
La Procuraduría General adoptó la decisión de suspender temporalmente al general Juan Miguel Huertas y a Wílmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en el marco de una investigación sobre la posible infiltración de la disidencia de ‘Calarcá’ en las filas del Ejército y los organismos de inteligencia.
La medida, que se conoció en horas de la mañana del 27 de noviembre de 2025, responde a la presunta implicación de ambos funcionarios en hechos que habrían facilitado el acceso de miembros de ese grupo disidente a estructuras sensibles del Estado.
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Esta medida, confirmada en exclusiva por el procurador general Gregorio Eljach a Noticias Caracol, responde a la necesidad de garantizar la integridad del proceso investigativo y evitar cualquier interferencia por parte de los implicados.
Eljach explicó al medio de comunicación que “hace un minuto, el procurador delegado para estos asuntos tomó una determinación que estábamos esperando. Faltaban unas pruebas, ya llegaron. Se suspende provisionalmente del cargo al señor general Mejía y al señor general Huertas y al funcionario Mejía, con efecto inmediato, y se produjo ya el efecto para continuar la investigación. No quiere decir que se esté declarando su responsabilidad, pero es un paso adelante”.

Esta decisión, según el jefe del Ministerio Público, no implica una declaración de culpabilidad, sino que constituye un avance en el esclarecimiento de los hechos.
Al ser consultado sobre el propósito de la suspensión, el funcionario aclaró los objetivos de tal determinación: “La suspensión tiene por objeto evitar que la persona involucrada interfiera en el desarrollo del proceso o que, estando en el cargo, vuelva a incurrir en la misma conducta que se está investigando o use su poder para favorecerse. Para evitar eso, entonces, se ordena la suspensión provisional”.
De este modo, la Procuraduría busca blindar la investigación ante cualquier intento de manipulación o reincidencia.

La selección de los funcionarios suspendidos responde a su presunta vinculación con los hechos denunciados. El procurador fue enfático al señalar en Noticias Caracol: “Porque ellos son los que aparecen como eventuales cometedores de la conducta que se denunció ampliamente en medios y que Colombia ya conoce”.
La medida, por tanto, se dirige exclusivamente a quienes figuran en el centro de la controversia pública. El rigor en la aplicación de la ley fue otro de los puntos subrayados por Eljach, que afirmó: “La aplicación de la ley no tiene que tener contemplaciones. Las leyes son iguales para todos nosotros y la aplicamos con igual rigor, pero con rigor”.
Esta declaración refuerza el mensaje de que no habrá excepciones ni privilegios en el tratamiento de este caso.
Sobre la naturaleza de la suspensión, el procurador detalló a Noticias Caracol: “Es una suspensión provisional mientras se sigue adelantando la investigación, quedan separados de sus funciones públicas y ya el devenir del proceso irá señalando nuevos eventos hasta llegar a calificar la conducta, eventuales cargos o no, y al final, eventual sanción o no”.

Así, la medida se mantendrá vigente hasta que la investigación determine la existencia o no de responsabilidad disciplinaria.
Toda la información fue comunicada desde la ciudad de Popayán, hasta donde viajo el Procurador, para asistir a un homenaje que le van a realizar en su tierra natal, mientras algunas funciones fueron delegadas. Allí, aprovecho para referirse a la situación del departamento del Cauca, expresando de algunas de las problemáticas más visibles son la violencia armada vinculada al narcotráfico, la minería ilegal y el reclutamiento de menores, incluso cuando se mantienen diálogos con otros sectores para buscar acuerdos de paz, como ocurre actualmente en el extranjero con los grupos del Golfo.
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