
En medio de la lucha contra las disidencias de las Farc en el norte del departamento de Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón ha intensificado la presión sobre los nuevos cabecillas del Frente 36, al mando de alias Calarcá, ofreciendo una recompensa de hasta $100 millones por información que conduzca a la captura de alias Lobo y alias Pimpón.
Esta medida, anunciada tras la realización de un Consejo de Seguridad y Oportunidades Sociales, busca consolidar los avances recientes en materia de seguridad y reforzar la colaboración ciudadana con las autoridades.
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Durante la reunión, en la que participaron los alcaldes de Belmira, San José de la Montaña, Entrerríos y Santa Rosa de Osos, junto con representantes del Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía General de la Nación, el mandatario departamental subrayó los resultados obtenidos en la región:
“Hay que destacar que en estos municipios en mención hay una reducción de las muertes violentas del 5%. También es muy importante manifestar que, gracias a la operatividad de la Fuerza Pública, recientemente, se capturó a alias Richard, de las Farc, responsable del asesinato de un concejal, hace unos meses, en San Andrés de Cuerquia”, afirmó Rendón.
La captura de alias Richard, según el gobernador, generó un reacomodo inmediato en la estructura criminal del Frente 36. “Como lamentablemente no es, sino que la Fuerza Pública neutraliza a cualquiera de esos criminales para que salga uno nuevo, salió ya alias el ‘Lobo’ a reemplazar a alias Richard en su criminal laboral. Por él y por Ferney Roldán, alias Pimpón, estamos ofreciendo hasta 100 millones de pesos”, comunicó el mandatario departamental.
El mandatario también enfatizó la necesidad de que la comunidad se involucre activamente en las estrategias de seguridad ciudadana impulsadas por la Administración departamental. Hizo un llamado a participar en iniciativas como los Frentes de Seguridad, las Redes de Apoyo, los Entornos Educativos Seguros y Finca Más Segura, al señalar: “Sean los ojos y los oídos de nuestra Fuerza Pública”, instó Andrés Julián.
Fiscalía explicó qué ha pasado en un año con la información de ‘Calarcá’
La Fiscalía General de la Nación confirmó que mantiene bajo custodia la información incautada a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, y a otros miembros de las disidencias de las Farc, tras un operativo realizado el 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia).
En esa intervención, las autoridades decomisaron computadores, teléfonos, discos duros y otros dispositivos electrónicos, que fueron sometidos a cadena de custodia y legalizados ante jueces. La entidad informó que estos dispositivos han sido clave para judicializar a 28 disidentes del frente 36 de las Farc en Antioquia.
Además, tres integrantes de la caravana interceptada enfrentaron procesos judiciales: María Alejandra Ojeda Londoño y Wenser Yosony Sábana Duque, alias Oliver, aceptaron cargos por porte ilegal de armas de fuego y cumplen condena en prisión, mientras que Édgar de Jesús Ortega, alias Firu, fue acusado de homicidio y permanece privado de la libertad.

Según el comunicado emitido el 24 de noviembre de 2025, la Dijín de la Policía Nacional asumió la extracción y análisis de la información digital, generando cinco informes técnicos, el último de los cuales fue entregado el 26 de junio de 2025 a la fiscal especializada contra las Organizaciones Criminales de Medellín.
El 24 de septiembre, la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón ordenó un nuevo cruce y análisis de datos, así como el despliegue de actos investigativos para validar la evidencia ante la Judicatura. La Fiscalía indicó que aún se verifica la gran cantidad de información hallada.
Respecto a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, Erlinson Echavarría Escobar, Juan Antonio Agudelo Salazar y Diana Carolina Rey Rodríguez, la Fiscalía aclaró que “ese día no fueron capturados, porque previamente fueron suspendidas las órdenes de captura emitidas en su contra y las que pudieran emitirse en el futuro, en el marco de las disposiciones contenidas en la Ley 2272 de 2022 y las resoluciones 0005 del 16 de enero de 2024 y 0282 y 0283 del 4 de julio del mismo año”.

La fiscal general dispuso la intervención inmediata del delegado contra la Criminalidad Organizada para abrir nuevas líneas de investigación sobre la posible cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias de las Farc, amenazas a la seguridad nacional, financiación de la campaña a la Presidencia, alianzas entre actores ilegales y creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales.
La Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Medellín compulsó copias a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia para que se investigue la conducta del brigadier general del Ejército Juan Miguel Huertas Herrera, mencionado en los elementos incautados.
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