El debate en torno a la reforma pensional en Colombia se intensificó tras la reciente intervención del ministro de Trabajo Antonio Sanguino, que afirmó que los fondos privados, representados por Asofondos, habrían solicitado a la Corte Constitucional mantener la constitucionalidad de la ley.
Esta declaración generó una respuesta inmediata del gremio, que negó haber hecho tal petición y subrayó la necesidad de respetar la decisión del alto tribunal.
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La controversia surge por la incertidumbre, luego de que la Corte Constitucional enfrentara un empate en la votación sobre la constitucionalidad de la reforma, lo que obligó a la designación de un conjuez para definir el futuro de la normativa.
El lunes 24 de noviembre, la Corte llevó a cabo la votación sobre la recusación del magistrado Héctor Carvajal, que fue apartado del proceso por su vínculo previo como asesor de Colpensiones.
Posteriormente, la votación sobre la reforma resultó empatada cuatro a cuatro, dejando en manos de un nuevo magistrado la decisión final sobre la entrada en vigencia de la ley.
En medio de este escenario, el ministro Sanguino expresó en sus redes sociales su preocupación por la demora en la implementación de la reforma, advirtiendo sobre las consecuencias para millones de colombianos.
Según Sanguino, “el empate de hoy y la necesidad de un conjuez se suman a una larga cadena de dilaciones que mantienen en vilo a veintiséis millones de trabajadores y a 3,1 millones de personas mayores que esperan su bono pensional. Muchos sectores que se proclaman defensores de la institucionalidad y de la Constitución del 91 hoy guardan silencio”.
El funcionario añadió que existen sectores que prefieren mantener el statu quo por temor a que la Ley 2381 de 2024 elimine privilegios y subsidios regresivos, y defendió la reforma como “justa, constitucional y necesaria”.
La polémica se agudizó tras las declaraciones de Sanguino en Caracol Radio, medio en el que sostuvo que el respaldo a la reforma es mayoritario y que incluso los fondos privados, a través de Asofondos, habrían solicitado a la Corte Constitucional avalar la ley.
El ministro afirmó: “Aquí ya hay millonarios recursos invertidos por Colpensiones y los fondos privados. Tanto así que Asofondos le ha pedido a la Corte Constitucional que mantenga la constitucionalidad de la ley, porque puede ocurrir una catástrofe financiera para los fondos privados, si no hay una decisión favorable en la Corte”.
No obstante, la postura oficial de Asofondos ha sido distinta. El gremio ha evitado pronunciarse sobre el fondo del proceso y ha enfocado sus mensajes en la importancia de respetar las decisiones de las altas cortes, proteger la institucionalidad y salvaguardar la estabilidad fiscal del país.
En una carta fechada el 21 de noviembre, Asofondos señaló: “Según la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, como guardiana de la Constitución y de los derechos de los colombianos puede, en circunstancias excepcionales, diferir los efectos de sus fallos cuando las consecuencias de la declaración de inexequibilidad inmediata ocasionen una situación constitucionalmente peor que el mantenimiento en el ordenamiento de la disposición acusada”.
En ese mismo documento, la propuesta concreta de Asofondos fue que “se considere modular los efectos de un eventual fallo de inexequibilidad respecto del giro de recursos de los afiliados que usaron la oportunidad de traslado prevista en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, se haga a medida que los afiliados trasladados se vayan pensionando en Colpensiones”.
Consultadas por Portafolio, fuentes de Asofondos negaron haber solicitado a la Corte Constitucional mantener la ley y precisaron que su única expectativa es que el tribunal decida con sabiduría y prontitud para dar claridad al sector. Además, subrayaron que el caso tendrá efectos económicos significativos y requiere un análisis profundo.
La afirmación del ministro Sanguino, en este contexto, no se ajustaría a la realidad de las comunicaciones oficiales de Asofondos y podría estar generando confusión en la opinión pública sobre el respaldo de los fondos privados a la reforma pensional, cuyo futuro permanece incierto hasta que la Corte Constitucional emita su fallo, previsto en un plazo mínimo de quince días.
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