas representa un respaldo a las regiones que han depositado su confianza en la paz y en la transformación de sus condiciones de vida.
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