El sistema de salud colombiano enfrenta una crisis sin precedentes, con la Nueva EPS en el centro de una emergencia que amenaza la atención de más de 11 millones de afiliados y pone en jaque la sostenibilidad de hospitales públicos y privados en todo el país.
La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), que agrupa a las 32 principales urbes, elevó la voz de alarma y exige al Gobierno nacional la adopción de medidas inmediatas para evitar el colapso total de la red asistencial.
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El deterioro financiero de la Nueva EPS ha alcanzado niveles críticos, con una deuda que, según cifras de la Contraloría citadas por Asocapitales, se disparó de $5,4 billones en 2022 a $21 billones en marzo de 2025.
Esta situación ha provocado la suspensión de servicios en instituciones como la clínica Occidente de Cali, dejando a miles de usuarios sin acceso a tratamientos continuos. Además, existen 22 millones de facturas sin auditar que suman $22,1 billones, lo que agrava la incertidumbre sobre la viabilidad del sistema.
El director de Asocapitales, Andrés Santamaría, explicó, en declaraciones citadas por El Colombiano, que la crisis ha derivado en la interrupción de terapias esenciales, demoras críticas y un riesgo creciente para la población más vulnerable.
Cali, una de las ciudades más afectadas, enfrenta una presión insostenible sobre su red pública, mientras que Bogotá, gracias a su mayor infraestructura hospitalaria, ha logrado amortiguar parcialmente el impacto. Sin embargo, el problema se extiende a nivel nacional y compromete la estabilidad de la red en varias regiones.
El manifiesto firmado por 30 secretarios de Salud advierte que el derecho a la vida está siendo vulnerado por la falta de medicamentos y la interrupción de tratamientos críticos. “Un paciente con cáncer sin acceso a tratamiento está condenado”, afirmó Santamaría, que comparó la gravedad de la situación con un “homicidio culposo”.
Aunque las urgencias atienden casos vitales, la ausencia de seguimiento clínico equivale, según sus palabras, a “dejar morir a las personas en vida”, una responsabilidad que recae directamente sobre el Estado.
La magnitud del colapso llevó a Asocapitales a considerar acciones legales de gran alcance. La organización anunció su adhesión a la acción popular admitida por el Tribunal Administrativo, inicialmente presentada por la Alcaldía de Medellín, con el objetivo de exigir al Gobierno del presidente Gustavo Petro la implementación de un plan de choque que garantice pagos a las IPS y restablezca la continuidad de los tratamientos.
Además, se evalúa solicitar la declaratoria de Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) ante la Corte Constitucional, una figura que obliga al Ejecutivo a tomar medidas urgentes cuando se comprueba una violación masiva y sistemática de derechos fundamentales.
En el manifiesto se sostiene que la crisis representa un riesgo directo para la continuidad de los servicios, la sostenibilidad financiera de los prestadores y la vida de millones de ciudadanos. Las capitales, que concentran más del 70 % de los servicios especializados del país, describen un deterioro acelerado del sistema y demandan acciones inmediatas y verificables por parte del Gobierno nacional.
El documento detalla que la Nueva EPS, con más de 11,7 millones de afiliados, acumula deudas superiores a $21 billones, una cifra sin precedentes en el sistema de salud colombiano.
Esta situación ha generado la ruptura de la red de prestadores, retrasos masivos en la entrega de medicamentos y en la asignación de citas, así como una incapacidad evidente para garantizar la atención oportuna. Los secretarios de Salud advierten que este escenario no es un episodio aislado ni una fluctuación temporal, sino un riesgo estructural que compromete la prestación de servicios en todos los niveles de complejidad y afecta la continuidad de tratamientos críticos, incluidos cáncer, diálisis, enfermedades crónicas y salud mental.
El impacto de la crisis se refleja en miles de quejas ciudadanas, incidentes de desacato y el aumento sostenido de tutelas, especialmente en las capitales en las que la demanda de servicios es más alta.
Bogotá reportó 1.943 quejas entre enero y septiembre de 2025 y una deuda institucional que pasó de $35.000 millones a más de $90.000 millones. En Valledupar, la entrega de medicamentos está colapsada, mientras que en La Guajira, sur de Bolívar, Magdalena y municipios del Cesar se reporta una afectación generalizada de pacientes que dependen de tratamientos continuos. Puerto Carreño enfrenta la situación más crítica, con acceso exclusivamente aéreo y múltiples fallecimientos sin recibir atención oportuna.
En Medellín, la administración local ha destinado más de $400.000 millones para sostener la atención ante la suspensión de pagos de la Nueva EPS y Savia Salud. Según los secretarios, esto constituye una “crisis nacional que se manifiesta con mayor intensidad en las ciudades capitales”.
El manifiesto sostiene que existe una afectación directa al derecho fundamental a la salud. La interrupción de tratamientos oncológicos, de diálisis y de terapias para enfermedades crónicas ha puesto en riesgo la vida de miles de pacientes.
También se advierte un incremento del riesgo de muerte debido a la falta de servicios esenciales. Los hospitales públicos están soportando la carga financiera causada por la suspensión de pagos de prestadores privados, en un contexto donde las deudas acumuladas superan su capacidad operativa. Esto ha derivado en sobrecupo en urgencias, ruptura de la cadena de medicamentos y aumento acelerado de quejas formales.
La situación descrita configura un deterioro sistémico que impacta tanto la red pública como la privada, reforzando la urgencia de medidas estructurales y decisiones centralizadas.
Los secretarios solicitan un plan de choque urgente con cronograma público de pagos a hospitales y clínicas antes de finalizar 2025. Exigen además garantizar la continuidad de tratamientos de alto costo y la implementación de flujos directos y trazables de recursos desde la Adres a los prestadores, con el fin de recuperar la confianza operativa en el sistema.
El documento también propone la unificación de criterios de inspección, vigilancia y control sobre la Nueva EPS, así como el ajuste de la UPC en cumplimiento del Auto 007 de la Corte Constitucional.
Estas acciones deben complementarse con una revisión urgente de las medidas de intervención vigentes y una evaluación externa de la situación financiera real de la EPS. Las capitales subrayan que la protección reforzada de los hospitales públicos es prioritaria, dado que hoy sostienen la mayor carga de atención en medio del colapso operativo.
En respuesta a la gravedad del panorama, las capitales acordaron adherirse a la acción popular interpuesta por Medellín ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, presentar una declaratoria de estado de cosas inconstitucionales en salud e instalar una Mesa Técnica Nacional con participación del Ministerio de Salud, Supersalud, Adres y gremios hospitalarios.
“No aceptaremos la normalización de la crisis” y “no permitiremos que la falta de decisiones nacionales siga poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos”, afirmaron los secretarios en el manifiesto, que recalca que las autoridades locales no serán “espectadores pasivos” frente a una garantía de salud que califican como quebrantada.
La coordinación interinstitucional representa una estrategia para ejercer presión política y técnica sobre el Gobierno nacional, al tiempo que busca articular respuestas inmediatas en los territorios.
La situación expuesta por Asocapitales configura un colapso que ha trascendido los límites administrativos de la Nueva EPS y ha impactado transversalmente a la red pública, a los prestadores privados y a los pacientes.
La evidencia presentada —deudas millonarias, ruptura de la red, suspensión de servicios y riesgo directo de muerte por falta de atención— obliga al país a adoptar medidas de emergencia.
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